Un error de las autoridades españolas ha impedido que el ex banquero catalán Eduardo Pascual Arxé, prófugo en el caso ERE y con otras causas judiciales abiertas, haya sido extraditado por Burkina Faso seis meses después de su detención. El imputado, que se movía en su escondite africano bajo la identidad boliviana de Marcelino José Monasterios Arce, continúa en libertad.

Interpol comunicó el pasado 11 de mayo a la Policía española el arresto preventivo de Eduardo Pascual en la capital burkinesa (Ouagadougou), atendiendo las órdenes internacionales de detención dictadas por la Sección 2 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción 5 y 6 de la Audiencia Nacional. El imputado estaba en libertad provisional -había estado en prisión preventiva durante casi 15 meses en 2014 por orden de la instructora del caso ERE– y permanecía huido de la Justicia desde el verano de 2015.

En un correo electrónico fechado el pasado 6 de octubre, al que ha tenido acceso El Independiente, el agregado de Interior en Mali y Burkina Faso confirma que la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Ouagadougou desestimó el pasado 21 de junio la petición de extradición de Eduardo Pascual “al no haber remitido España la solicitud de extradición con la documentación original por vía diplomática”, como exige la Ley de Extradición de Extranjeros de Burkina Faso. Así se lo comunicó el fiscal general de dicho tribunal al cónsul honorario de España en Burkina Faso.

Burkina Faso, donde se escondía Eduardo Pascual, rechazó la entrega porque no se envió la documentación original por vía diplomática

Este fallo motivó que el antiguo presidente de Eurobank del Mediterráneo fuera puesto en libertad al día siguiente de su detención, si bien con la obligación de presentarse cada tres días en el citado tribunal a fin de dejar constancia de que continúa en el país y no ha vuelto a fugarse.

Mediante notas verbales aportadas los días 6 y 10 de julio por la Embajada de España en Mali, con jurisdicción diplomática sobre Burkina Faso, España ha presentado ya la documentación original y ha dirigido a la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Ouagadougou una nueva orden de detención, al objeto de que la solicitud de extradición sea atendida.

La extradición en Burkina Faso está regulada mediante una ley promulgada el 10 de marzo de 1927, más de 33 años antes de lograr la independencia de Francia. Dicha norma establece como causa para que pueda atenderse la petición de entrega de un ciudadano que resida en dicho país es que los hechos imputados tengan correspondencia en el código penal burkinés.

España ha vuelto a pedir a las autoridades judiciales de Ouagadougou la detención del ex presidente de Eurobank, con causas abiertas en varios juzgados

“Dada la lentitud de los procedimientos en estos países, así como la demora en las gestiones a nivel de cualquier institución, es difícil predecir el plazo de resolución del procedimiento de extradición, aun a pesar de las numerosas gestiones que se llevan a cabo desde esta Embajada y de que la documentación original se halle ya en poder de la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación”, detalla el agregado de Interior en el citado email.

A 4.500 kilómetros de Barcelona, el empresario catalán estaba instalado al menos desde abril de 2016 en Burkina Faso, donde trabajaba bajo identidad falsa en la producción de cannabis medicinal. A esa país habría llegado tras pasar primero por la cercana Guinea Conakry, según las fuentes consultadas por este diario.

A la capital burkinesa habría llegado nueve meses después de que dejara de dar señales de vida y se declarara en rebeldía. El 31 de marzo de 2015, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó devolverle el pasaporte -como el investigado había pedido ante las ofertas de trabajo que decía tener en el extranjero y la necesidad de obtener ingresos- y le impuso la obligación de comparecer una vez a la semana en el cuartel de la Guardia Civil, la comisaría de Policía o el juzgado más próximo a su casa para conjurar el riesgo de fuga ante la inminencia entonces del inicio del juicio por la quiebra de Eurobank y la elevada petición de pena a la que se enfrentaba en esta causa (casi ocho años de prisión por asociación ilícita, insolvencia punible y estafa en grado de tentativa en relación concursal medial con otro de falsedad documental, según el escrito de conclusiones provisionales que presentó la Fiscalía).

Pascual no pudo ser enjuiciado por el ‘caso Eurobank’ al encontrarse fugado de la Justicia cuando los procesados se sentaron en el banquillo

Eduardo Pascual fue llamado como imputado a la causa de los ERE por ser el “jefe” de una de las dos empresas  que se repartían el negocio millonario de la intermediación en las pólizas de prejubilaciones que durante una década sufragó la Junta de Andalucía (Vitalia). En concreto, esta compañía recibió sobrecomisiones por un montante de al menos 36,2 millones de euros -según ha puesto de manifiesto la instrucción- y Pascual es uno de los 19 investigados en esta pieza separada del caso, en la que aún no se ha dictado auto de apertura de juicio oral.

De Andalucía a República Dominicana

Cuando el 26 de septiembre de 2014 declaró en calidad de imputado ante el juzgado de los ERE, Pascual aseguró que 18 de los 98,5 millones que la Administración andaluza pagó en comisiones a la mutua Fortia Vida -vinculada al holding Vitalia- terminaron invirtiéndose “en dos hoteles en República Dominicana” controlados por “empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional”. La necesidad de completar la documentación que acreditaría este desvío de fondos públicos fue otro de los motivos que él esgrimía para justificar que le devolvieran el pasaporte.

La causa que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla no es la única que trata de esclarecer hoy la Justicia. Eduardo Pascual no ha podido ser enjuiciado en el caso Eurobank, ya sentenciado. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a la pena de dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de administración desleal como ex directiva de esta antigua entidad financiera a María Vaqué, a la que la instrucción del caso ERE sitúa en el mismo plano que a Pascual en la cúpula de Vitalia. También fue detenida en marzo de 2013, permaneció casi un año en prisión preventiva y es otra de las investigadas en la pieza de las sobrecomisiones.

El ex banquero catalán es también uno de los principales imputados por la descapitalización presuntamente fraudulenta de Fortia Vida, antigua mutua catalana con la que se suscribieron pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía. Ésta es una de las causas que dirige el mismo juez de las macrocausas Púnica y Lezo, lo que explica que la instrucción avance a un ritmo lento.