La conquista de América generó una serie de debates morales y jurídicos en la Iglesia católica porque entonces era la instancia de legitimación de las relaciones de poder. En este caso, tenía que justificar la dominación de territorios habitados por poblaciones que no eran cristianas. No hay que olvidar que estamos hablando de una época en que la esclavitud o la conversión de infieles eran aceptadas por varias culturas, no solo por las europeas. Un aspecto que resolver era si los “descubiertos” podrían ser convertidos al cristianismo, asunto que requería determinar, en primer lugar, su condición humana. No era esta una cuestión menor ni circunscrita al hecho religioso: de su respuesta dependía justificar la conquista o reconocer que esas personas eran sujetos de derecho.

Los argumentos filosóficos y jurídicos del dominico Francisco de Vitoria, uno de los referentes de la Escuela de Salamanca, fueron determinantes en este debate. La humanidad de los habitantes del Nuevo Mundo quedaba fundamentada en su categoría de seres racionales, y la evidencia que esgrimió Vitoria fue que vivían en sociedades organizadas, es decir, tenían ciudades, leyes, comercio, formas de autoridad política y normas de convivencia; hechos que demostraban que no eran “bárbaros” incapaces de autogobernarse.

Aunque la Escuela de Salamanca –cuyo quinto centenario estamos conmemorando en la Universidad– no hablaba todavía de “derechos humanos”, sí estableció algo que acabaría siendo su fundamento: la idea de que hay derechos inherentes a toda persona y no dependen de la voluntad del gobernante o de la religión que alguien profese. Una idea que, a pesar de tener siglos de recorrido, sigue sin ser totalmente aceptada por una mayoría de la población mundial. Basta con abrir el periódico para ver que en pleno siglo XXI sigue habiendo fundamentalistas religiosos que determinan la condición humana de una persona en función de hacia dónde mira cuando reza. Esto a pesar de que la igualdad en derechos, sin importar religión o sexo, se ha formulado en textos de tanta repercusión como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 o la Declaración Universal de 1948 y, en todos ellos, se repite un principio elemental: los derechos fundamentales conciernen a las personas por el simple hecho de serlo.

Por eso resulta preocupante que, en América Latina, se cuestione cada vez más la universalidad de los derechos humanos. La cara visible de esta perspectiva es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien justifica su política de “mano dura”, basada en un régimen de excepción permanente y en el enjaulamiento de decenas de miles de personas, en que los derechos humanos no pueden aplicarse de forma simétrica a víctimas y delincuentes. En uno de sus discursos se preguntaba: “¿Por qué siempre hablan de los derechos humanos de los delincuentes y no de los derechos humanos de la gente honrada?” y en otro afirmaba “Los derechos humanos de la gente honrada son más importantes que los de los delincuentes”.

El problema de este tipo de discursos no está en la defensa del derecho de las víctimas, sino en que adoptan la premisa de que delinquir es razón suficiente para excluir a las personas del sistema de derechos. Esta argumentación implica un cambio profundo en el fundamento mismo de los derechos humanos que, además de ser propios de todas las personas por ser humanas, está poniendo un freno al poder del Estado frente a los individuos, incluidos aquellos que han transgredido la ley. Saltarse los límites casi nunca termina bien y la historia latinoamericana está llena de ejemplos: las dictaduras del Cono Sur justificaron sus violaciones sistemáticas de derechos humanos afirmando que combatían el terrorismo; en Colombia se habló durante años de “falsos positivos” para encubrir ejecuciones extrajudiciales; y en muchos países se aceptaron abusos policiales bajo la promesa de combatir la delincuencia y poner orden.

La historia está llena de regímenes que prometieron orden para, a continuación, exigir obediencia, desde las monarquías absolutas hasta las dictaduras contemporáneas.

Así pues, ni este discurso ni los hechos que justifica son exclusivos de El Salvador. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro resumió su visión en la frase: “Los derechos humanos son para los humanos derechos” y en México, durante los años más duros de la guerra contra el narcotráfico, no fueron pocos los políticos que acusaron a las organizaciones de derechos humanos de “defender criminales”. Algo similar ocurrió en Colombia donde la posición generalizada entre algunos sectores fue denunciar que los defensores de derechos humanos protegían a terroristas. No hay que olvidar que este se constituyó en uno de los ejes de la campaña del referéndum en el que finalmente se impuso el NO a los acuerdos de paz con las FARC.

La refundación de los fundamentos del derecho que pretenden Bukele y su combo tiene también entusiastas propagandistas en España. La más fervorosa es la exdiputada de Vox y “Abogada del Estado” Macarena Olona. Su defensa del gobierno de El Salvador la resume señalando: “Sin seguridad no hay libertad”. Aunque parece un razonamiento de sentido común, tiene trampa. Asume que la libertad depende exclusivamente de la seguridad que garantiza el gobierno; entonces deja de ser un derecho y pasa a convertirse en una concesión del que manda. La historia está llena de regímenes que prometieron orden para, a continuación, exigir obediencia, desde las monarquías absolutas hasta las dictaduras contemporáneas.

Se trata de posiciones que tienen fuerza retórica y conectan con sociedades conmocionadas por la violencia, en una región donde millones de personas viven con miedo cotidiano, en Estados fallidos y con gobiernos fracasados. En ese contexto, la promesa de orden y seguridad tiene enorme atractivo político al articularse en argumentos que se apoyan en un sentimiento legítimo: la indignación frente al crimen. Pero no hay que perder de vista el equívoco conceptual que está detrás, pues los derechos humanos no se diseñaron para premiar la virtud ni para proteger únicamente a los ciudadanos ejemplares. Si así fuera, dejarían de ser derechos y se convertirían en recompensas morales administradas por los gobiernos.

Cuando el miedo domina el debate público aumenta la tentación autoritaria. Se crea un clima de opinión en el que el Estado y quien lo controla señalan que la solución para volver al orden es la reducción del “garantismo”. Sin embargo, no es casualidad que los regímenes autoritarios comiencen siempre por relativizar los derechos fundamentales, pero cuando éstos se debilitan en nombre de la seguridad lo que realmente se debilita es la democracia, ya que ésta no es posible sin Estado de Derecho. Además, el problema es que esas excepciones rara vez se limitan a los criminales más violentos. Primero se señala a un grupo peligroso –asesinos, terroristas, traidores– pero, con el tiempo, la cancelación de derechos termina alcanzando a opositores políticos, periodistas incómodos o simples ciudadanos atrapados por errores del sistema.

Por supuesto, reconocer los derechos humanos no significa negar el derecho de las sociedades a defenderse del crimen. El Estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y castigar a quienes violen la ley. Pero esa protección solo es legítima cuando se ejerce dentro de las normas que limitan el poder. El reto está en encontrar mecanismos que permitan controlar el crimen de forma efectiva y acabar con la inseguridad en el marco de las normas del Estado de Derecho y respetando los derechos humanos de todos.

En definitiva, los derechos humanos no nacieron para tiempos de tranquilidad, sino para momentos de crisis. Su función es recordar que, incluso en las circunstancias más difíciles, existen límites que el poder no debe cruzar. Por ello, quizá convenga volver por un momento a la Salamanca de hace 500 años, cuando Francisco de Vitoria defendió su innovadora posición en un contexto en el que reconocer la humanidad universal resultaba incómodo para unos imperios en expansión. Si sus argumentos sobrevivieron a su época porque contenían una intuición poderosa: si los derechos dependen de la voluntad del que manda, entonces no son derechos, sino concesiones; y una democracia basada en concesiones del gobernante, en lugar de en derechos de los ciudadanos, deja de serlo.