Cada persona migrante es, ante todo, una historia de valentía. Valentía para dejar atrás la tierra conocida, para proteger a los hijos, para atravesar fronteras físicas y emocionales en busca de una vida posible. Migrar no es huir: es resistir. Es un acto profundamente humano que nace del deseo de vivir con dignidad.

Este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1990, el mundo no puede limitarse a recordar cifras ni a repetir compromisos formales. Está llamado a mirar de frente una realidad que interpela nuestra conciencia colectiva: millones de personas cruzan fronteras no por elección, sino por necesidad, empujadas por la guerra, la persecución, la violencia, la pobreza o la devastación climática. Y lo hacen con una esperanza intacta: encontrar un lugar donde sus derechos sean respetados y su vida tenga valor. Cómo respondamos a esa esperanza definirá el tipo de sociedad que queremos ser.

Según datos de Naciones Unidas, más de 280 millones de personas viven actualmente fuera de su país de origen, mientras que ACNUR estima que más de 110 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente en el mundo. Estas cifras, las más altas jamás registradas, reflejan una realidad estructural y persistente que no puede abordarse desde la improvisación ni desde el miedo.

Factor clave de desarrollo sostenible

La migración es inherente a la historia de la humanidad. Cuando se gestiona de forma segura, ordenada y regular, constituye un factor clave de desarrollo sostenible. Naciones Unidas, ACNUR y OIM coinciden en que las personas migrantes contribuyen decisivamente al crecimiento económico, la innovación y la cohesión social. En España, donde la población de origen extranjero representa en torno al 12 % del total, su aportación es esencial para el equilibrio demográfico y la sostenibilidad de los servicios públicos.

Garantizar educación, sanidad, vivienda, empleo y servicios sociales no es una concesión: es un derecho humano básico

La integración debe basarse en igualdad de trato, no discriminación y acceso efectivo a derechos. Garantizar educación, sanidad, vivienda, empleo y servicios sociales no es una concesión: es un derecho humano básico. La participación activa de las personas migrantes en la vida económica, social, cultural y cívica fortalece la convivencia y construye sociedades más resilientes.

Sin embargo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia persisten y son incluso alentadas desde espacios de poder. Naciones Unidas alerta sobre el aumento de discursos de odio que criminalizan la migración y deshumanizan a quienes se desplazan. Estas narrativas erosionan los valores democráticos y legitiman políticas de exclusión y castigo.

Las políticas migratorias de Trump y cía.

En este contexto, resulta imprescindible señalar el impacto de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos, durante su presidencia. Organismos internacionales y ONG han documentado detenciones arbitrarias, deportaciones masivas, devoluciones sumarias, separación de familias y negación del derecho de asilo, violando gravemente el derecho internacional y la dignidad humana.

Estados Unidos no es un caso aislado. Asistimos a una ofensiva global de liderazgos que utilizan la migración como herramienta política para sembrar miedo y dividir sociedades. Desde Trump en EEUU, Orbán en Hungría, Le Pen en Francia, Abascal en España o Kast en Chile, se repite un patrón común: discursos que deshumanizan y políticas que excluyen. Cuando el odio se normaliza desde el poder, las consecuencias son devastadoras.

La situación de la infancia migrante es especialmente preocupante. Millones de niños y niñas migran solos o acompañados, expuestos a abusos, explotación y violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los menores, independientemente de su origen o situación administrativa, tienen los mismos derechos. El principio del interés superior del niño debe guiar cualquier política pública.

En España, los niños, niñas y adolescentes no acompañados requieren respuestas coordinadas y solidarias. Son menores que han sobrevivido a rutas extremadamente peligrosas y necesitan protección, estabilidad y proyectos de vida, no estigmatización ni abandono institucional.

La migración venezolana, crisis global

A nivel internacional, la migración venezolana constituye una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. Más de ocho millones de personas venezolanas han salido de su país, según ACNUR y Naciones Unidas. La mayoría ha sido acogida por países de América Latina y el Caribe, demostrando solidaridad regional, aunque insuficientemente respaldada por la cooperación internacional.

En Nicaragua, organizaciones de derechos humanos han denunciado la detención arbitraria de personas migrantes en cárceles, pese a no haber cometido delito alguno. Esta práctica constituye una grave violación de los derechos humanos y requiere revisión urgente por parte de organismos internacionales.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en Marrakech en 2018, fue un avance, pero el mundo ha cambiado: la crisis climática, nuevas pandemias, conflictos y el auge del autoritarismo exigen un nuevo pacto más actualizado y ambicioso.

De cara a 2026, cuando concluye su ciclo de revisión, resulta imprescindible impulsar un nuevo pacto mundial sobre migración, centrado en la dignidad humana, la corresponsabilidad entre Estados y el respeto pleno a los derechos humanos.

El Día Internacional del Migrante no es para complacencias ni gestos simbólicos. Es un llamado a asumir compromisos claros y verificables

El Día Internacional del Migrante no es para complacencias ni gestos simbólicos. Es un llamado a asumir compromisos claros y verificables: proteger vidas, garantizar derechos sin discriminación y combatir el racismo, la xenofobia y todas las formas de intolerancia.

Compromisos para que ningún niño crezca sin derechos, para que nadie sea perseguido o encarcelado por migrar, para que las fronteras sean espacios de cooperación y derecho.

El futuro se construye con decisiones responsables y compromisos firmes hoy. Las personas migrantes no son una amenaza: son parte esencial de nuestras sociedades. Solo una sociedad que asume compromisos claros con la dignidad de quienes llegan puede aspirar a un futuro más justo, fuerte y verdaderamente humano para todos.

Porque defender a las personas migrantes no es caridad: es justicia.
Y porque una sociedad que protege y respeta la dignidad de quienes migran construye un futuro más humano para todos.

Manuel Rodríguez es coordinador de la Plataforma Ayuda Venezuela.