Política

La Fiscalía denuncia a la juez del 'caso ERE' ante el CGPJ por "desatención" en sus funciones

La denuncia de Anticorrupción está firmada por el fiscal jefe Alejandro Luzón, quien atiende la queja contra la juez Núñez Bolaños que han formulado en bloque todos los fiscales de su delegación en Sevilla / La magistrada se encuentra de baja

Un auto de la Audiencia de Sevilla abre la puerta a que la juez Núñez Bolaños archive numerosas piezas

La magistrada María Núñez Bolaños, llegando al edificio de los juzgados de Sevilla. EP

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a la juez del caso ERE, María Núñez Bolaños, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por «desatención» en sus funciones y «retraso injustificado» en la instrucción de tres macrocausas que se tramitan en el juzgado que dirige desde hace cuatro años.

Como ha informado El Independiente, la denuncia -presentada este miércoles ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces- está firmada por el fiscal jefe Alejandro Luzón y tiene como desencadenante el extenso informe que le remitieron semanas atrás los seis representantes de Anticorrupción en Sevilla con todas las presuntas irregularidades cometidas por Núñez Bolaños en distintos procedimientos de corrupción que afectan a la gestión de la Junta de Andalucía durante la etapa socialista. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla se encuentra de baja desde el pasado 19 de junio.

La Fiscalía atribuye a la instructora la posible comisión de una falta considerada muy grave en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -«la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales (artículo 417.9)»- y de otra grave: «El retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el juez o magistrado en el ejercicio de su función, si no constituye falta muy grave (artículo 418.11)».

Según la citada norma, las sanciones que se pueden imponer a los jueces que cometan faltas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales pueden ir desde una mera advertencia hasta la separación de la carrera en los casos que se consideren muy graves.

Anticorrupción entiende que, con su forma de proceder, Núñez Bolaños está causando un «evidente perjuicio» a los fines del proceso penal y a la Administración de Justicia al imposibilitar que se practiquen diligencias que el Ministerio Público considera esenciales para el «esclarecimiento de los hechos» y la «determinación de la responsabilidad de los partícipes” en los hechos presuntamente delictivos. Además, el fiscal jefe denuncia que es imposible cumplir con la denominada ley de plazos en las instrucciones -artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- con la actuación de la instructora. Los plazos vencen sin que se impulsen las pesquisas judiciales. Las causas se dejan morir, según Fiscalía.

Anticorrupción atribuye a la sucesora de Alaya una falta muy grave: la desatención o el retraso injustificado y reiterado en tramitación de causas

En concreto, el Ministerio Fiscal se refiere a la instrucción del caso ERE -heredado de Mercedes Alaya, a la que sustituyó en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla a mediados de junio de 2015 tras conseguir aquélla plaza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla-, el caso avales -en el que se investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación derivados de la concesión irregular de ayudas excepcionales de reestructuración y salvamento a empresas por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)- y el conocido como caso IDEA, incoado en mayo de 2016 y en el que no se ha registrado ningún avance.

En este último procedimiento se investigan las transferencias de financiación que dicho organismo recibió de diversas consejerías para el pago de subvenciones por importe de 4.315 millones de euros, cuatro veces más que la cantidad bajo sospecha en el caso de los ERE fraudulentos. Las transferencias de financiación es el mecanismo presupuestario que la juez Alaya, la Fiscalía, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la acusación popular que ejerce el PP consideran inadecuado para el pago de subvenciones.

Enfrentamiento ‘in crescendo’

El Ministerio Público ha decidido emprender acciones contra la juez después de que, como desveló este medio, los fiscales Anticorrupción de Sevilla expusieran a Alejandro Luzón en un detallado informe la falta de impulso procesal de las causas que instruye Núñez Bolaños. Esas dilanciones habrían favorecido la prescripción de algunos de los delitos objeto de investigación.

El enfrentamiento entre los representantes del Ministerio Público y Núñez Bolaños ha ido in crescendo, lo que se ha ido poniendo de manifiesto en los múltiples recursos que los fiscales Anticorrupción han interpuesto contra resoluciones adoptadas por la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Ésta y su marido son amigos personales de Emilio de Llera, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía cuando la magistrada asumió el destino actual.

El Ministerio Público pone como ejemplo de la actuación de Bolaños el ‘caso IDEA’, abierto en 2016 y en el que no se han producido avances

Entre las últimas decisiones combatidas por los fiscales se encuentra el auto por el que Núñez Bolaños acordó el pasado 27 de mayo el sobreseimiento provisional del caso avales -iniciado el 28 de enero de 2014 para investigar la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación derivados de la concesión irregular de ayudas excepcionales de reestructuración y salvamento a empresas por parte de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)- al entender que se habían desvanecido “uno por uno” los indicios de delito con el avance de la instrucción.

En su recurso de apelación, los fiscales piden que se reabra la causa, entre otros motivos porque la juez dio carpetazo a la instrucción sin haber practicado dos diligencias de investigación confirmadas por la Audiencia de Sevilla: el informe pericial encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la elaboración de un atestado clave por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que Alaya encargó la investigación policial cuando abrió las diligencias hace más de cinco años.

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