A la espalda de la Embajada de Dinamarca, cerca del Ministerio de Medio Ambiente y Calidad de Vida y no demasiado lejos de la Asamblea Nacional. Una casa alquilada ubicada en el distrito en el que tienen sus sedes las organizaciones internacionales en Uagadugú (capital de Burkina Faso) ha sido durante meses el escondite de Eduardo Pascual Arxé, ex banquero catalán y principal comisionista de los ERE fraudulentos de Andalucía que ha permanecido durante casi 20 meses en búsqueda y captura internacional. La fuga terminó el pasado 11 de mayo en este rincón de África y la Justicia española le espera ahora para ajustar cuentas en al menos tres procedimientos penales.

Eduardo Pascual Arxé ya no era Eduardo Pascual Arxé, al menos en su nuevo pasaporte. El presidente de Eurobank del Mediterráneo cuando esta entidad financiera fue intervenida por el Banco de España en 2003 y administrador en la sombra del holding Vitalia, que pasó 15 meses en prisión preventiva por su implicación en el caso ERE -Vitalia era una de las compañías que se lucró con el negocio millonario de las prejubilaciones pagadas por la Junta de Andalucía-, se movía con discreción en este país como Marcelino José Monasterios Arce, identidad boliviana que logró tras contraer matrimonio en 2005 con una ciudadana de ese país sudamericano. En realidad era su segundo nombre inventado; antes se hacía llamar Eduardo Monasterio Arce, como ha dado a conocer la Policía tras el arresto.

Eduardo Pascual vivía en una casa situada justo detrás de la embajada de Dinamarca por la que pagaba 457 euros al mes

“Su vida en Burkina Faso era realmente humilde. No tenía seguridad privada, siempre se movía en moto y en su tiempo libre decía que le gustaba escuchar jazz en un pequeño club no demasiado alejado de su casa”, cuenta a El Independiente una fuente que conoce al detalle las andanzas de Pascual en el país africano y que pide anonimato por razones de seguridad. El comisionista de los ERE vivía en una casa por la que pagaba una renta mensual de 300.000 francos CFA de África Occidental (equivalentes a unos 457 euros) y contaba con tarjeta de identificación de este país, después de haber contraído matrimonio con una nacional. Ello podría dificultar ahora la extradición para ser juzgado en España.

Cheque emitido por Pascual, en el que se detalla la identidad falsa que usaba: Marcelino José Monasterios Arce.

Cheque emitido por Pascual, en el que se detalla la identidad falsa que usaba: Marcelino José Monasterios Arce.

Hijo del titular de una cuartelada en Mercabarna, Eduardo Pascual desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el sector financiero y de seguros y como consultor empresarial internacional, lo que le permitió tejer una importante red de contactos en el extranjero. Nada tiene que ver su actividad pasada con la desarrollada en Uagadugú. “Él estaba trabajando en la producción de cannabis medicinal. Su casa era también su lugar de trabajo y recibía muchas visitas. Cuando venía alguien importante, les decía a sus empleados que no fueran a trabajar ese día. A veces también se reunía en un pequeño restaurante, donde él podía tener acceso a Internet”, explica la fuente.

Su vida era humilde. Iba en moto y le gustaba escuchar jazz en un club cercano”, cuenta un testigo a El Independiente

Ésta asegura que Pascual contaba “muchas” historias sobre su vida pasada y que presumía de tener dinero. “Él le comentó a alguien aquí que había heredado de un amigo ruso y que podía vivir muy bien”, cuenta. Si sigue teniendo dinero lo mantiene oculto porque la Justicia no ha sido aún capaz de localizarlo. En un oficio presentado en el juzgado que investiga el caso ERE en septiembre de 2016, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil certificó que no constaba ninguna finca en el Registro de la Propiedad a su nombre y que tan sólo figuraba como propietario de tres vehículos (un Seat 132-1800, un Renault 12 SLE y un Renault 4), matriculados en la década de los 70.

Según las averiguaciones de este periódico, el comisionista de los ERE tenía planes para seguir instalado en la capital burkinesa. Había firmado un contrato de alquiler de la vivienda por tres años y pretendía desarrollar “una nueva generación de hospitales” en ese país, para lo que estaba en conversaciones con el Ministerio de Salud. Todo se truncó cuando la policía se presentó en su casa y puso fin a una fuga de casi 20 meses.

El comisionista de los ERE en octubre de 2014, junto a la inscripción de su matrimonio en el libro de familia.

El comisionista de los ERE en octubre de 2014, junto a la inscripción de su matrimonio en el libro de familia.

La única pista que había trascendido hasta su detención sobre su paradero la proporcionó un testigo que aseguró haberlo visto en marzo de 2016 en la marisquería Solera gallega de Barcelona, un restaurante ubicado en el número 176 de la calle París -en pleno Ensanche de la capital catalana- no demasiado alejado del despacho al que acudía cada mañana Pascual en el Pasaje Permanyer. Como se aprecia en la imagen que ilustra este reportaje, Pascual no ha hecho el menor esfuerzo por ocultar sus rasgos y mantiene incluso su característico bigote blanco.

