Política

Los fiscales Anticorrupción de Sevilla estallan en bloque contra la juez del 'caso ERE'

Los seis representantes de la Fiscalía contra la Corrupción envían un escrito a Alejandro Luzón con las cuestionables decisiones adoptadas por Núñez Bolaños en la instrucción de las macrocausas para que eleve una queja ante el CGPJ

La juez del caso de los ERE, María Núñez Bolaños.

La instructora del 'caso ERE', María Núñez Bolaños, saliendo de los juzgados de Sevilla.

Los seis fiscales que integran la plantilla de Anticorrupción en Sevilla han elevado una protesta unánime por escrito al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, Alejandro Luzón, contra las decisiones que viene adoptando la magistrada María Núñez Bolaños en el curso de la instrucción de las macrocausas heredadas de la juez Mercedes Alaya, entre ellas los casos ERE y avales. Ha archivado diversas piezas separadas al no apreciar indicios de delito y le han prescrito otras por falta de impulso en las investigaciones.

Según ha podido saber El Independiente, los fiscales de Sevilla han estallado contra la instructora y han remitido un extenso informe a su jefe en el que detallan de forma pormenorizada todas las presuntas irregularidades cometidas por Núñez Bolaños con el fin de que Luzón tome cartas en el asunto y eleve una queja contra la juez bien ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o bien ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

De momento, el escrito de los fiscales está siendo analizado en Madrid y la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción no ha adoptado todavía decisión alguna sobre si eleva –o no– la citada queja contra la juez.

El escrito remitido a Madrid coincide en el tiempo con la baja de María Núñez Bolaños, ausente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla desde este martes por motivos personales. Según ha confirmado el TSJA, la magistrada ha sido sustituida provisionalmente por el magistrado que viene desempeñando labores de refuerzo en dicho órgano judicial, José Ignacio Vilaplana.

Los seis fiscales envían un escrito a Luzón con las cuestionables decisiones de Núñez Bolaños, actualmente de baja, para que eleve una queja ante el CGPJ

Los fiscales Anticorrupción mantienen desde hace meses duros encontronazos con Núñez Bolaños, que relevó a Alaya el 16 de junio de 2015 cuando ésta dejó el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para ocupar plaza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. La magistrada saliente tenía la promesa de que el CGPJ le concedería una comisión de servicio para volver temporalmente al juzgado hasta completar la instrucción de dos de las macrocausas que ella había iniciado: las de los ERE y la de los cursos de formación. El compromiso no se cumplió y Mercedes Alaya no pudo retomar las investigaciones que ella había iniciado.

El enfrentamiento entre los representantes del Ministerio Público y Núñez Bolaños ha ido in crescendo, lo que se ha ido poniendo de manifiesto en los múltiples recursos que los fiscales Anticorrupción han interpuesto contra resoluciones adoptadas por la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Ésta y su marido son amigos personales de Emilio de Llera, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía cuando la magistrada asumió el destino actual.

Entre las últimas decisiones combatidas por los fiscales se encuentra el auto por el que Núñez Bolaños acordó el pasado 27 de mayo el sobreseimiento provisional del caso avales -iniciado el 28 de enero de 2014 para investigar la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación derivados de la concesión irregular de ayudas excepcionales de reestructuración y salvamento a empresas por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)- al entender que se habían desvanecido «uno por uno» los indicios de delito con el avance de la instrucción.

«Flagrante incumplimiento»

En su recurso de apelación, los fiscales piden que se reabra la causa, entre otros motivos porque la juez dio carpetazo a la instrucción sin haber practicado dos diligencias de investigación confirmadas por la Audiencia de Sevilla: el informe pericial encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la elaboración de un atestado clave por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que Alaya encargó la investigación policial cuando abrió las diligencias hace más de cinco años.

«La magistrada instructora deniega la práctica de esas diligencias tan importantes para el esclarecimiento de los hechos, ahora con el argumento de que ya ha procedido a cumplir con lo ordenado por la Audiencia al haber librado sendos oficios a dichos organismos para que remitieran el resultado de lo encomendado. Difícilmente pueden haber remitido la UCO y la IGAE el resultado de lo encomendado pues, según consta en sendos oficios de 12 y 26 de febrero de 2019 -en el caso de la UCO- y de 21 de febrero de 2019 -en el caso de la IGAE- no se había puesto a su disposición la documentación necesaria para el desarrollo de la tarea encomendada», razonan los fiscales en el recurso.

El «flagrante incumplimiento» de lo ordenado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla llevó el pasado 4 de abril a la acusación popular que ejerce el PP en el caso avales -dirigida por los letrados Luis García Navarro y Lourdes Fuster- a pedir no sólo que se practicaran «sin más dilación» las citadas diligencias sino que se dedujera testimonio contra la juez Núñez Bolaños como posible autora de delitos de desobediencia, prevaricación judicial y retardo malicioso en la administración de Justicia.

La magistrada acordó el archivo del ‘caso avales’ sin esperar a recibir un informe pericial y un atestado policial, como le obligó la Audiencia de Sevilla en tres autos

En múltiples escritos, los representantes del Ministerio Público vienen advirtiendo de que el riesgo de prescripción de delitos «es cada vez más cierto» si no se avanzaba en la investigación de los hechos por los que se inició esta macrocausa, dado que las ayudas bajo sospecha se concedieron entre 2009 y 2010.

El tiempo entre las adopción de medidas y la fecha de otorgamiento de las ayudas ha provocado ya que no se pueda perseguir penalmente a algunos beneficiarios de ayudas de los ERE, toda vez que han transcurrido más de 10 años -en el caso de las subvenciones inferiores a 450.000 euros- desde el último pago hasta la notificación de la imputación o 15 años si la ayuda excede esa cantidad. Ése fue el criterio fijado por los fiscales Anticorrupción a principios de 2016.

Núñez Bolaños ha recibido varios reveses de la Audiencia de Sevilla por su decisión de archivar diversas piezas separadas, como las relativas a las ayudas concedidas con cargo al fondo de reptiles a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén o la otorgada a la Fundación San Telmo para becar a políticos que cursaron estudios de Alta Dirección de Instituciones Sociales.

El último se produjo el pasado 11 de junio, cuando la Sección Séptima declaró la nulidad del auto por el que la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla decretó el pasado 4 de diciembre el sobreseimiento de las actuaciones seguidas contra cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía -el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez- en la pieza principal de los ERE.

«La señora magistrada no proporciona en sus resoluciones los datos o elementos de juicio que permitan a este tribunal -para ejercer fundadamente su función de control jurisdiccional- constatar el presupuesto inicial en que se basa su decisión:  que efectivamente ya se han ‘desgajado’ todas y cada una de las piezas donde se investiga la totalidad de los hechos que afecten a los investigados que se relacionan en el auto recurrido (…). Lo único que afirma la señora magistrada, refiriéndose a la división de la causa, es que ‘a lo largo de estos años se lo que se ha hecho’, no pudiendo este tribunal, por carecer de información suficiente, tener la absoluta e inequívoca convicción de que esa labor se haya completado, al menos por lo que atañe a los investigados relacionados en el auto recurrido», reprocha la Audiencia de Sevilla.

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