Ninguno de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que se sientan desde este miércoles en el banquillo de los acusados en el arranque del primer juicio del caso ERE está acusado de apropiarse de un solo euro del erario. A ninguno se le descubrió un altillo en el que guardaba centenares de miles de dinero negro ni se ha constatado que ocultaran el cobro de comisiones ilegales en cuentas corrientes abiertas en paraísos fiscales. No es lo que se dilucidará en la vista oral de la pieza principal de una de las mayores causas de corrupción que se han investigado en España por número de imputados (casi 300) y volumen de fondos públicos presuntamente defraudados (741 millones de euros), sino el sistema clientelar con el que la Junta de Andalucía repartió durante una década las ayudas a empresas en crisis y trabajadores afectados por procesos de reestructuración, lo que sin duda contribuyó a apuntalar la hegemonía socialista en la única comunidad autónoma que no conoce la alternancia política.
Casi siete años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la instrucción, la Audiencia de Sevilla empezará la próxima semana a enjuiciar la rama principal del caso ERE: la relativa a la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del procedimiento específico con el que la Administración andaluza entregó el dinero para los citados fines entre los años 2000 y 2010. Es la pieza que determinará la responsabilidad de los políticos en el presunto fraude y en la que han sido encausados algunos dirigentes históricos del socialismo español como Manuel Chaves, integrante del célebre 'clan de la tortilla' y ministro con Felipez González y José Luis Rodríguez Zapatero.
El ambicioso planteamiento procesal de la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, al imputar abiertamente malversación a parte de los encausados (como a Griñán), ha provocado que la concesión y el pago de las ayudas concedidas mediante el procedimiento cuestionado quede también dentro del perímetro de lo que se analizará en esta vista oral. Ello ya está teniendo consecuencias formidables para el resto de la instrucción, después de que la Audiencia de Sevilla haya consagrado que los procesados en la pieza política no podrán volver a ser enjuiciados al dirimirse su total responsabilidad en el primer juicio.
Sin la presencia de funcionarios públicos en el resto de ramas, es difícil que se pueda mantener la imputación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos contra los beneficiarios y solicitantes de dichas ayudas, lo que podría provocar que se termine decretando el archivo de las piezas en las que se han investigado -por ejemplo- las cuantiosas ayudas al ex chófer del director general de Trabajo Javier Guerrero para compra de cocaína o las sobrecomisiones abonadas a las empresas que intermediaban en la contratación de las pólizas de prejubilaciones que financiaba la Junta de Andalucía. Ello cargaría de razones a la juez Mercedes Alaya, que siempre defendió la inescindibilidad de la causa frente a las reiteradas peticiones del Ministerio Público para que desgajara el sumario en decenas de piezas para facilitar la instrucción y el posterior enjuiciamiento de los hechos.
El primer juicio, con 22 ex altos cargos encausados, arranca casi siete años después del inicio de la instrucción y no tendrá sentencia hasta después de verano
Eso pertenece al terreno del futuro. El presente está marcado por la cita del miércoles, en la que las partes empezarán a plantear las cuestiones previas antes del inicio en sí de las declaraciones de encausados y testigos, que comenzarán el próximo 9 de enero. Junto a los 22 procesados, por la sala de vistas pasarán durante los próximos meses alrededor de 115 testigos (la mitad a petición de los fiscales y la otra mitad a propuesta de las defensas) y 12 peritos (cuatro de la Intervención General de la Administración del Estado, seis de los acusados y dos de la Dirección General de Seguros), ejerciendo la acusación la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el colectivo de funcionarios Manos Limpias (acusaciones populares). El tribunal ha fijado cuatro sesiones a la semana, lo que permite aventurar que el juicio durará no menos de 27 semanas y que difícilmente habrá sentencia antes del próximo otoño, casi ocho años después de que comenzaron a investigarse los hechos.
Según ha podido conocer El Independiente, la defensa de José Antonio Griñán tiene previsto plantear al tribunal la nulidad de la instrucción de esta pieza, lo que ya intentó en mayo de 2016 al interponer un incidente de nulidad de actuaciones ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El letrado José María Mohedano entendía que se había producido una violación del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley consagrado en la Constitución tras confiársele la instrucción de esta pieza al magistrado de refuerzo -Álvaro Martín- en lugar de que siguiera conociendo los hechos la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. En el improbable caso de que se le diera la razón al abogado del ex presidente andaluz, las actuaciones tendrían que retrotraerse a enero de 2016, cuando Martín empezó a instruir la pieza del procedimiento específico.
Los encausados
En un intento de minimizar la dimensión del caso, Chaves redujo el fraude de los ERE en el inicio de la instrucción judicial a la actuación de "cuatro o cinco golfos". Alaya fue subiendo peldaños en la metafórica pirámide de las responsabilidades que describía en sus autos y el presidente andaluz entre 1990 y 2009 será uno de los 22 ex altos cargos que se sentarán en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación, por lo que la Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de 10 años de inhabilitación.
