Conviene empezar por una confesión incómoda, porque escribir sobre inmigración en España es asomarse a un terreno donde casi nadie discute de verdad y casi todos predican. La derecha la convierte en amenaza y la izquierda en sacramento, y entre las dos han logrado que sea casi imposible decir algo tan elemental como esto: que se puede estar a favor de que un ser humano que lleva años trabajando entre nosotros tenga papeles, y al mismo tiempo creer que la forma concreta en que el Gobierno ha decidido hacerlo es un disparate administrativo cuyas consecuencias tardaremos años en pagar. Las dos cosas caben en la misma frase. La regularización extraordinaria aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de abril de 2026, en vigor desde el día 16 y con plazo abierto hasta el 30 de junio, no me parece reprochable por su intención, que es noble, sino por su frivolidad, que es temeraria. Por la distancia obscena entre la magnitud de lo que se decide y la levedad con que se ha decidido. Un Estado serio no improvisa el destino de cientos de miles de personas en una mañana y lo vende como una efeméride.
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Empecemos por los números, porque son ellos los que sostienen el argumento y no al revés. El Ministerio de Inclusión habla de medio millón de personas. Funcas, en cambio, calcula en 840.000 los extranjeros no comunitarios en situación irregular, una cifra que el catedrático de Derecho Constitucional Javier Tajadura asume para advertir que el proceso apunta a convertirse en el más numeroso de nuestra historia. Si esa estimación se cumpliera, dejaría atrás incluso la normalización de Zapatero de 2005, que concedió algo más de medio millón de autorizaciones. Pero reparemos en lo que esa horquilla esconde, porque el escándalo está ahí y no en el número exacto: entre el medio millón que admite el Gobierno y las 840.000 que apunta Funcas median trescientas mil personas, y un Estado que ignora en ese orden de magnitud la dimensión de su propia decisión no está gobernando, está apostando. Conviene además recordar algo que en el debate español se menciona poco: la decisión que toma un Consejo de Ministros en Madrid no se queda del todo en Madrid. Sería deshonesto sugerir que un permiso español autoriza a instalarse a trabajar en Francia o en Alemania, porque no lo hace; lo que permite, como regla general, son desplazamientos de corta duración por el espacio Schengen, hasta noventa días dentro de cualquier período de ciento ochenta. Y sin embargo esa sola circunstancia basta para que la medida tenga una dimensión que excede nuestras fronteras, y de ahí los reproches que el presidente del Gobierno recibió de varios socios europeos, molestos por no haber sido siquiera consultados sobre una decisión cuyos efectos rozan territorio que no es solo el nuestro. No se trata de haber dispuesto de lo ajeno, que sería excesivo afirmarlo, sino de haber actuado como si las consecuencias se detuvieran en la frontera, con la ligereza de quien firma una circular.

Una regularización sin plan

Aquí aparece el primer agujero, y es un agujero del tamaño de un país. El mismo mes en que se ponía en marcha una de las mayores regularizaciones de nuestra historia, el Banco de España publicaba su Informe Anual con una cifra que debería haber congelado cualquier euforia: faltan 750.000 viviendas. Es un déficit acumulado entre 2021 y 2025, fruto de un desajuste brutal entre la creación de hogares y la construcción de vivienda nueva. Los datos de un solo año bastan para medir el abismo: en 2025 se constituyeron 240.000 nuevos hogares y se terminaron apenas 92.000 viviendas, un 9 por ciento menos que el año anterior. La brecha no se cierra, se ensancha, y el propio Banco de España avisa de que va a seguir creciendo, entre otras razones por el empuje de los flujos migratorios sobre la creación de hogares, porque la oferta no responde ni por el lado privado ni por el de una vivienda pública española que es una limosna estadística, una fracción ínfima del parque frente al entorno del siete por ciento de media en la OCDE. Y aquí debo afinar una objeción que, mal planteada, se vuelve contra quien la esgrime, de modo que prefiero desactivarla yo mismo antes de que lo haga otro. Estas personas no llegan ahora, ya estaban aquí: la regularización no las trae de fuera de un día para otro, les cambia el estatuto. Lo que hace, y no es poco, es empujarlas del mercado informal en el que malviven, del subarriendo y del hacinamiento, hacia el mercado formal del alquiler, ese mismo en el que un joven español tampoco consigue emanciparse, sin que la oferta haya crecido un solo metro para acogerlas. El Gobierno no ha creado vivienda. Ha multiplicado la demanda formal de la que no existe.

