José María Mohedano, el abogado que dirige la defensa del ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y de otro ex alto cargo procesado en el caso ERE, ha propuesto como testigos ante el inicio del inminente juicio a los letrados que han ejercido la acusación particular en nombre de la Administración autonómica. Ésta pidió hace un año el sobreseimiento de la causa al considerar que ni se implantó un procedimiento específico para la concesión de ayudas con “una finalidad ilegítima” ni había quedado acreditada durante la instrucción la existencia de una “trama criminal”.

En un escrito fechado el pasado 26 de octubre, al que ha tenido acceso El Independiente, el letrado subsana el defecto que había apreciado la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla -encargada del enjuiciamiento de los hechos- y detalla el domicilio en el que deben ser citados los abogados de la Junta María Victoria Gálvez e Ignacio Carrasco para que testifiquen en el juicio que arrancará el próximo 13 de diciembre con las cuestiones previas. Esta declaración ha sido aceptada por el tribunal, si bien los letrados no tienen obligación de desvelar detalles sobre su actuación profesional y por ello todo hace indicar que se acogerán a su derecho constitucional a no declarar.

Se trata de una de las testificales que ha solicitado Antonio Vicente Lozano Peña, ex director general de Presupuestos de la Junta y procesado que comparte abogado con Griñán, junto con las de la jefa de servicio y subdirectora general de Presupuestos, María del Pilar Díaz; el subdirector general de Presupuestos, Juan del Río, y la jefa de servicio de la Dirección General de Presupuestos, María José Martín.

Los letrados de la Junta concluyeron que la instrucción de la pieza política del ‘caso ERE’ no puso de manifiesto la existencia de “ilícito penal” alguno

José Antonio Griñán, Manuel Chaves y otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 13 de diciembre, cuando arrancará el primer juicio del caso ERE. Será casi siete años después de que la magistrada Mercedes Alaya incoara las diligencias previas 174/2011, posteriormente desgajadas por su sucesora -la juez María Núñez Bolaños- en decenas de piezas separadas.

En esta primera vista oral se juzgará la legalidad del procedimiento mediante el que la Administración andaluza repartió 741 millones de euros entre los años 2000-2010. En el caso de Griñán, que fue consejero de Economía y Hacienda entre los años 2004 y 2009, la Fiscalía Anticorrupción le pide una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, los abogados que ejercen la acusación particular en nombre de la Junta reconocieron la existencia de “indicios más que suficientes de la existencia de patentes irregularidades” en el otorgamiento de las ayudas con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles, si bien rechazaron solicitar la apertura de juicio oral al entender que de la instrucción que se había llevado a cabo “no se concluye la existencia de ilícito penal”.

“Fallas jurídicas”

Los letrados de la Administración autonómica cuestionaron el dictamen realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -una  pericial en la que se han basado en gran medida Alaya y el juez de apoyo, Álvaro Martín, para argumentar la tesis delictiva- y han defendido que este trabajo “ha permitido construir y mantener un discurso en la presente causa que estimamos erróneo”, aunque esta prueba “haya caído en clamorosas fallas jurídicas que cuestionan severamente su validez”.

“La tesis sostenida por el auto y por la pericial de los funcionarios de la IGAE parte de la existencia de una trama criminal que no consideramos acreditada de acuerdo con las diligencias de prueba acordadas en las actuaciones, que implicaría, durante más de diez años, la concertación por centenares de personas intervinientes en procedimientos, procesos y decisiones distintos, y sin relación entre sí, para la asignación arbitraria de fondos públicos, de los que se han seleccionado, no sabemos según qué criterios, menos de una treintena de personas”, exponen.

El abogado que dirige la defensa de Griñán -en nombre de su representado Antonio Vicente Lozano Peña- pide ahora la declaración como testigos en el juicio de los letrados de la Junta para que ratifiquen lo que ya expusieron en el escrito presentado cuando el juzgado dio por terminada la instrucción de la pieza política del caso ERE y emplazó a las acusaciones a pedir el archivo de las actuaciones o a solicitar la apertura de la vista oral.