Entre los principales encausados se encuentra también José Antonio Griñán, al que Chaves eligió como sucesor al frente de la Junta de Andalucía en la primavera de 2009 tras reclamarlo Rodríguez Zapatero para su Gobierno. Más que como presidente, la responsabilidad de Griñán en el caso viene derivada por su condición de consejero de Economía y Hacienda (2004-2009), el departamento al que el interventor general elevó los informes en los que de forma reiterada avisó de irregularidades en la gestión de la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles. El antecesor de Susana Díaz como presidente de la Junta se enfrenta a una petición de penas del Ministerio Público de seis años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos y de 30 años de inhabilitación por prevaricación.
El reproche penal alcanza a otros niveles inferiores de antiguos gobiernos andaluces. La nómina de procesados la completan seis ex consejeros (Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo), tres ex viceconsejeros (Agustín Barberá, José Salgueiro y Jesús María Rodríguez Román), dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social (Javier Guerrero y Juan Márquez), un director general de Presupuestos (Antonio Vicente Lozano Peña), dos directores generales del ente público IDEA (Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete), tres ex secretarios generales técnicos de Empleo (Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina), un ex secretario general de Hacienda (Antonio Estepa), un ex interventor general (Manuel Gómez Martínez) y un antiguo responsable de los servicios jurídicos de la Administración autonómica (Francisco del Río). Serán menos de la mitad de los que fueron investigados en esta pieza (51) los que se sientan finalmente en el banquillo de los acusados.
La tesis acusatoria
El juicio se centra en analizar la legalidad del procedimiento específico utilizado durante una década por la Junta de Andalucía para el pago de las ayudas para prejubilaciones y a empresas en crisis. Era la Consejería de Empleo -a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social- la que otorgaba las ayudas con cargo al fondo de reptiles, pero no era el organismo del Gobierno andaluz que las terminaba pagando. Empleo derivaba el dinero al extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o a su sucesora la Agencia IDEA, que actuaba como 'caja pagadora'. Y es ahí donde radica el epicentro del caso.
A juicio de los jueces instructores (Mercedes Alaya y Álvaro Martín) y las acusaciones, la Junta diseñó un mecanismo presupuestario -las transferencias de financiación- para conceder las ayudas públicas de forma opaca -no se les daba publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)- y eludir los controles. Ese sistema generaba una 'zona de sombra' que impedía conocer el destino final de ese dinero.
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente Griñán por delitos continuados de malversación y prevaricación
"Mediante un concierto expreso o tácito, [los encausados] han dictado una pluralidad de resoluciones contrarias a Derecho del modo más grosero, por su abierta oposición a los procedimientos ordinarios de concesión de ayudas y subvenciones y a los procedimientos de presupuestación, sin que se les pueda dar una explicación mínimamente razonable, si no es la de pretender eludir dichos procedimientos por un mal entendido espíritu de agilización del funcionamiento de la Administración, la cual, vistas las deficiencias buscadas o asumidas, resulta ser una explicación inaceptable", expuso el magistrado Álvaro Martín en el auto por el que dio terminada la instrucción de esta pieza el 31 de mayo de 2016.
La tesis acusatoria se sostiene en gran medida en el informe aportado en la fase de instrucción por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), cuyas conclusiones tratarán de rebatir las defensas ante el tribunal sentenciador para lograr la absolución de sus representados. "Si yo consigo que el perito de la IGAE mire por la ventana, vea que está el sol fuera y diga delante del tribunal que está lloviendo en Sevilla, esa persona va a perder mucha credibilidad. Como el informe de la IGAE contiene tales barbaridades jurídicas que hasta el más lego va a ser capaz de desmontarlas, si lo conseguimos la Sala tendrá que darle credibilidad a quien diga que está lloviendo", señala gráficamente a este diario un abogado de las defensas.
Los argumentos de las defensas
Una parte importante de las defensas han armado su contratesis apoyándose en los informes aportados por cinco prestigiosos catedráticos de Derecho Público y Hacienda -encargados por José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo- que concluyen que el mecanismo presupuestario utilizado tiene encaje legal porque la finalidad de las transferencias de financiación estaba contemplada año tras año en las leyes de presupuestos que aprobaba el Parlamento andaluz. De acuerdo con este planteamiento, lo que falló no fue el sistema en sí sino la gestión de la partida presupuestaria por parte de los rectores que la tenían encomendada. Expresado en otras palabras, con ese procedimiento se podrían haber otorgado las subvenciones a quien realmente las merecía, sin que se hubiera colocado intrusos en los ERE y podrían haber estado perfectamente fiscalizadas por la Intervención. De imponerse esta tesis, la responsabilidad penal quedaría limitada exclusivamente al ámbito de la Consejería de Empleo.