Una regularización de esta envergadura no es un acto de gestión: es una decisión de Estado, y las decisiones de Estado se toman en sede parlamentaria

No es una objeción xenófoba. Es una objeción aritmética, y la aritmética no entiende de banderas. La vivienda no se materializa por decreto: el suelo edificable, los procesos urbanísticos, la mano de obra de la construcción, que ha caído del once al siete por ciento del empleo total desde finales de los noventa, todo eso tiene unos plazos que no se acortan porque un Boletín Oficial lo desee. Una regularización seria habría llegado con un plan, una previsión, una coordinación efectiva con las comunidades y los ayuntamientos que tendrán que absorber la presión sobre el alquiler en Madrid, en Barcelona, en Málaga, precisamente las ciudades donde los precios ya galopan muy por encima de la renta de los hogares y donde la emancipación de los menores de 35 años se ha desplomado trece puntos en menos de dos décadas. Hubo, es cierto, los trámites formales de rigor, la audiencia pública, el dictamen del Consejo de Estado, las consultas a las administraciones afectadas. Lo que no hubo fue un verdadero plan material de absorción, una previsión presupuestada de dónde, con qué y a costa de quién se aloja, se atiende y se escolariza a quienes adquieren el derecho. Se reconoció un derecho sin levantar la infraestructura que ese derecho exige para no convertirse en una bomba de relojería social. Y lo que vale para la vivienda vale, agravado, para la sanidad, para la educación, para unos servicios sociales municipales que ya gobiernan la escasez como pueden. Reconocer derechos sin financiar su ejercicio no es generosidad: es trasladar la factura a quien menos puede pagarla y llamarlo progreso.

Los antecedentes penales y los policiales

Hay un segundo flanco, el que más ruido ha hecho, y conviene tratarlo con precisión para no incurrir en la demagogia que tan fácilmente lo envuelve. El decreto exige carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden, la seguridad o la salud públicas, y prevé que se recaben de oficio informes policiales y comprobaciones de seguridad. Es cierto, y es de justicia reconocerlo. Pero no convierte los antecedentes policiales, que son cosa distinta de los penales, en causa automática de exclusión, ni exige en todos los casos una oferta de trabajo formal, lo que lo sitúa, en opinión de juristas como Tajadura, entre los procedimientos de requisitos más laxos de cuantos se han hecho en España. Basta acreditar la estancia con una documentación que puede ser tan endeble como el rastro que deja la vida cotidiana de cualquiera. Según informaciones periodísticas, informes internos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras alertaron, antes de aprobarse, del impacto que la medida tendría sobre la seguridad, y los principales sindicatos del cuerpo lo dijeron en voz alta; el Gobierno siguió adelante pese al aviso, lo cual no es valentía sino sordera. No hace falta ser un genio, ni mucho menos un agitador, para comprender que un filtro que atiende solo al historial estrictamente penal deja fuera de la criba automática a quien acumula antecedentes policiales que todavía no han cristalizado en condena, y abre así un margen de opacidad que ningún Estado prudente debería tolerarse. No se trata de presumir la culpabilidad de nadie. Se trata de que la presunción de inocencia protege a las personas frente al castigo, no obliga al Estado a privarse de los instrumentos para saber a quién concede un estatuto jurídico que después le costará revocar. Confundir una cosa con la otra es ignorancia, o coartada.

