Cuando el expresidente estadounidense Donald Trump sugirió en 2019 que Groenlandia podía «comprarse», Europa reaccionó con una claridad moral inusual. La propuesta fue rechazada no solo por ser diplomáticamente inapropiada, sino también por ser fundamentalmente incompatible con el derecho internacional moderno. La soberanía, la autodeterminación y la dignidad de los pueblos se presentaron acertadamente como principios no negociables.

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Europa hizo bien en marcar esa línea.

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Sin embargo, este momento de determinación basada en principios plantea una pregunta inevitable: ¿por qué estos mismos principios parecen negociables cuando se aplican más allá del horizonte político inmediato de Europa, sobre todo en el Sáhara Occidental?

Un orden basado en normas no puede sobrevivir con una aplicación selectiva

Groenlandia goza de un estatus reconocido de autogobierno, y cualquier intento de tratarla como objeto de transacción fue rápidamente denunciado como un retroceso al pensamiento de la era colonial. El Sáhara Occidental, por el contrario, sigue figurando en la lista de las Naciones Unidas como territorio no autónomo. Ningún Estado, incluido Marruecos, tiene soberanía internacionalmente reconocida sobre él. No se trata de una cuestión de interpretación, sino de una posición establecida en virtud del derecho internacional.

Y, sin embargo, la Unión Europea sigue celebrando acuerdos comerciales, pesqueros y agrícolas con Marruecos que abarcan explícitamente el Sáhara Occidental, a pesar de la ausencia de consentimiento del pueblo saharaui.

La posición jurídica en este caso no podría ser más clara. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha afirmado en repetidas ocasiones que el Sáhara Occidental es distinto y separado de Marruecos, y que cualquier actividad económica en el territorio requiere el consentimiento explícito de su pueblo. Por lo tanto, Europa no está actuando ignorando la ley. Está actuando con una deferencia selectiva hacia ella.

Esta selectividad se defiende a menudo con argumentos pragmáticos: estabilidad, cooperación, seguridad regional. Pero el pragmatismo desvinculado de los principios deja de ser realismo y se convierte en complacencia. Un orden basado en normas no puede sobrevivir con una aplicación selectiva. Las normas que solo se aplican cuando conviene no son normas en absoluto.

La diferencia entre Groenlandia y el Sáhara Occidental no es jurídica, sino política. Groenlandia implicaba la soberanía de Dinamarca, un Estado europeo. El Sáhara Occidental implica a un pueblo cuya marginación política tiene un coste limitado dentro de la política interna europea. El compromiso de Europa con el derecho internacional parece más fuerte cuando el precio de su aplicación es más bajo.

La influencia global de Europa nunca se ha basado únicamente en el poder. Se ha basado en una afirmación cuidadosamente cultivada desde 1945: que el derecho limita la fuerza y que los principios moderan los intereses. Cuando Europa diluye esta afirmación mediante el excepcionalismo jurídico, debilita no solo su credibilidad externa, sino también su coherencia interna. El Sur Global lo nota. Las potencias emergentes lo notan. La historia lo nota.

La política, al igual que la economía, sigue una lógica sencilla: lo que se normaliza hoy determina los conflictos del mañana.

Europa hizo bien en rechazar la mercantilización de Groenlandia. Pero los principios, si quieren conservar su significado, deben ir más allá de la geografía y la conveniencia. La cuestión a la que se enfrenta Europa ya no es si entiende el derecho internacional, sino si está dispuesta a defenderlo cuando ello conlleva un coste.

Mohamed Elbaikam es activista independiente del Sáhara Occidental