El rastro se le perdió en junio de 2015, cuando compareció por última vez en el juzgado. Desde entonces, no se había vuelto a saber nada del ex banquero catalán Eduardo Pascual Arxé, el principal comisionista de las ayudas del fondo de reptiles y en busca y captura internacional desde hace más de un año. Hasta cierto día de marzo de este año, cuando un testigo asegura haberlo visto almorzando en un restaurante de Barcelona y puso sobre la pista a la Policía Nacional.

Pascual es un personaje clave en varias causas que trata de esclarecer hoy la Justicia y es buscado por cuatro tribunales españoles y uno de Bélgica, en este caso por la estafa del fondo de inversión Orelius Golden. Era el presidente de Eurobank del Mediterráneo cuando esta entidad financiera catalana fue intervenido en 2003 por el Banco de España, por lo que fue imputado y posteriormente procesado; es también uno de los principales investigados por la descapitalización fraudulenta de la antigua mutua catalana Fortia Vida y era el «jefe» de una de las dos empresas  que se repartían el negocio millonario de la intermediación en las pólizas de prejubilaciones que durante una década sufragó la Junta de Andalucía (Vitalia). En concreto, esta compañía recibió sobrecomisiones por un montante de al menos 36,2 millones de euros, según ha puesto de manifiesto la instrucción del caso ERE.

Un abogado catalán que acusa a Pascual puso sobre la pista al Grupo de Fugitivos de la Policía

De acuerdo con la revelación de este testigo, Pascual Arxé habría estado comiendo en la marisquería Solera gallega, un restaurante ubicado en el número 176 de la barcelonesa calle París -en pleno Ensanche de la capital catalana- no demasiado alejado del despacho al que acudía cada mañana el hoy prófugo en el Pasaje Permanyer. Es la única pista que ha trascendido desde que fue declarado en rebeldía al dejar de presentarse en el juzgado más próximo a su domicilio una vez a la semana, según acordó el 28 de septiembre de 2015 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción al apreciar riesgo de fuga.

«Estaba comiendo con su ex esposa y coacusada Encarnación Riera Juliá. Los vio uno de mis clientes, que los conoce perfectamente. Tan es así que yo mismo facilité este extremo a la Policía, al Grupo de Fugitivos Nacionales», asegura a este periódico Ricardo Gómez de Olarte, abogado catalán que representa a un grupo de accionistas minoritarios en el procedimiento por la quiebra de Eurobank y que desde 2009 había pedido hasta cinco veces la detención de Pascual al apreciar riesgo de fuga. Tras años de instrucción, la Audiencia Nacional enjuicia los hechos desde el pasado 13 de septiembre mientras se sospecha que el encausado podría estar moviéndose con un pasaporte de Togo.

Pascual estaba en libertad provisional tras haber pasado más de 15 meses en una cárcel de Sevilla

Cuando se declaró en paradero desconocido, el hoy fugitivo se encontraba en libertad condicional tras haber pasado más de 15 meses en un centro penitenciario de Sevilla por su presunta implicación en el caso ERE. En concreto, ingresó el 24 de marzo de 2013 y salió el 18 de julio de 2014, tras depositar la fianza de 6.000 euros que le impuso la magistrada Mercedes Alaya cuando aún era la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El dinero lo aportó un hermano.

La huida de la Justicia de Eduardo Pascual se produjo semanas después de que hubiera solicitado sin éxito a la Audiencia Nacional que le devolviera el pasaporte, una medida que consideraba indispensable para poder obtener un empleo -aseguraba tener dos ofertas de trabajo en el extranjero y ninguna opción laboral en España- y para completar la documentación que acreditaría cómo dinero destinado a pagar prejubilaciones de trabajadores andaluces se desvió a inversiones inmobiliarias en el Caribe. Cuando declaró como imputado el 26 de septiembre de 2014 ante el juzgado de los ERE, Pascual aseguró que 18 de los 98,5 millones que la Junta pagó a la mutua Fortia Vida en comisiones acabaron invirtiéndose “en dos hoteles en República Dominicana” controlados por “empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional”.

Declaración comprometedora

Su último abogado en el caso ERE, el letrado José Luis D’lom, no tiene noticias de su antiguo representado desde el verano de 2015. En septiembre comunicó al juzgado su desestimiento en la causa al no poder contactar con el cliente y no tener acceso a la documentación para poder ejercer su defensa con garantías. D’lom también presentó un escrito para que se investigara la desaparición de Eduardo Pascual, sugiriendo que tal vez la marcha no habría sido voluntaria debido a las manifestaciones que aquél vertió en el juzgado y las pruebas aportadas en relación con el desvío del dinero de la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles.

La primera estación del particular viacrucis judicial al que se enfrenta Eduardo Pascual se inició el pasado 13 de septiembre, cuando empezó en la Audiencia Nacional el juicio  por la quiebra de Eurobank del Mediterráneo. Él es el principal procesado de los 11 acusados que se sientan en el banquillo y se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 9 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, estafa en grado de tentativa en relación concursal medial con falsedad documental, insolvencia punible y delito societario continuado. Al calcular las penas, el Ministerio Público ha aplicado la atenuante del tiempo que ha durado la tramitación del procedimiento, dado que las primeras causas se abrieron en 1997.

Igualmente, en concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama que los acusados indemnicen a los socios con 11.084.741,64 euros conjunta y solidariamente entre sí.

Desviación de fondos

El representante del Ministerio Público considera que los procesados, «con reparto de cometidos y de manera organizada y continuada» durante un dilatado periodo de tiempo, llevaron a cabo una serie de operaciones y actuaciones que provocaron la despatrimonialización del banco «como fórmula de desviación de sus fondos y activos hacia ciertas personas y entidades». Para consumar el «fraudulento enriquecimiento personal y societario», los acusados participaron presuntamente en la constitución y funcionamiento de varios grupos de empresas, señalando a Eduardo Pascual como actor principal.

Todo ello, continúa el escrito de acusación de la Fiscalía, dañó «el interés económico de los socios no acusados de Eurobank hasta abocar a dicho banco (por agravar su situación crítica) a la insolvencia (aunque finalmente provisional), crisis económica o suspensión de pagos». La entidad fue intervenida por el Banco de España el 25 de julio de 2003 y hoy está en fase de liquidación.