Llegados aquí, alguien dirá que todo esto es la coartada de siempre, el ropaje técnico de un rechazo que en el fondo es visceral. Y sin embargo los datos juegan también en sentido contrario, y la honestidad obliga a ponerlos sobre la mesa. España cerró 2025 con más de 3,1 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social, el catorce por ciento de los cotizantes; la mayoría de quienes se regularizan ya trabajan, aunque sea en la sombra; la normalización de 2005, según los estudios disponibles, mejoró la recaudación, redujo la informalidad y no produjo el famoso efecto llamada. La inmigración sostiene las pensiones, llena vacantes en el cuidado, el campo y la hostelería que los españoles ya no quieren, y aflora una economía que de otro modo seguiría enterrada. Todo eso es verdad y no pienso escamotearlo. Pero ninguna de esas verdades responde a la objeción central, que no es si la inmigración es buena o mala, pregunta tan estéril como discutir si la lluvia es buena o mala, sino si este proceso concreto, con esta magnitud, estos plazos y esta ausencia clamorosa de previsiones, está bien hecho. Y no lo está. Que el fin sea defendible no convierte en defendible cualquier manera de perseguirlo.

Hay además una cuestión de fondo que trasciende la coyuntura: la de la cobertura legal. ¿Puede el Gobierno adoptar una medida de esta trascendencia mediante una reforma del Reglamento de Extranjería, sin pasar por el Parlamento? El Ejecutivo sostiene que sí, amparándose en el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, y el Consejo de Estado avaló la vía reglamentaria. Pero la controversia es seria y está lejos de cerrada: hay quien defiende, con Tajadura a la cabeza, que una regularización de esta envergadura desborda lo que un reglamento puede hacer y debió tramitarse por ley, so pena de incurrir en vicio de ilegalidad. No es un tecnicismo de jurista quisquilloso, y no es discusión de salón: el Real Decreto ya ha sido recurrido, y la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse sobre su suspensión cautelar, que la Abogacía del Estado pidió rechazar. Es el síntoma de una manera de gobernar que prefiere el atajo del decreto a la deliberación parlamentaria, que confunde la velocidad con la eficacia y la voluntad con la previsión, y que cada vez que encuentra un obstáculo democrático lo rodea en lugar de atravesarlo convenciendo. Una regularización de esta envergadura no es un acto de gestión: es una decisión de Estado, y las decisiones de Estado se toman en sede parlamentaria, con luz, con taquígrafos, con enmiendas y con la saludable incomodidad de tener que persuadir a quien no piensa como uno. Hurtar ese debate no es agilidad administrativa. Es desprecio por la forma misma en que una democracia decide las cosas que de verdad importan.

Termino donde empecé, con la incomodidad, porque es lo único que no me parece deshonesto. Llevo páginas defendiendo que se puede estar a favor de los papeles y en contra de esta regularización, y sé que esa posición no consuela a nadie: no ofrece la euforia del eslogan ni el calor de la pancarta. Pero sospecho que es la única decente. El reproche no va dirigido a las personas que mañana tendrán por fin una vida en regla, gente que cuida a nuestros mayores, recoge nuestra fruta y cuyos hijos comparten pupitre con los nuestros. El reproche va dirigido a quienes han reconocido ese derecho sin construir el país capaz de sostenerlo, como quien invita a comer a media ciudad sin haber comprado la comida y se hace la foto sonriendo en la puerta del banquete vacío. Y cuando llegue la factura, que llegará, en forma de alquileres inalcanzables, de aulas y ambulatorios desbordados, de un debate público todavía más envenenado y de una convivencia más áspera, no la pagarán quienes firmaron el decreto en su mañana histórica. La pagarán, como siempre, los que menos tienen: los de aquí y los de fuera, empujados unos contra otros por una escasez que la frivolidad de unos pocos convirtió en destino. Habrá quien llame a esto compasión. Yo, que he intentado mirarlo de frente, solo acierto a llamarlo irresponsabilidad disfrazada de virtud.