La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra y sus colaboradores por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Este giro judicial reabre el debate sobre los sucesos que forzaron su dimisión en 2022 y cuestiona el relato de ciertos sectores de opinión que, tras el archivo inicial de la causa, calificaron el proceso como una "cacería" política y mediática destinada a abatir a un rival electoral.

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La responsabilidad política de Oltra es independiente de su posible responsabilidad penal. Lo fundamental en su caída no fue solo su implicación directa, sino el hecho de que una menor bajo la protección de su Conselleria denunciara abusos y no fuera creída, obligándola a recurrir a abogados externos para ser escuchada. El hecho de que el abusador fuera el entonces marido de la vicepresidenta hacía imposible su continuidad. Mostrando así que la administración pareció priorizar la protección de la carrera política de la señora Oltra sobre la credibilidad de la víctima.

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Finalmente, la verdadera víctima de esta historia no es la señora Oltra, sino la joven abusada, Teresa, quien llegó a ser trasladada esposada a un juicio en un episodio calificado de escandaloso. Aunque la causa penal termine en absolución, Oltra no quedaría rehabilitada políticamente, pues no estuvo a la altura al no garantizar la protección de una menor vulnerable. En este caso la "izquierda alternativa" no ha cumplido su deber por haber abandonado en este caso su eslogan de "yo sí te creo".