El intento del Gobierno por exonerar a Marruecos de toda responsabilidad en el asalto que tuvo lugar el pasado 30 de julio a la frontera de Ceuta ha quedado desbaratado estrepitosamente justo 24 horas antes de que el presidente Sánchez comparezca en el Congreso para dar su versión sobre esos hechos. Recordemos que en la entrevista en la Cadena Ser del pasado lunes, Sánchez insistió en la colaboración de Marruecos en todo momento y acusó a Israel, Rusia y una supuesta multinacional ultra de estar detrás de ese "ataque a la integridad territorial de España" (uso las mismas palabras que pronunció el presidente el pasado 31 de julio).
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La mentira no es buena consejera, y por ello el Gobierno se ha movido durante las últimas semanas entre dos versiones contradictorias: la primera, que hubo un ataque a la soberanía nacional; la segunda, que se trata de una crisis migratoria. Son difíciles de conciliar, y por eso se acusa a las mafias (lo que se correspondería con la segunda tesis) y, a la vez, se señala a Israel y Rusia (aunque no se explica muy bien el interés que pueden tener esos dos países en desestabilizar la frontera de España con Marruecos).

Que Sánchez se volviera a La Mareta a continuar con sus vacaciones ("tengo derecho al descanso", se defendió en la Ser) es coherente con la versión de la crisis migratoria. Los ministros se apuntaron a ella porque era la más cómoda. Lo hicieron casi todos, desde el ministro de Exteriores, Albares, al titular de Interior, Grande-Marlaska. Sólo Margarita Robles se atrevió a decir que Marruecos tenía que explicar algunas cosas. Tampoco fue mucho más lejos.

Que la inmensa mayoría (el 90%) de los más de 72.000 inmigrantes que entraron en Ceuta salieran al día siguiente por su propio pie no levantó sospechas en Interior. Parece que nadie cayó en la cuenta de que unos inmigrantes que no permanecen ni un día en el país cuya frontera acababan de violar no se corresponde con el retrato robot de los que quieren mejorar su vida huyendo del país del que han salido.

Si en lugar de exculpar a Marruecos desde el primer momento hubiera encargado una investigación a fondo, al ministro no le hubiera pillado por sorpresa lo que dice el informe a la jueza Tardón

Mientras que el Gobierno esperaba a que se calmaran las aguas (ignorando lo que estaba ocurriendo en la ciudad autónoma, donde se quedaron entre 5.000 y más de 10.000 inmigrantes, según la versión del gobierno o la del presidente de Ceuta), la jueza María Tardón hizo su trabajo. El partido Iustitia Europa presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional por entender que lo ocurrido era un ataque a nuestra soberanía y, antes de decidir sobre su competencia, la jueza encargo dos informes: uno a la Policía y otro a la Guardia Civil.

El pasado martes, el Centro Nacional de Emigración y Fronteras (CENIF) entregó el suyo a la jueza María Tardón. En él se dice que la primera oleada de inmigrantes llegó a la frontera con Ceuta escoltada por policías marroquíes, que, a su vez, recibían órdenes de personas de paisano. Todo ello está documentado por vídeos tomados in situ. La Policía sostiene que la entrada masiva de inmigrantes no tenía fines migratorios, sino que tenía por objeto "colapsar el sistema fronterizo" español. Una vez que esa primera oleada (bien preparada, con trajes de neopreno, aletas, etc.) forzó la entrada por El Tarajal, otras oleadas, estas ya menos preparadas –recordemos que han muerto más de 100 personas ahogadas en el mar– se sumaron al asalto.

La información sobre el informe del CENIF fue publicada por María Peral en El Español el martes a última hora de la noche. De madrugada, el ministro Grande-Marlaska remitió un escrito al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, exigiéndole explicaciones sobre dicho informe, que él desconocía.

Lo primero que demuestra esta sucesión de despropósitos es que Marlaska no cumplió con su obligación. ¿Por qué no encargó, como ministro del Interior, una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido el día 30 en Ceuta? ¿Por qué, si carecía de datos, exculpó de manera reiterada y desde el primer momento a Marruecos contra toda lógica?

Pero el ministro, no conforme con evidenciar su incompetencia, se lanza contra uno de sus subordinados exigiéndole una información que, en estos momentos, está judicializada. Es más, es el propio ministro el que ordenó que se filtre su duro escrito contra Pardo Piqueras a la Agencia EFE. ¿Hay manera más indigna de afrontar una crisis de credibilidad como la que está sufriendo el propio ministro?

Evidentemente, si Marlaska hubiera instado a la Comisaría General de Información a investigar el caso el mismo día 30 de julio, en unos días hubiera tenido las mismas evidencias que ahora le han pillado por sorpresa. Pero hacer eso hubiera puesto en cuestión que no se trataba de una simple crisis migratoria, y que, en consecuencia, dichas evidencias podían llevar a la conclusión de que Marruecos estaba detrás de la avalancha.

Es verdad que Pardo Piqueras no es un hombre puesto ahí por el ministro. El director general de la Policía, que lleva en el cargo desde junio de 2018, fue un regalo que le dejó el ex ministro José Bono. Pardo Piqueras fue presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; anteriormente secretario de Estado de Defensa (2004-2007), con Bono como ministro, y anteriormente Consejero de Presidencia de la Junta, cuando Bono era presidente.

El caso es que el informe que deja en ridículo tanto al presidente del Gobierno como al ministro del Interior no es culpa de Pardo Piqueras. En todo caso, al director general de la Policía lo que se le puede decir es que no presionó a sus agentes para que le dijeran qué iban a poner en su informe a la juez. Pero eso no es ningún delito, ni siquiera una falta, sino lo que debía hacer.

Si, como consecuencia de todo esto, el que acaba siendo cesado es el director general de la Policía, sería un escándalo. Si hay alguien que tiene que irse ya es el ministro del Interior.