Los terroristas

Acto 1: El presidente de los Estados Unidos anunció con orgullo que había dado la orden de asesinar a 11 personas que habían salido de un puerto venezolano y navegaban por aguas internacionales. Para que no quedase duda de su palabra o se pensara que se trataba de lo que sus colaboradores llaman “hechos alternativos”, mostró un video donde se ve claramente que se les dispara sin interrogatorio previo ni comprobación efectiva de que lo que transportaban era esa sustancia blanca que, entre otros usos, sirve para animar las fiestas de los ejecutivos de Wall Street. En resumen: una ejecución extrajudicial pura y dura, justificada en el supuesto de que eran “narcoterroristas” del Tren de Aragua, una organización criminal con origen en Venezuela. El presidente Trump categoriza a este país también como “narcoterrorista”, adjetivo que extiende a su vez al presidente Maduro y a sus generales, a los que denomina “el cártel de los Soles” porque en sus insignias, en lugar de estrellas, usan soles.

Acto 2: En un texto publicado en 2015, el propagandista del gobierno venezolano, Juan Carlos Monedero, hizo un paralelismo entre las protestas de la oposición a dicho gobierno, ocurridas en febrero de 2014, y acciones terroristas que tuvieron lugar en España. En concreto habló de la “kale borroka” –lucha callejera– protagonizada por organizaciones que en ese momento estaban en el entorno de ETA y que actualmente participan en las instituciones españolas bajo el paraguas de EH Bildu. Por lo ocurrido en aquellas protestas, durante las cuales murieron tres personas, el opositor Leopoldo López estuvo preso, acusado precisamente de terrorismo y asesinato, aunque a fecha de hoy no se haya aclarado quiénes fueron los asesinos. Maduro también acusó de terroristas a los cientos de personas que fueron detenidas en la ola de terror que su gobierno desencadenó en contra de los opositores para reprimir cualquier protesta por el fraude electoral que cometió en 2024.

Acto 3: La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador organizó la Primera Cumbre Global de Derechos Humanos a inicios de septiembre de 2025, con la participación de más de 60 delegaciones internacionales, algunas de las cuales fueron presididas por Defensores del Pueblo de países de la región. Entre otras cosas, el encuentro puso en valor el método Bukele para acabar con la “amenaza terrorista” de la delincuencia. La exdiputada de VOX, Macarena Olona, aprovechó su intervención en el foro para denunciar la hipocresía de aquellos que acusan de autoritario al gobierno salvadoreño por tener a miles de presos sin sentencia y por haber suspendido los derechos constitucionales en el país, debido a un permanente estado de excepción, pero que, sin embargo, no decían nada cuando el país vivía aterrorizado por las “maras” y era uno de los más violentos del mundo. Según ella “sin seguridad no hay libertad”. Ignoro si la Cumbre incluyó una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un paseo similar a los que ofrecen para youtubers amarillistas que acuden a esa cárcel como quien pasa revista a un bestiario. De haber ido, los participantes de la Cumbre habrían podido comprobar con sus propios ojos que en cada una de las celdas hay dos biblias para que los reclusos pueden leer cuando las luces artificiales que están encendidas las 24 horas del día no les dejen dormir.

Acto 4: El gobierno de Israel acusó al presidente del Gobierno de España de “recompensar el terrorismo” por reconocer el Estado de Palestina. Se trata de una acusación hecha por el gobierno de un país que facilitó el apoyo financiero a Hamás, una organización terrorista cuyo objetivo es crear terror entre los propios ciudadanos de Israel. El 7 de octubre de 2023 hubo un gran operativo de Hamás en el que mataron a 1.195 personas y secuestraron a otras 251. A partir de esas acciones, el gobierno de Israel inició una campaña militar de exterminio de la población de Gaza con el pretexto de que están acabando con terroristas mientras buscan rescatar a los rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás. Pero, diga lo que diga el gobierno de Israel o sus aliados de Argentina, Ecuador, EE.UU. o El Salvador, no termino de ver la amenaza terrorista en un grupo de personas que esperan para recibir comida de organizaciones humanitarias, o en los niños y ancianos que han sido bombardeados mientras recibían atención médica en hospitales, o entre toda la población civil indefensa asesinada en campos de refugiados. Lo que ocurre en Gaza dos años después de los ataques terroristas de Hamás no es solo un crimen de lesa humanidad, sino también terrorismo de y desde el Estado.

Acto 5: El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Ecuador para anunciar que dotaba del estatuto de terroristas a dos organizaciones criminales de narcotraficantes. Visto esto y lo de Venezuela, busqué la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo” que elabora ese país para ver si se había actualizado incluyendo a los Estados cómplices del “narcoterrorismo”, y me encontré con la decepcionante sorpresa de que no estaban ni Dubái o Abu Dabi, países donde los narcos lavan su dinero y los capos viven como reyes. Durante la visita oficial del Secretario de Estado se vinculó otra vez el narcotráfico con el terrorismo, tal y como hizo el presidente Noboa cuando declaró el estado de excepción y militarizó el país durante la crisis de seguridad ocurrida a inicios de 2024. La declaratoria permitió a los militares encerrar a cualquiera que tuviese pinta de “narcoterrorista”, tal y como hicieron con unos adolescentes que vivían en un barrio pobre de Guayaquil. Los chicos acabaron siendo asesinados y sus cuerpos desmembrados y quemados luego de que los militares los dejasen sin ropa en una carretera a kilómetros de sus casas. Gracias al color de su piel –eran “negros”– la patrulla militar no tuvo dificultades para identificarlos como “narcoterroristas” y apresarlos.

Epílogo: Esta diversidad de situaciones en la que se usa el termino terrorista para definir a sus actores me crea disonancia cognitiva porque, como buen hijo de la Ilustración, me parece necesaria la correspondencia entre los términos y los conceptos para definir, acotar y, por tanto, comprender a qué nos referimos en cada caso. En la línea de lo que entiende por tal la Unión Europea, el terrorismo engloba aquellos actos intencionados que pueden perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional si se cometen con la intención de: intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; desestabilizar profundamente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales básicas de un país o de una organización internacional.

No cabe duda de que el terrorismo recurre a la violencia como método para provocar pánico y conseguir objetivos concretos. Ahora bien, como se puede ver en la definición dada y retrotrayéndonos a lo que se ha venido entendiendo en la opinión pública, siempre se asoció a fines políticos, es decir, el terrorismo sería el mecanismo que algunos usan para acceder al poder y/o gobierno de una sociedad dada. Es esto último lo que más me confunde cuando se asocia el narcotráfico con el terrorismo, porque el fin último de las mafias no es utilizar la violencia para buscar el poder político ni el gobierno de la sociedad, sino para conseguir comerciar con sus sustancias ilegalizadas. Es pues evidente el cambio de sentido de la palabra terrorista: ahora sirve como una forma de agrupar personas que se pueden eliminar sin que para ello sea necesario someterlas a un procedimiento legal, pues hay quienes se empeñan en que los terroristas, por el mero hecho de serlo, pierden todo el derecho.

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com