La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el caso ERE, ha pedido el archivo de la pieza separada en la que la Fiscalía Anticorrupción pide pena de cárcel para el ex presidente José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos de la Administración autonómica -e inhabilitación para 26 personas, entre ellos Manuel Chaves- al considerar que ni se implantó un procedimiento específico para la concesión de ayudas con «una finalidad ilegítima» ni ha quedado acreditada en las actuaciones la existencia de una «trama criminal».

Así fijan su posición los letrados de la Junta en el escrito de acusación de la pieza política, la clave de bóveda de esta macrocausa que se instruye desde enero de 2011. Y ello es así porque, cuando la juez Núñez Bolaños acordó trocear el procedimiento tras relevar a la magistrada Mercedes Alaya, supeditó la instrucción del caso a que hubiera una sentencia sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado durante una década para la concesión de ayudas a prejubilaciones y a empresas en crisis. Esta rama, por tanto, podría ser determinante para calificar otras conductas objeto de la investigación.

La actuación procesal de la Junta en el caso ERE le llevó a mantener sonoros encontronazos con la anterior instructora, que llegó a afearle en alguna ocasión que tuviera «una posición más propia de una defensa que de una acusación particular». Alaya hizo este reproche, por ejemplo, a raíz de que el gabinete jurídico de la Administración andaluza recurriera directamente en apelación un auto de julio de 2013 en el que la magistrada imputaba a una veintena de altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos la antigua consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez. En la respuesta al recurso, la Audiencia de Sevilla también censuró que la Junta hiciera «labores propias de una defensa» pese a ser una de las acusaciones del caso.

El Partido Popular dice que Díaz «devuelve el favor» a los que la eligieron como «heredera»

El Partido Popular se ha apresurado a criticar la petición de archivo de la pieza que sentará en el banquillo de los acusados a la anterior cúpula de la Junta y ha señalado directamente la responsabilidad de la presidenta andaluza. «Susana Díaz ya no puede defender su lucha contra la corrupción tras tirarle un salvavidas a Chaves y Griñán retirando la acusación particular en los ERE. Les devuelve el favor a los dos ex presidentes que fueron los que la pusieron como heredera, como la que mejor podía guardar esos secretos inconfesables que al final están en todos los periódicos porque se han judicializado», ha declarado el portavoz de los populares andaluces, Elías Bendodo.

El PP no ha presentado aún su escrito -el plazo vence este lunes- como acusación popular y se desconoce si se adherirá al escrito de la Fiscalía o va a ir más allá imputando también malversación a Manuel Chaves y otros encausados o planteando la comisión de delitos que no ha señalado el Ministerio Público. Sí lo ha hecho ya la otra acusación popular, Manos Limpias, que se ha sumado a las peticiones de los fiscales.

La duda que se suscita ahora es cómo interpretará esta decisión Ciudadanos, el grupo que permitió la investidura de Susana Díaz como presidenta del Ejecutivo regional tras no obtener el PSOE la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas. La formación que lidera Juan Marín en Andalucía llegó a plantear la renuncia a las responsabilidades políticas de Chaves y Griñán como una «línea roja» para permitir gobernar a Díaz.

Los abogados de la Junta critican la principal pericial en la que se basa la instrucción judicial

En su escrito, adelantado este sábado por Diario de Sevilla, los letrados de la Junta cuestionan el dictamen realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -una  pericial en la que se han basado en gran medida Alaya y al juez de apoyo, Álvaro Martín, para argumentar la tesis delictiva- y dicen que este trabajo «ha permitido construir y mantener un discurso en la presente causa que estimamos erróneo», aunque esta prueba «haya caído en clamorosas fallas jurídicas que cuestionan severamente su validez».

«La tesis sostenida por el auto y por la pericial de los funcionarios de la IGAE parte de la existencia de una trama criminal que no consideramos acreditada de acuerdo con las diligencias de prueba acordadas en las actuaciones, que implicaría, durante más de diez años, la concertación por centenares de personas intervinientes en procedimientos, procesos y decisiones distintos, y sin relación entre sí, para la asignación arbitraria de fondos públicos, de los que se han seleccionado, no sabemos según qué criterios, menos de una treintena de personas», exponen.

La representación jurídica de la Junta recuerda que la finalidad del ejercicio de la acusación particular «no es otra que procurar la devolución al erario de los caudales defraudados», por lo que la «falta de cuantificación de los importes defraudados y la ausencia concreta de quienes se han lucrado indebidaente nos llevaría a formular una acusación incompleta, señaladamente respecto del delito de malversación, lo que nos llevaría a solicitar una responsabilidad civil de cuantía indeterminada, frustrando así las legítimas expectativas de recuperación de los fondos públicos».

La Junta admite «patentes irregularidades» pero niega los delitos que aprecian el  juez y el fiscal

La Junta reconoce la existencia de «indicios más que suficientes de la existencia de patentes irregularidades» en el otorgamiento de las ayudas con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles, si bien rechaza solicitar la apertura de juicio oral al entender que de la instrucción que se ha llevado a cabo «no se concluye la existencia de ilícito penal».

Respecto al supuesto delito de prevaricación, los letrados de la Administración autonómica sostienen que «no existen pruebas que avalen el presunto conocimiento que los encausados [en la pieza política, es decir, los cargos políticos] pudieran tener de las irregularidades que se venían cometiendo en la concesión de las ayudas». Y añade: «Y aun en la hipótesis de que hubiesen tenido ese conocimiento, este elemento por sí solo no ampara una calificación propia del delito de prevaricación, pues debería ir acompañado del dictado de resoluciones administrativas injustas, aún en su modalidad omisiva».

Compartiendo la tesis que ha defendido la juez Núñez Bolaños al archivar la pieza separada correspondiente a la ayuda a Azucareras Reunidas de Jaén, esta representación circunscribe la malversación «a los pagos efectuados a los denominados ‘intrusos’ y no a todos los ex trabajadores beneficiados, y sólo en lo que respecta a los aspectos relativos a la concesión de cada subvención o ayuda». En este punto, considera que «las circunstancias relativas a la concesión de las ayudas, identificación de los destinatarios y cumplimiento de las condiciones legales para convertirse en beneficiarios han de ser examinadas en cada pieza y de ese modo está comenzando a proceder, a nuestro juicio acertadamente, el propio Juzgado de Instrucción número 6».