El Tribunal Supremo anuló ayer el nombramiento de Dolores Delgado -ex ministra de Justicia, ex Fiscal General del Estado- como Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El nombramiento había sido recurrido por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y por otro solicitante de esa plaza, el fiscal Luis Ibáñez.

Echar abajo ese nombramiento es un nuevo revés para el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha hecho todo lo posible para colocar a su amiga, a la que, además, le debe su puesto, en la cúpula fiscal.

La causa por la que se revoca el nombramiento ya se planteó en el Pleno del Consejo Fiscal que se celebró en junio de 2023, y es fácil de entender. Resulta que Dolores Delgado está casada con el ex juez Baltasar Garzón, impulsor de una Fundación de defensa de derechos humanos, que es una de las funciones de la fiscalía a la que aspiraba su esposa. Sin embargo, García Ortiz no tuvo en cuenta ese sólido argumento y desoyó al Consejo Fiscal. Quería hacer el nombramiento antes de que se celebraran las elecciones generales del 23-J, en las que se apuntaba al PP como partido ganador. Había que evitar riesgos.

Grave error, que ahora ha sido subsanado por la Sala de lo Contencioso del Supremo, que ha apelado a la prohibición expresa que figura en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que impide la colisión del cargo de fiscal con los intereses privados de sus cónyuges.

El nuevo revés del Supremo al Fiscal General en su empeño por ascender a Dolores Delgado no le debilita, sino todo lo contrario

En realidad, Delgado ya no era Fiscal de Sala, porque el Supremo anuló su ascenso el pasado mes de noviembre, en una sentencia de gran repercusión en la que se acusaba al Fiscal General nada menos que de "desviación de poder", al haberla promocionado a la Sala de lo Militar sin tener los requisitos necesarios para ello.

En buena lógica, si Delgado ya había dejado de ser Fiscal de Sala no podía ocupar el puesto de Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Este ha sido un argumento debatido en el seno de la Sala de lo Contencioso del Supremo en su debate de ayer. El caso es que hay un doble motivo por el que Delgado tiene que abandonar su puesto: porque ya no era Fiscal de Sala y por la incompatibilidad de su cargo con los intereses que defiende el despacho de su marido.

Hay que recordar que el ex juez Baltasar Garzón propuso la creación de esa fiscalía tanto privada como públicamente. La influencia de Garzón en el Gobierno en todo lo que tiene que ver con la Justicia es palpable desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

En cualquier otro país democrático, con separación de poderes, la situación de García Ortiz sería insostenible. Sin embargo, aquí la decisión del Supremo no va a llevar ni a una dimisión ni a una destitución. Más bien al contrario, dado que lo que se premia, más que cualquier otra cosa, es la lealtad al poder y a los amigos.

Una prueba de lo fuerte que se siente García Ortiz es que ha recusado a todos los miembros de la Sala de lo Contencioso del Supremo que tienen que decidir sobre si tiene que seguir al frente de la Fiscalía General o no. El gesto no tiene precedentes y demuestra palmariamente cuál es el concepto de la Justicia que se tiene en el Gobierno. ¡Y luego les extraña a algunos que el presidente Sánchez quiera someter a los jueces a su 'operación limpieza'!