La Audiencia de Sevilla abre la puerta de par en par a que se archiven las actuaciones contra decenas de imputados en el caso ERE, al reiterar que en el juicio de la pieza política -en la que han sido procesados los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos- no sólo se analizarán los hechos relativos al diseño y establecimiento del sistema sino también lo concerniente a la concesión y pago de las ayudas concedidas mediante el procedimiento cuestionado. Ello tendrá como consecuencia que esos altos cargos no podrán volver a ser enjuiciados al haberse ya dirimido su total responsabilidad y que, sin la presencia de funcionarios públicos en el resto de piezas separadas, difícilmente se podrá mantener la imputación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos contra los beneficiarios y solicitantes de dichas ayudas.

En un auto fechado el pasado 21 de julio, al que ha tenido acceso El Independiente, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla estima el recurso interpuesto por la defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández después de que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla lo procesara el pasado 5 de octubre por las ayudas concedidas por la Administración autonómica para el pago de prejubilaciones a trabajadores de Surcolor SA y Surcolor Óptica SA. El motivo para combatir la decisión del juez Álvaro Martín era que, el 31 de mayo, Fernández había sido ya procesado en la rama principal del caso: la que dilucida la ideación, diseño, organización, establecimiento y mantenimiento del sistema por el que se repartió el dinero a trabajadores y empresas en crisis entre los años 2000 y 2011.

«El afán globalizador del ‘procedimiento específico’ ha determinado que el mismo contenga el enjuiciamiento de todas las presuntas conductas delictivas de D. Antonio Fernández García, al que se le ha terminado acusando y se le va a enjuiciar por su íntegra participación en esa trama tanto desde el punto de vista de su estricta actuación administrativa, que pudiera dar lugar al delito continuado de prevaricación, como desde la perspectiva de su intervención generadora de menoscabo para el erario público, que pudiera dar lugar al delito continuado de malversación», expone el auto, del que ha sido ponente la magistrada Ángel Sáez Elegido.

La resolución de la Sección Séptima supone un revés para las acusaciones -especialmente para la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía- y para la propia titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños. Ésta rechazó en noviembre la pretensión de Antonio Fernández con el argumento de que la pieza del procedimiento específico «no desciende al estudio de la presencia de intrusos», lo que llevó al ex consejero de Empleo a recurrir ante la instancia superior.

De forma más nítida, la Audiencia de Sevilla consolida la doctrina ya esbozada el pasado mes de mayo cuando excluyó de la pieza relativa a la ayuda a la empresa Bética Industrial a Jacinto Cañete, ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) -el ente de la Junta que actuaba  como ‘caja pagadora’-, tras haber sido ya procesado previamente en la pieza política. Idéntica postura adoptó ante el recurso planteado por Miguel Ángel Serrano, que también había estado al frente de IDEA.

Si no hay funcionarios en una pieza difícilmente se podrá acusar por prevaricación y malversación a los beneficiarios de ayudas

El auto conocido ahora tendrá con seguridad una enorme trascendencia en la evolución de la instrucción del caso, iniciada por la juez Mercedes Alaya en 2011 y cuyo primer juicio -el de la pieza política- comenzará el próximo 13 de diciembre. «Va a tener un efecto telúrico», sostiene gráficamente Alfonso Martínez del Hoyo, el abogado de Antonio Fernández. En su opinión, la resolución «sienta un criterio interpretativo que, por su extraordinaria claridad, ahora ya sí puede considerarse como definitivo en relación a la muy compleja controversia jurídica que durante muchos meses hemos venido manteniendo».

De entrada, los 22 ex altos cargos ya procesados en la pieza política no podrán figurar como imputados en otras ramas del caso. Aunque no hayan recurrido, bastará con que ahora dirijan escrito al juzgado haciéndole ver que se encuentran en la misma situación que Antonio Fernández. También queda anulada la posibilidad de que alguno de estos 22 acusados pueda ser imputado en el futuro en otra pieza.

La incógnita que se plantea ahora es qué repercusión va a tener este pronunciamiento para los beneficiarios de las ayudas que han sido llamados al procedimiento en calidad de investigados por la presunta comisión de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos. Se trata de delitos propios que sólo pueden cometer funcionarios públicos, por lo que, si éstos no están en la pieza, difícilmente podrá mantenerse la acusación. «No he visto nunca un juicio por delitos propios sólo con la presencia de extraneus», añade Martínez del Hoyo.

«Solución a las víctimas»

En declaraciones a Efe, la juez Núñez Bolaños ha celebrado este miércoles que, tras el auto por el que la Audiencia de Sevilla le da la razón al ex consejero Fernández, «por fin hay una solución a las víctimas» de esta macrocausa que fueron acusados «por el mero hecho» de pedir una ayuda a la Junta de Andalucía. Entre los 285 imputados que acumula el caso hay empresarios, sindicalistas, abogados e incluso un obispo emérito.

La controversia jurídica que empieza a resolverse es que, si no hay causa contra los concedentes de las ayudas, tampoco puede haberla para los beneficiarios de los fondos y en consecuencia procedería el archivo de numerosas piezas. Esta situación se habría evitado si, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, Núñez Bolaños no hubiera decidido escindir la causa, en contra del criterio que había mantenido su antecesora al frente del juzgado.

En los últimos meses, la instructora viene sosteniendo en sus autos que han sido imputadas personas que, «lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas ‘víctimas’ de una macrocausa en la que, sin duda, por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle de cada caso, ayuda o persona».