En el corazón de la democracia española se está librando una batalla silenciosa que pocos quieren ver y menos aún quieren contar. Mientras Telefónica ejecuta una política sistemática de censura en Venezuela, bloqueando medios críticos al régimen de Maduro, la mayoría de los medios de comunicación españoles han elegido el silencio más ensordecedor: el de la complicidad económica.

PUBLICIDAD

No es casualidad que esta historia permanezca en las sombras mediáticas. Telefónica no es solo una empresa de telecomunicaciones; es uno de los mayores anunciantes de España, un gigante cuya cartera publicitaria puede hacer la diferencia entre la supervivencia y la quiebra de muchos medios. Esta dependencia económica ha creado una forma de autocensura tan sutil como devastadora.

Pero lo que presenciamos es algo más grave que simple autocensura: es la censura de la información sobre la censura. Según datos recientes, en Venezuela están bloqueados más de 60 sitios web, incluidos ocho medios de comunicación. La censura en internet rozó el bloqueo total de servicios antes de las elecciones en Venezuela, y sin embargo, la mayoría de medios españoles han ignorado esta realidad sistemática. Mientras Telefónica bloquea medios venezolanos como El Nacional y medios internacionales como NTN24 y CNN, los medios españoles prefieren ignorar esta realidad. Se ha institucionalizado una complicidad que perpetúa el silencio y traiciona los principios fundamentales del periodismo.

Cada medio bloqueado en Venezuela representa familias sin sustento, profesionales silenciados y la muerte de empresas informativas independientes. Cada sitio web que se cierra es un trabajador venezolano en la calle, cada bloqueo es una empresa que muere, cada censura es una familia sin sustento. Desde El Nacional de Venezuela se ha denunciado públicamente a Murtra y a Telefónica por "censurar" la señal del periódico, pero esta realidad no encuentra eco en medios que dependen económicamente de quien ejecuta esa censura. Es obsceno que mientras Telefónica reporta beneficios récord y anuncia inversiones de 500 millones de dólares en Venezuela, esté simultáneamente destruyendo el tejido informativo independiente del país.

Cada medio bloqueado en Venezuela representa familias sin sustento, profesionales silenciados y la muerte de empresas informativas independientes

Esta autocensura tiene consecuencias que trascienden las fronteras venezolanas. Para el periodismo español, significa la erosión de su credibilidad y el compromiso de su independencia editorial. Los medios se convierten en rehenes de sus anunciantes más poderosos, perdiendo su función esencial de fiscalizar el poder. Para la democracia, el impacto es aún más grave. La información es el oxígeno de la democracia, y cuando los medios se autocensuran por intereses comerciales, la ciudadanía pierde acceso a información crítica para formar su opinión.

No existe neutralidad ante la censura. Quien calla ante la violación de la libertad de expresión se convierte, por omisión, en cómplice. Los medios que han elegido ignorar esta historia no son neutrales; son parte del problema que perpetúa la impunidad de las grandes corporaciones. Marc Murtra, el nuevo presidente de Telefónica, heredó la complicidad de José María Álvarez-Pallete con la dictadura de Maduro y la ratifica conscientemente, convirtiéndose en aliado del régimen. Tanto Álvarez-Pallete como Murtra han sido y son cómplices de la dictadura de Maduro, facilitando la censura sistemática que silencia voces independientes y perpetúa la represión informativa.

Lo que sucede hoy en Venezuela con Telefónica puede ocurrir mañana en cualquier lugar. La censura corporativa no conoce fronteras, y el silencio mediático actual sienta un precedente peligroso: las empresas pueden violar derechos fundamentales sin temor a la cobertura mediática, siempre que mantengan su poder económico sobre los medios. Este precedente es especialmente preocupante en un momento en que Telefónica considera expandir su poder con la compra de Vodafone España.

Aquí es donde el gremio periodístico debe asumir su responsabilidad histórica. Los colegios profesionales, las asociaciones de periodistas y los sindicatos del sector tienen la obligación moral de alzar la voz cuando sus colegas son silenciados, independientemente de las fronteras geográficas. La solidaridad profesional no puede estar condicionada por los intereses comerciales de las empresas mediáticas. Cuando un periodista venezolano pierde su trabajo por la censura de Telefónica, todo el gremio periodístico español debería sentirse atacado.

La lucha por la libertad de expresión no es una causa individual; es una batalla colectiva que requiere la unión de todos los profesionales de la información. El gremio debe presionar a los medios para que cumplan con su función social, debe exigir transparencia en las decisiones editoriales condicionadas por intereses publicitarios y debe defender públicamente a los colegas que son víctimas de la censura corporativa.

La lucha por la libertad de expresión no es una causa individual; es una batalla colectiva que requiere la unión de todos los profesionales de la información

Es inadmisible que las organizaciones profesionales del periodismo español permanezcan en silencio mientras se viola sistemáticamente la libertad de expresión con la complicidad de una empresa española. Su silencio convierte a todo el gremio en cómplice pasivo de esta traición a los valores fundamentales del periodismo.

Los periodistas que conocen esta historia y callan por presiones empresariales deben recordar por qué eligieron esta profesión. Los directivos de medios que anteponen los beneficios publicitarios a la verdad informativa están traicionando no solo a sus audiencias, sino a la democracia misma.

Hice una denuncia a través de un video y una nota de prensa donde señalé que "no hay diferencia moral entre quien ordena silenciar y quien ejecuta el silencio", y me ha impresionado y a la vez asustado el silencio de muchos medios españoles que no la registraron. No puedo comprender esta traición hacia la libertad de expresión. Este silencio revela una crisis que va más allá de la autocensura: es la muerte de la solidaridad profesional y el triunfo del dinero sobre los principios.

Es hora de que los medios de comunicación españoles asuman su responsabilidad y revelen a sus audiencias las fuentes de su financiación publicitaria. Deben explicar por qué ciertas historias no se cubren y reconocer cuándo sus intereses comerciales entran en conflicto con su deber informativo. La transparencia debe ser bidireccional: no solo exigirla a los poderosos, sino también aplicarla internamente.

El silencio de los medios ante la censura de Telefónica en Venezuela no es solo una omisión informativa; es una traición a los principios fundamentales del periodismo. Es tiempo de que los medios españoles decidan si quieren ser parte de la solución o continuar siendo parte del problema. La libertad de prensa no puede comprarse con campañas publicitarias ni silenciarse con contratos comerciales.

Cada día de silencio es un día más de complicidad. Cada noticia no publicada es una victoria para la censura. Es hora de que los medios españoles rompan las cadenas de su dependencia económica y recuperen su verdadera función social. Pero también es hora de que el gremio periodístico español demuestre que la libertad de expresión es un valor innegociable que trasciende fronteras e intereses comerciales.

La libertad de expresión no se negocia, y la complicidad empresarial no se perdona. Es hora de hablar, antes de que sea demasiado tarde para todos. Hago con este artículo un llamamiento a la lucha por la libertad de expresión: ninguna cuenta comercial puede amordazar al periodismo, que es esencial para la democracia. El silencio ya no es una opción.

Miguel Henrique Otero es presidente editor del diario venezolano El Nacional

PUBLICIDAD