Las maletas de la política

He tenido que buscar la cita exacta de un cuento del Bestiario de Julio Cortázar en el que habla de maletas o, siendo fiel al autor, de “valijas”. Es en “Carta a una señorita en París” donde dice: “he cerrado tantas maletas en mi vida, me he pasado tantas horas haciendo equipajes que no llevaban a ninguna parte […] fue un día lleno de sombras y correas, porque cuando yo veo las correas de las valijas es como si viera sombras”. Imagino que presté más atención a ese párrafo que a los conejitos protagonistas porque empatizaba con lo que sentía, al coincidir con una mudanza en un momento de mi vida en que no sólo cambié mucho de casa, sino de país. Me enganchó la idea de que las maletas no siempre llevan a otro lado; pero ahora, al releerlo, me ha resultado aún más atractiva la relación entre “sombras y correas” a propósito de las noticias recientes sobre el ingreso irregular de unas maletas en Argentina, sobre todo porque no es el primer caso que protagonizan las maletas en este país.

Sin duda “sombras y correas” es lo que debió ver la expresidenta Cristina Fernández al enterarse de que José López, Secretario de Obras Públicas de la Nación entre 2003 y 2015 durante los gobiernos del matrimonio Kirchner, fue descubierto cuando, de forma burda, pretendió meter en el Monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima, a las tres de la mañana de un día de junio de 2016, unas maletas con 8.982.000 dólares, miles de pesos y euros, relojes de lujo y un arma. Las “monjas orantes y penitentes”, que eran sus cómplices, tardaron en abrir, por lo que la presencia y actitud de López hicieron sospechar a una persona que llamó a la policía. Se conocen todos los detalles del suceso gracias a una cámara de seguridad que grabó lo ocurrido, incluso a los agentes encontrando en el suelo el arma que los sujetos habían dejado olvidada. López nunca confesó de dónde salió la plata y se limitó a declarar que “pertenecía a la política”.

Esas no eran las primeras valijas con nombre propio durante el periodo K. En agosto de 2007 se le había decomisado una maleta con 790.550 dólares al empresario venezolano Guido Antonini Wilson. Las investigaciones hechas en los EE.UU.  –país al que se fugó– y en Argentina indican que pudo tratarse de un aporte del gobierno de Hugo Chávez a la campaña electoral de Cristina Fernández, hecho que fue corroborado por Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia de Hugo Chávez, quien además señaló que esa maleta solo fue una parte de los pagos. 

En este caso, hasta el propio expresidente Menem dio por válida la versión de que desde el gobierno venezolano se mandaron varias maletas para “la política”, como diría José López. Y si Menem afirmó que era verdad, yo me lo creo, al tratarse de una persona que sabía del tema y tenía experiencia en esas gestiones. Prueba de ello es que durante su presidencia se produjo el “Yomagate”, un caso de lavado de dinero, supuestamente proveniente del narcotráfico, en el que estaban involucrados la cuñada del presidente, Amira Yoma, y su marido, Ibrahim Al Ibrahim, quien ocupaba un cargo directivo en las aduanas argentinas, lo que sin duda facilitó la entrada del capital en efectivo para ser blanqueado. Los familiares del presidente no fueron sentenciados por el caso y durante el proceso se tuvo noticia de las presiones a que los jueces fueron sometidos para evitar que terminase presa una persona integrante del círculo familiar y de confianza del presidente. 

La contratación pública es el eslabón más débil de la ética pública y resulta más eficiente mejorar los sistemas de control y castigo y, sobre todo, reducir los incentivos para corruptos y corruptores

Yoma también era secretaria de audiencias de la Casa Rosada, un cargo parecido al que ahora ocupa Karina Milei, hermana del actual presidente argentino.  “El Jefe”, como la llama Javier Milei, aparece recientemente como una de las beneficiarias de las coimas que proceden de la compra de medicinas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tal y como muestran unas grabaciones hechas al titular de dicha agencia, Diego Spagnuol, exabogado personal del presidente. Este señor es el mismo que calificó la discapacidad de un hijo como un problema de los padres, no del Estado, y que pretendió cambiar las etiquetas de los niveles de discapacidad intelectual “leve”, “moderada”, “grave o profunda” por “idiota”, “imbécil”, “débil mental profundo, moderado o leve”. 