A 4.500 kilómetros de Barcelona, el empresario catalán estaba instalado al menos desde abril de 2016 en Burkina Faso, aunque no habría sido el primer país de África en el que puso los pies tras huir de la Justicia española. Según las fuentes consultadas, primero pasó por la cercana Guinea Conakry, donde habría llegado a constituir una compañía para producir cannabis con fines terapéuticos.

El comisionista de los ERE contó en Burkina Faso que tenía dinero porque lo había heredado de un amigo ruso

A la capital burkinesa habría llegado nueve meses después de que dejara de dar señales de vida y se declarara en rebeldía. El 31 de marzo de 2015, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó devolverle el pasaporte -como el investigado había pedido ante las ofertas de trabajo que decía tener en el extranjero y la necesidad de obtener ingresos- y le impuso la obligación de comparecer una vez a la semana en el cuartel de la Guardia Civil, la comisaría de Policía o el juzgado más próximo a su casa para conjurar el riesgo de fuga ante la inminencia entonces del inicio del juicio por la quiebra de Eurobank y la elevada petición de pena a la que se enfrentaba en esta causa (casi ocho años de prisión por asociación ilícita, insolvencia punible y estafa en grado de tentativa en relación concursal medial con otro de falsedad documental, según el escrito de conclusiones provisionales que presentó la Fiscalía).

Eduardo Pascual cumplió a rajatabla con su obligación de firmar semanalmente hasta julio de 2015, cuando se le perdió el rastro. Ese mes fue la última vez que se comunicó con él su abogado, según detalló éste en un escrito presentado después de que los jueces de la Audiencia Nacional le requirieran para que expusiese los motivos por los que su representado había dejado de acudir al juzgado. A petición del letrado barcelonés Ricardo Gómez de Olarte, representante de un grupo de accionistas minoritarios de Eurobank, la Audiencia Nacional ordenó el 28 de septiembre de 2015  la búsqueda y captura a nivel internacional de Eduardo Pascual y decretó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Pascual, principal comisionista de los ERE, dirigiéndose a la casa en la que vivía en la capital burkinesa.

La cárcel no es un sitio desconocido para el ex banquero catalán. Por orden de Mercedes Alaya, la juez de Sevilla que inició el caso ERE en enero de 2011, Pascual ingresó en prisión el 24 de marzo de 2013, días después de que agentes de la Guardia Civil se personaran en su domicilio de la barcelonesa calle Bertrán y lo detuvieran acusado de la comisión de delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Permaneció en un centro penitenciario de Sevilla hasta el 18 de julio de 2014, tras depositar la fianza de 6.000 euros que le impuso la entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El dinero lo aportó un hermano.

Eduardo Pascual fue llamado como imputado a la causa de los ERE por ser el “jefe” de una de las dos empresas  que se repartían el negocio millonario de la intermediación en las pólizas de prejubilaciones que durante una década sufragó la Junta de Andalucía (Vitalia). En concreto, esta compañía recibió sobrecomisiones por un montante de al menos 36,2 millones de euros -según ha puesto de manifiesto la instrucción- y Pascual es uno de los 19 investigados en esta pieza separada del caso, en la que aún no se ha dictado auto de apertura de juicio oral.

Pascual, ex presidente de Eurobank, estuvo en prisión preventiva durante 15 meses por su implicación en el ‘caso ERE’

Cuando el 26 de septiembre de 2014 declaró en calidad de imputado ante el juzgado de los ERE, Pascual aseguró que 18 de los 98,5 millones que la Administración andaluza pagó en comisiones a la mutua Fortia Vida -vinculada al holding Vitalia- terminaron invirtiéndose “en dos hoteles en República Dominicana” controlados por “empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional”. La necesidad de completar la documentación que acreditaría este desvío de fondos públicos fue otro de los motivos que él esgrimía para justificar que le devolvieran el pasaporte.

La causa que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla no es la única que trata de esclarecer hoy la Justicia. Eduardo Pascual no ha podido ser enjuiciado en el caso Eurobank, ya sentenciado. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a la pena de dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de administración desleal como ex directiva de esta antigua entidad financiera a María Vaqué, a la que la instrucción del caso ERE sitúa en el mismo plano que a Pascual en la cúpula de Vitalia. También fue detenida en marzo de 2013, permaneció casi un año en prisión preventiva y es otra de las investigadas en la pieza de las sobrecomisiones.

Otras causas pendientes

El ex banquero catalán es también uno de los principales imputados por la descapitalización presuntamente fraudulenta de Fortia Vida, antigua mutua catalana con la que se suscribieron pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía. Ésta es una de las causas que dirige el mismo juez de la macrocausa Púnica (Eloy Velasco), lo que explica que la instrucción avance a un ritmo lento. Velasco dejará el próximo 1 de junio el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, lo que no facilitará que se agilice la investigación del caso.