Mariano Rajoy respondió a las preguntas de la acusación con la tranquilidad y la sorna a la que nos tiene acostumbrados. Él iba como testigo y estaba obligado a decir la verdad. Podía negar los hechos ("es absolutamente falso", contestó en varias ocasiones) y haberse quedado ahí. Pero no se conformó con dar titulares ("Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe. Y luego cada uno me llama como quiere"), sino que lanzó un misil a la línea de flotación del caso Kitchen: "Aquí, en todo este tema, no hubo una operación política. Hubo una operación policial, cuyo objetivo fundamental era coger el dinero de Bárcenas y sus testaferros". Y añadió: "Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad".
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Como quien no quiere la cosa, echó abajo el relato del caso Kitchen (supuestamente, una operación policial montada para robarle a Bárcenas material que podía perjudicarle a él y al PP). ¿Quién podría objetar una operación policial para descubrir dónde escondía Bárcenas una fortuna multimillonaria conseguida de manera inconfesable?

Rajoy no sólo ha cuestionado la esencia de delito, sino que le ha proporcionado a los dos principales imputados, el ex ministro Jorge Fernández Díaz, y el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el argumento para cohesionar sus defensas, el respaldo político del que era entonces nada menos que presidente del Gobierno.

Las acusaciones van a tener que afinar para demostrar que lo que declaró el ex tesorero del PP ante el tribunal es cierto. Que la operación partió de la dirección del PP y que luego se trasladó a la cúpula de Interior. La credibilidad de Bárcenas está por los suelos; ha cambiado tanto de versión que ya no se sabe cuando dice la verdad y cuando no. Con parsimonia Rajoy dijo al tribunal que si Bárcenas hubiera tenido material contra él lo habría publicado, "como hizo con otros documentos" (los llamados papeles de Bárcenas; o, como él los llama, la "contabilidad extracontable"). La documentación que supuestamente fue robada del estudio de su esposa –junto con el misterioso pendrive– estuvo en la sede del PP durante dos meses y hubo que avisarle a su dueño para que alguien vinera a recoger las cajas que la contenían. ¿Para qué montar una operación de robo cuando el PP había tenido en Génova la bomba incriminatoria sin que su beneficiario la reclamara?

El ex presidente del Gobierno dijo estar convencido de que "la operación policial se adecuó a la legalidad"

Que Rajoy era El Asturiano (un mote muy al estilo Villarejo), como apuntó el inspector jefe Gonzalo Fraga, principal investigador del caso Kitchen, resulta difícil de sostener. No sólo porque Rajoy es, como todo el mundo sabe, gallego, sino porque, conociendo su prudencia, nunca hubiera admitido que se le dieran pormenores de un asunto tan feo.

Como el propio Bárcenas ha declarado ante el tribunal, sus cambios de versión obedecen a sus intereses particulares (o bien porque no quería perjudicarse en otros procedimientos o bien porque estaba negociando con el PP). En esa estrategia de negociación hay que interpretar las filtraciones que se produjeron encaminadas a crear el mito de que tenía en su poder material muy comprometedor para Rajoy. Era una forma de subir la presión, la manera que tenía de forzar al Gobierno a doblarle el brazo a la Fiscalía para fuera comprensiva con sus posibles delitos.

En realidad, Bárcenas soltó su principal obús contra Rajoy y el PP con los papeles de la contabilidad B, y después, ya en plan rabieta, al filtrar los mensajes sms que se intercambió con Rajoy ("Luis, se fuerte"). Pero nada más.

¿Pudo algún policía tratar de averiguar si realmente Bárcenas tenía algo comprometedor en su poder? Es muy posible. De hecho, alguno presumía de ello. ¿Hubo una orden del ministro o del secretario de Estado para que llevaran a cabo esa operación delictiva? Eso es lo que tiene que dirimir el tribunal y lo que podrá dilucidarse cuando los principales imputados tengan que declarar. Por ahora, la tesis de Bárcenas es humo.