Hay un principio elemental que la moral republicana y la severidad jacobina fijaron para siempre: quien encarna al Estado no tiene vida privada cuando la comunidad se tambalea. No es un privilegio sino una servidumbre cívica absoluta. Esa misma exigencia define la ética democrática anglosajona, desde Westminster hasta Ottawa. En el Reino Unido o en Canadá, un primer ministro que califica un suceso en su frontera de «ataque a la integridad territorial» de la nación y a las veinticuatro horas hace las maletas para marcharse de veraneo a un palacete insular habría tenido que dimitir antes de deshacer el equipaje. No por la presión de las encuestas, sino por la pura inviabilidad moral de su permanencia. Sencillamente, la decencia institucional no se lo habría consentido.
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En España, en cambio, Pedro Sánchez declaró la gravedad máxima de la patria y, acto seguido, se recluyó en La Mareta. Mientras el Estado encajaba la herida, el presidente entretenía los días de agosto recomendando en sus redes sociales listas de canciones y lecturas estivales, con esa ligereza narcisista de quien se cree enteramente a salvo de las consecuencias de sus propios actos. La frivolidad no era un descuido: era una declaración de impunidad.

"La frivolidad de Sánchez es una vergüenza internacional que erosiona la credibilidad de un país de manera silenciosa, pero irreversible"

La quiebra de la ejemplaridad es devastadora en el plano interior, pero resulta demoledora hacia afuera. Cuesta poco imaginar el contenido de los cables diplomáticos que las embajadas occidentales habrán remitido a París, Londres, Berlín o Washington. Despachos redactados con el asombro y la frialdad de quien certifica una descomposición insólita: el líder de una de las principales economías de la Unión Europea proclama que su país sufre una agresión exterior, se niega a comparecer de urgencia, preserva intacto su mes de descanso y comparte selecciones musicales mientras sus aliados contemplan el espectáculo con perplejidad. Es una vergüenza internacional que erosiona la credibilidad de un país de manera silenciosa, pero irreversible.

Tanto la tradición jacobina como la probidad del parlamentarismo británico parten del mismo axioma: el gobernante no es un señor feudal con derecho a blindarse tras las comodidades del cargo, sino el primer servidor público sujeto al escrutinio implacable de los ciudadanos. Cuando la frontera quiebra, el mandatario se sitúa en primera línea, rinde cuentas y asume la gravedad física del momento. Eludir esa carga para sestear bajo la coartada de un descanso intocable degrada la presidencia y humilla la dignidad del Estado ante el mundo.