Manos Limpias ha recusado al magistrado elegido como ponente de la causa en la que se enjuiciará a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su responsabilidad penal en el escándalo de los ERE fraudulentos. El colectivo de funcionarios aprecia una «clara apariencia de falta de imparcialidad» por el hecho de que Pedro Izquierdo Martín fue alto cargo durante más de seis años en gobiernos presididos por Chaves y Griñán, dos de los 26 procesados en la pieza política del caso, y considera que no puede existir «la más mínima duda» sobre la rectitud del juez.

En un escrito presentado este miércoles, al que ha tenido acceso El Independiente, Manos Limpias formaliza la recusación contra Pedro Izquierdo después de que a finales de la pasada semana resultara elegida por sorteo la Sección de la Audiencia de Sevilla que él preside -la Primera- para enjuiciar los hechos y que él fuera designado ponente y presidente del tribunal. En declaraciones a los periodistas, el magistrado salmantino dijo no apreciar causas de abstención e indicó que estudiaba la posibilidad de dirigirse a las partes para que presentaran un incidente de recusación si lo consideraban oportuno.

Sin esperar al ofrecimiento, la acusación popular que ejerce Manos Limpias en el caso ha dado ya el paso y ha solicitado formalmente al magistrado que se aparte del tribunal que enjuiciará la responsabilidad de 26 antiguos altos cargos de la Administración andaluza en el diseño, implantación y mantenimiento del procedimiento específico por el que la Junta de Andalucía repartió de manera arbitraria 855 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2000 y 2011 con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles. La duda que se plantea es si la acusación popular que ejerce el PP en el caso también recusará a este magistrado, aunque no es aventurado pensar que también lo hará al haber ya los dirigentes de este partido cuestionado la imparcialidad del juez por su pasado como alto cargo en la Administración autonómica.

Sea cual fuere el fallo, siempre arrastraría una sombra de sospecha a la ciudadanía», razona esta acusación popular

«Sea cual fuere el fallo que dictare (sin duda íntegro y objetivo), siempre arrastraría una sombra de sospecha a la ciudadanía, lo que degrada la imagen de la Administración de Justicia y nos impone promover su recusación», razona el escrito de Manos Limpias, para quien la mera posibilidad de que el magistrado sea el ponente de la causa es «una hipótesis grosera para el ciudadano medio».

Pedro Izquierdo, uno de los tres integrantes del tribunal que enjuiciará la primera pieza del caso ERE junto a María del Pilar Llorente y Encarnación Gómez, gozó de una excedencia por servicios especiales en la carrera judicial durante más de seis años tras ser nombrado secretario general de Modernización de la Justicia -dependiente de la Consejería de Justicia y Administración Pública- el 29 de abril de 2008. Entonces presidía la Junta Manuel Chaves, que en las elecciones autonómicas celebradas el 9 de marzo de aquel año había reeditado la mayoría absoluta, y la titular de ese departamento era Evangelina Naranjo.

El 20 de mayo de 2008, el magistrado salmantino pasó a ocupar la Secretaría General para la Justicia, el número tres en la estructura de la entonces Consejería de Justicia y Administración Pública y la persona que suplía al consejero y al viceconsejero en ausencia de éstos. Griñán lo mantuvo en el puesto cuando sucedió a Chaves en la primavera de 2009 y Pedro Izquierdo siguió como alto cargo de la Junta hasta el 22 de julio de 2014, cuando -siendo ya presidenta del Ejecutivo autonómico Susana Díaz y consejero de Justicia e Interior Emilio de Llera- pidió su relevo aduciendo «motivos profesionales» y volvió a su plaza en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Extracto del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en el que se publicó el nombramiento de Pedro Izquierdo como alto cargo de la Junta.

 

En su escrito de recusación, Manos Limpias llama la atención sobre el hecho de que el ponente tendrá que dictar sentencia no sólo sobre dos de los tres presidentes que tuvo en su etapa de alto cargo de la Consejería de Justicia, sino también sobre tres antiguos consejeros que también tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados y que apoyaron su nombramiento como secretario general para la Justicia. A saber: Gaspar Zarrías (vicepresidente primero), Antonio Fernández (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación, Ciencia y Empresa).

«La ciudadanía quizás no entienda demasiado del sistema penal, pero se da perfecta cuenta de que algo no funciona cuando quien fuere cargo político de largo recorrido se ve en la tesitura de juzgar a los mismos que lo eligieron y mantuvieron en su función», añade el colectivo de funcionarios públicos, que asegura que no pone en entredicho ni la «integridad» ni la «objetividad» del magistrado.

Por todo ello, el colectivo de funcionarios considera que existen «causas objetivamente justificadas» que pueden proyectar en la sociedad dudas acerca de la «apariencia de imparcialidad» del magistrado ponente y aprecia la concurrencia de dos de los motivos de abstención que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 219: tener amistad íntima con alguna de las partes y tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.

Manos Limpias dice que, como mínimo, el juez «simpatiza» con los políticos que lo eligieron y mantuvieron seis años

Igualmente, la acusación popular considera que, si Pedro Izquierdo no se abstiene y se mantiene en el tribunal que juzgue la causa, vulneraría el artículo 24.2 de la Constitución -el que consagra el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías- y los artículos 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -relativos al derecho al juez imparcial- al concurrir circunstancias que «ponen en duda la necesaria apariencia de imparcialidad que ha de tener» el juzgador. Y más, sostiene, en un caso con la relevancia de éste para la opinión pública.

Recuerda Manos Limpias que los puestos políticos de libre designación se otorgan por lo general a personas «con afinidad política o vinculación ideológica» y que así lo entiende «el imaginario colectivo». «No se conocen [por parte del PSOE] nombramientos de consejeros, viceconsejeros o secretarios generales militantes del Partido Popular, del Partido Animalista o de Falange Española», expone esta acusación popular, que considera que Pedro Izquierdo «simpatiza» como mínimo «con los políticos acusados que le eligieron y le mantuvieron durante más de seis años».

«Exigencia superlativa»

«Es notoria la enorme trascendencia política, social y mediática del presente procedimiento que va a juzgar una presunta trama de corrupción creada, alimentada y gestionada desde algunas instituciones gobernadas por un partido, concurriendo en el recusado una clara vinculación con cargos de dicho partido (cargos que lo apoyaron y refrendaron) durante seis años, muchos de los cuales ahora van a ser juzgados por su otrora compañero político (presidente, vicepresidente, consejeros y viceconsejeros)», subraya.

Para Manos Limpias, el hecho de que el objeto del pleito sea el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción política obliga a que la apariencia de imparcialidad sea una «exigencia superlativa» y a que el canon se refuerce «escrupulosamente». «La imparcialidad requiere una respuesta firme y contundente que no se ha dado, provocando las especulaciones del juzgador un triste reflujo que no hace sino multiplicar las dudas objetivamente legítimas de la ciudadanía», apostilla.