La Junta de Andalucía tan sólo ha conseguido recuperar en vía administrativa 4,6 millones de euros del fondo de los ERE
Desde hace más de dos años, las defensas de un grupo de imputados en otras piezas del caso tratan de hacer ver que las condiciones bajo las que la Junta de Andalucía concedió las ayudas bajo sospecha son exactamente las mismas que con las que el Estado otorgó sus ayudas sociolaborales al amparo de la orden ministerial de 1995: importes superiores a los límites establecidos en la orden de 1994, sin límites de cuantía ni de años de duración, sin exigencia de publicidad y concurrencia y con la participación de las mismas empresas mediadoras. "Esto ha sido corroborado recientemente por el informe emitido por el director general de Trabajo del Ministerio y por la declaración de Soledad Córdova [ex directora general de Trabajo en la etapa de José María Aznar como presidente], que han acreditado sin ningún tipo de dudas que las ayudas de los ERE se otorgaban al amparo de la orden de 1995 y que la Junta de Andalucía es competente para otorgarlas", insiste el abogado Carlos Leal, investigado en la causa. Otros letrados coinciden con los peritos de la IGAE en que esa orden no era de aplicación en Andalucía al ser estatal, pero consideran que esta tesis sí es utilizable "como herramienta defensiva" por las similitudes de las condiciones.
En la etapa de Manuel Chaves como presidente, la Junta llegó a elaborar el borrador de una norma -bajo forma de decreto- para regular la concesión de ayudas a prejubilaciones. La instrucción judicial ha permitido conocer que se debatió en tres reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros -los conocidos consejillos, sesiones semanales en las que se analizan los asuntos que posteriormente se elevaban a Consejo de Gobierno para su aprobación- pero que quedó guardado en un cajón a principios de 2001. En opinión de la juez Alaya, ello es un claro indicio de que «las más altas jerarquías de la Administración autonómica» conocía el uso ilícito de las transferencias de financiación y sus consecuencias. En su lugar, el Gobierno de Chaves optó por firmar el convenio marco (el 17 de julio de 2001) que consagró el procedimiento por el que Empleo encargaba a IFA/IDEA la materialización del pago de las ayudas que concedía y que es el núcleo de la tesis acusatoria.
La Junta, de principal perjudicada a no acusar
Los abogados de la Junta de Andalucía no podrán ejercer la acusación en el juicio al haber pedido el archivo de la pieza política cuando se dio por terminada la instrucción. Y ello porque a su juicio, cuestionando abiertamente el informe de la IGAE, ni se implantó un procedimiento específico para la concesión de ayudas con "una finalidad ilegítima" ni había quedado acreditada en las actuaciones la existencia de una "trama criminal", aunque sí reconoció la existencia de "patentes irregularidades". Al analizarse la concesión y pago de las ayudas en la vista en la que se analiza el sistema utilizado, la Administración andaluza -principal perjudicada por el fraude- corre el riesgo de que no poder acusar si se terminan archivando las piezas separadas por la no presencia en ellas de funcionarios públicos. Ello explica que la Junta esté recurriendo cada vez que la Audiencia de Sevilla excluye de otras piezas separadas a encausados por el procedimiento específico en aplicación del principio non bis in idem: nadie puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos.
¿Donde está el dinero?
En el periodo investigado, la Consejería de Empleo asumió compromisos de pago con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles por importe de 854.838.243 euros, de los que se terminó abonando 741 millones. El 80% de ese importe se destinó a costear las prejubilaciones de más de 6.000 trabajadores andaluces, correspondiendo el resto a las rentas que recibieron los intrusos (12 millones), el abono de sobrecomisiones a las mediadoras entre la Administración andaluza y las compañías de seguros para la contratación de las pólizas (66 millones) y las ayudas directas a empresas (95 millones). Ni los jueces, ni la Fiscalía, ni la Junta de Andalucía -acusación particular en el caso- han apoyado la idea planteada por algunos imputados de que los prejubilados legales fueran llamados al procedimiento en calidad de partícipes a título lucrativo como beneficiarios de los efectos de un supuesto delito, lo que habría obligado a miles de familias a devolver el dinero percibido hasta que alcanzaron la edad de jubilación y empezó la Seguridad Social a abonarles su pensión.
El pasado 22 de noviembre, la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, reconoció en el Parlamento autonómico que sólo se han recuperado hasta la fecha 4,6 millones de euros de ayudas del fondo de los ERE. Ello supone menos de un 3,5% de lo que reclama en vía administrativa.
La instrucción del caso sigue sin dar respuesta por ahora a algunas incógnitas que se mantienen sobre el destino del dinero público, como el presunto desvío de 15 millones pagados por la Junta para prejubilaciones a proyectos hoteleros en la República Dominicana controlados por "empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional», según declaró ante la juez Mercedes Alaya el ex banquero catalán Eduardo Pascual de Arxé. Éste se encuentra en Burkina Faso a la espera de ser extraditado a España para responder ante la Justicia española por varias causas en las que se encuentra imputado, entre ellas la de los ERE fraudulentos.
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