El pasado 9 de octubre entrevistaron en Radio Nacional al Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, José Manuel Albares. Entre otras cosas, se le preguntó sobre las relaciones con América Latina, concretamente, si se habían "rebajado las tensiones". El ministro destacó, como muestra de buena sintonía, la celebración en Madrid de la próxima Cumbre Iberoamericana, los días 4 y 5 de noviembre de 2026. Señaló que se está avanzando en establecer la agenda, que él mismo participó de una reunión de cancilleres y que España tendrá un papel relevante al ocupar la secretaría pro tempore.

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Para definir el papel de España en América Latina recurrió a la consabida metáfora del puente, en alusión a su función de unir y mediar. Agregó que, en la relación con los países iberoamericanos, se trata a todos por igual "independientemente del color político del gobierno, del tamaño del país, del interés que pueda tener o no para nuestras empresas" y después retomó el argumento que posiciona a España como el país que trabaja para que los intereses de la región estén presentes en la UE, y puso de relieve el trabajo que está haciendo el gobierno a favor de los acuerdos comerciales con México, Mercosur o Chile.

Fue una declaración comedida en la que repitió una serie de tópicos respecto a la relación con la región. Una novedad hubiese sido que adelantara información sobre lo que se tratará en la Cumbre de Madrid; pero, como él mismo explicó, la agenda se está negociando entre los distintos países. Ahora bien, más allá de que se quiera incidir en que es un espacio donde prima la relación entre los países iberoamericanos, no cabe duda de que la cumbre tiene especial relevancia para la política exterior de este país y, por eso, cabe preguntarse sobre cuáles son los temas centrales para España respecto a Iberoamérica porque, probablemente, formarán parte de dicha agenda.

Una pista para determinar por dónde podría ir la propuesta del Gobierno español se halla en la Estrategia de Acción Exterior 2025-2028, elaborada durante el mandato de Pedro Sánchez. Aunque en las cumbres suele imponerse la coyuntura, resulta de ayuda conocer la visión global de un actor para entender su táctica. El documento comienza incidiendo en el papel de España como intercesor entre la región y la UE, algo que, por mucho que se quiera revestir de objetivo, no es un fin, sino un medio.

También se redunda en que los "intereses y valores" compartidos, como la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género o la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pueden ser una sólida base para una cooperación más estrecha en los ámbitos político y económico. Sin embargo, en la actualidad, esos valores con los que muchos comulgamos no viven un buen momento en la región. Por eso, en lugar de insistir en que se comparten, cabría plantearse qué hacer con los procesos de involución democrática y la ruptura del paradigma de la universalidad de los derechos humanos. La experiencia dice que incluir debates de este tipo cuando hay países que tienen "ropa tendida" es una invitación a que la cumbre fracase.

Ante esa situación, hay dos opciones: subir el listón, a riesgo de que no asistan los países a los que este debate les resulte incómodo, u obviarlo, asumiendo que es un bien mayor mantener una vía abierta y no aislarlos de la comunidad internacional, sino más bien tener margen para intentar estrategias de apertura. Si se opta por la primera, tiene sentido seguir machacando con el tema de los valores; pero, de no ser así, lo mejor es apartarlo hasta que las cosas mejoren –trabajando para ello– y, de paso, evitar devaluarlo como un discurso vacío. En cualquier caso, el Gobierno español y sus agentes deberían tratar de entender mejor qué es lo que está pasando en la región, porque esa será la forma de evitar que un punto de encuentro, supuestamente sólido, se convierta en motivo de distancia.

La Estrategia también contempla las relaciones económicas mostrando los datos de inversiones en Iberoamérica. Así, la UE sale bien parada, porque si se miran los datos comerciales, estos son magros al estar, con distancia, detrás de China y Estados Unidos. En la posición de la UE como mayor inversor, España aporta el 52%; en el grupo de países que aportan el 48% restante sobresalen Países Bajos y Luxemburgo, dos "paraísos fiscales", lo que es de suyo una declaración de intenciones sobre el tipo de inversiones que puede haber.

Ahora bien, creo que urge revisar este mantra a la luz de la desinversión que están realizando las empresas con sede fiscal en España. Sin duda, la agenda económica es fundamental en este tipo de cumbres; pero, para que tenga efectividad, es necesario que los tomadores de decisiones sean muy conscientes de los motivos por los que las empresas que lideraron la internacionalización española en América Latina se están yendo. La explicación que suele darse ante esta realidad es que la decisión responde a estrategias empresariales; pero las cosas no son tan simples: este tipo de medidas se toman cuando un negocio no es rentable, es de muy difícil gestión o el país en el que se invirtió no ofrece seguridad jurídica o macroeconómica. En vista de lo anterior, me parece poco realista seguir organizando "rondas de inversiones" sin haber hecho un análisis previo que recoja la rica experiencia de esas empresas y, así, mejorar la estrategia de relaciones económicas para todos los actores que intervienen en el proceso.

Otro punto de encuentro destacable que señala la Estrategia es la migración: tres millones de latinoamericanos viven en España y, a su vez, más de un millón y medio de españoles residen en América Latina. El documento pone este hecho de relieve, como una aportación que genera riqueza cultural y prosperidad compartida. En este caso, la pregunta es: ¿cómo potenciar ese capital humano para que no sea solo el carbón que calienta un modelo económico centrado en servicios de baja productividad

España se permite el lujo de desperdiciar las capacidades de los migrantes latinoamericanos debido a que, como dio a entender el jefe de Gabinete del presidente del Gobierno de España, la actual política migratoria es no tener política migratoria. Sin embargo, es necesaria una política migratoria clara y responsable que no vaya de preferir cristianos frente a musulmanes, como algunos sugieren alegremente, sino de promover la movilidad humana en condiciones dignas y facilitar la inserción laboral y social.

La cumbre es una magnífica ocasión para abrir un debate en el que participen países emisores y receptores; no nos olvidemos de que dentro de la región también hay flujos migratorios. Los Estados podrían, por ejemplo, facilitar con garantías el reconocimiento de estudios y títulos, la experiencia laboral, los procesos de contratación en origen o la mejora de los servicios consulares: hay mecanismos, falta voluntad.

Sería un error que el Gobierno de España quisiera imponer como tema de agenda aquello de las tres transiciones: la ecológica, la digital y la socioeconómica

Lo que sí sería un error es que el Gobierno de España quisiera imponer, como tema de agenda, aquello de las tres transiciones: la ecológica, la digital y la socioeconómica. Últimamente, éstas constituyen la parte hegemónica del discurso de las autoridades españolas que tienen algo que ver con América Latina y reflejan la primacía de los valores posmateriales sobre los materiales vinculados a la seguridad, la desigualdad o la pobreza: principales preocupaciones de los ciudadanos de la región. Aun reconociendo que las tres transiciones buscan atacar problemas estructurales, resulta extraño hablarle de las oportunidades que ofrecerá la revolución digital a una persona con problemas de pobreza crónica o inseguridad.

Las tres transiciones responden a un planteamiento pensado desde el Norte y los problemas globales, y muestran poca receptividad y empatía respecto a las propuestas y necesidades particulares de los países del Sur y sus circunstancias. A estos últimos se les pide tomar medidas sin considerar los mayores costes que implican para ellos. Por ejemplo, no se puede pedir que abandonen las energías fósiles cuando la UE acaba de comprometerse a comprar petróleo de fracking de EEUU. Además, si se da el cambio del modelo energético y los países de América Latina abandonan la explotación de los hidrocarburos, me preguntó quién pagará el fuerte déficit presupuestario que esto les genere. ¿A nombre de quién hacemos la factura?

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en El Independiente

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