La dimisión de Ángel Gavilán como economista jefe del Banco de España no es un hecho aislado, aunque en sí misma tenga especial relevancia. Tiene que ver con la necesidad del presidente del gobierno de controlarlo todo, de que nada se le escape de las manos. Sobre todo en el área que considera más lucida de su gestión, la economía. Para eso puso al frente de la entidad a José Luis Escrivá.

Técnicamente no hay nada que reprocharle al ex ministro. Sin embargo, su entrada directa desde el Gobierno a una entidad que se caracteriza –o debería caracterizarse– por su independencia levantó razonables suspicacias. Pero había que darle el beneficio de la duda. A la pregunta que yo mismo me hice en esta columna hace unos meses (¿será independiente el gobernador del Banco de España?) se puede contestar ahora con un rotundo NO. Y lo siento.

Lo ocurrido no tiene precedentes en una institución hasta ahora muy respetada. Como todos los años, el economista jefe del Banco de España presentó en febrero el borrador del informe anual que es algo así como la radiografía en datos de la economía española. El servicio de estudios del Banco de España es el más prestigioso del país y por eso su informe se mira con lupa. La clave de ese prestigio no está en el número de economistas que conforman su nutrido equipo sino, sobre todo, en que sus criterios son técnicos y se elaboran sin ningún filtro político.

Pues bien, en ese borrador de informe, como ya sucedió en el del año pasado, último que presentó Gavilán con Pablo Hernández de Cos como gobernador, había un capítulo dedicado íntegramente a las pensiones. Se llamaba la atención sobre su sostenibilidad; es decir, sobre el peligro que representa mantener el sistema actual, incluso después de la reforma llevada a cabo por Escrivá cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad Social.

Eliminar esa referencia es grave porque se acalla la voz de alarma que indica al Gobierno y a la sociedad en su conjunto que en el futuro las pensiones podrían estar en riesgo.

Escrivá suprimió del informe los epígrafes más críticos con el Gobierno: pensiones, subida del salario mínimo, aumento de costes sociales y el papel del consumo público en el crecimiento

Recordemos que ya hubo algún encontronazo entre Hernández de Cos y Escrivá, cuando era ministro, a cuenta de las pensiones. A Escrivá le hubiera gustado que el gobernador del Banco de España no opinara. Pues bien, ahora ha impuesto la ley del silencio al responsable del servicio de estudios.

No sólo se ha eliminado el capítulo de las pensiones del informe, sino las referencias a la subida de los costes sociales a las empresas, el impacto de la subida del salario mínimo o el desmesurado papel del consumo público en el crecimiento de la economía. En fin, todo lo que podía molestar al Gobierno se ha suprimido del informe. Sánchez debe estar satisfecho.

El Banco de España, no sólo en su informe anual, sino en el resto de su publicaciones y en las intervenciones del gobernador, ha sido siempre una voz crítica e independiente, mandara quien mandara en el Gobierno. Pero ahora lleva nueve meses en los que ha desaparecido completamente del debate público. Ni siquiera se ha pronunciado sobre la burda intervención del gobierno en la OPA del BBVA sobre el Sabadell.

Escrivá debería haberse abstenido de intervenir y de opinar sobre el criterio de los economistas del Banco de España en relación a las pensiones. Porque hay un conflicto de intereses evidente. Él es el menos indicado para decir si su reforma ha contribuido o no a reducir el riesgo en la sostenibilidad de las pensiones.

El presidente del Gobierno, con la colaboración aquí necesaria del gobernador, ha eliminado todo atisbo de crítica. Ha ayudado a la esterilización de la capacidad crítica del banco. Gavilán hizo de tripas corazón esta semana al presentar él mismo junto al gobernador el informe castrado. Era su última contribución a la casa.

El que venga ahora, probablemente será otro buen técnico. Pero lo que ya no se recuperará será la credibilidad de la institución.