Al tiempo que se conocían dichas grabaciones, aparecieron otras maletas que acarrean “sombras y correas” a la gestión de Milei, pues entraron al país sin control y se desconoce su contenido. La sospecha es que hubo instrucciones desde una autoridad por determinar para que no se inspeccionase el equipaje de Laura Belén Arrieta, que llegó en un avión privado propiedad de Leonardo Scatturice, un empresario argentino del sector de la aviación, seguridad e inteligencia que hizo de nexo entre los presidentes Milei y Trump. Se sabe que Arrieta trató con Milei en la organización de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizada en Buenos Aires. 

Historias como éstas se podrían contar sobre otros países, no solo sobre Argentina. Aquí en España tenemos varias tramas que han usado la política para enriquecerse como la Gürtel, la Púnica, la liderada por el expresident Pujol en Cataluña o la que se está investigando en torno a los dos últimos secretarios de organización del PSOE. Lo que quiero significar con todos estos hechos es que casos de corrupción puede haber en los gobiernos de todos los colores, lo que no es consuelo, sino evidencia de lo fácil que puede resultar usar el poder del Estado para enriquecerse. Una de las consecuencias más negativas que esto tiene es que incide en la legitimidad del sistema político en su conjunto, otra es que muchos políticos honestos son injustamente metidos en el mismo saco.

Sin duda, hay una responsabilidad individual en quienes delinquen que no se evita con las soluciones moralistas que postulan la necesidad de seres puros para el ejercicio del poder. Por el contrario, es preferible partir de que, se mire por donde se mire, la contratación pública es el eslabón más débil de la ética pública y resulta más eficiente mejorar los sistemas de control y castigo y, sobre todo, reducir los incentivos para corruptos y corruptores.  En este sentido, se debe tener presente que, además de políticos corruptos, hay empresas que corrompen. Cabe recordar que la CNMC multó con 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por alterar durante más de 25 años la competitividad en las licitaciones de construcción de infraestructuras, empresas que siguen en activo y contratando con el Estado a pesar de que se ha demostrado su responsabilidad en la corrupción.

Los partidos son organizaciones caras y las campañas electorales aún más. La pregunta es ¿quién paga?

Otro incentivo que juega a favor de la corrupción es “el precio de la política”. Los partidos son organizaciones caras y las campañas electorales aún más. La pregunta es ¿quién paga? Se podría decir que al ser una actividad que afecta a todos, tendríamos que pagarla en común; pero la financiación pública no evita que los partidos busquen “financiación adicional”, como se vio en los casos FILESA o Bárcenas. Ahora bien, una alternativa es reducir  ese “precio”. Para ello no valen medidas populistas como las propuestas por el presidente ecuatoriano de quitar los fondos públicos a los partidos, pues abre la puerta a que más dinero privado financie la política, y éste querrá cobrar el favor con intereses.

Sin embargo, es factible una política más barata a través de medidas como la reducción del tiempo de las campañas o la unificación del calendario electoral. Volviendo al ejemplo de Argentina: es un país bicameral y federal con 23 provincias, más la capital, que vive en campaña permanente debido a que hay elecciones a diputados federales cada dos años, elecciones que no coinciden con las de presidente; a éstas se suman las de gobernador y diputados provinciales –incluso senadores, en algunos casos–, e intendentes (alcaldes) entre otros cargos. ¿Cómo se financian todas esas campañas? ¿Cuál es el verdadero precio? Insisto, adoptar medidas en la línea propuesta no evitará que tengamos delincuentes metidos en política, pero sí puede contribuir a que la maleta sea más ligera para todos.