Políticas públicas, gestión del territorio, ciencia y conocimiento local. La prevención de los grandes incendios exige actuar antes de que llegue el fuego. El balance del verano de 2026 vuelve a poner sobre la mesa un problema que combina abandono rural, acumulación de combustible, expansión urbana y cambio climático.
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España vuelve a enfrentarse cada verano a una emergencia que no puede explicarse únicamente por la acción del fuego. Los grandes incendios forestales son el resultado de una combinación de factores que se han ido acumulando durante décadas: el abandono de los usos tradicionales del territorio, la pérdida de población rural, la acumulación de biomasa, la expansión urbanística hacia zonas forestales y el agravamiento de los fenómenos climáticos extremos.

A la superficie perdida se suman víctimas mortales, desplazamientos, confinamientos y daños en viviendas, bienes, paisajes y medios de vida. Antes que nada, declaremos nuestra solidaridad hacia las víctimas de los incendios, sus familias, los profesionales que arriesgan su vida en condiciones precarias y quienes han perdido bienes, hogares, paisajes o medios de vida.

El problema tiene una dimensión que va mucho más allá de las hectáreas quemadas. Un bosque maduro puede tardar décadas o incluso siglos en formarse y desaparecer en cuestión de minutos. Estos ecosistemas son esenciales para el agua, el suelo, la biodiversidad y el clima. El balance acumulado ofrece una primera medida de la magnitud del desafío. Desde 1961, el fuego ha quemado más de 9,3 millones de hectáreas en España. Los años 1978, 1985, 1989, 1994 y 2025 figuran entre los episodios especialmente graves. En 2026, hasta el 20 de agosto, la superficie quemada alcanza ya las 290.000 hectáreas.

Además de los problemas de planificación, existe una precariedad laboral en los equipos de vigilancia y extinción y una gestión ineficaz, especialmente en el ámbito de las comunidades autónomas, responsables de la prevención y la detección temprana. El camino pasa por una rendición de cuentas año tras año y abandonar las políticas forestales que nos han traído hasta aquí.

Escenario de pesadilla: el monte que se queda sin población

El escenario se enmarca en la España "vaciada". En las últimas cinco décadas, la población se ha concentrado en las grandes ciudades. De los 8.131 municipios existentes, unos 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes y apenas concentran el 3 % de la población nacional. El 56,2 % de estos municipios pierde población de forma constante. La pérdida ha sido continua en Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León, con un ligero repunte reciente, pero sin frenar el abandono de los usos tradicionales debido al envejecimiento. Más de 1,4 millones de personas mayores de 65 años residen en pueblos de menos de 5.000 habitantes, con una elevada tasa de dependencia. En las zonas de extrema despoblación, el índice de envejecimiento supera el 140 % (más de 140 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16), con un alto grado de masculinización, ya que las mujeres son las primeras en emigrar.

La recogida de leña, que en los años 50 oscilaba entre 7,0 y 8,5 millones de estéreos de leña (madera apilada que ocupa un espacio de un metro cúbico) para cocina y calefacción rural, se desplomó en los 70 a 2,5-3,5 millones por el éxodo rural y la llegada del gas butano. En los 90 bajó aún más, hasta 1,0-1,2 millones, reducida a chimeneas de ocio y calefacciones aisladas. Actualmente ha repuntado ligeramente a 1,4-1,8 millones debido a la crisis energética de 2022 y al encarecimiento de la luz y el gas.

El descalabro de la agricultura y ganadería tradicionales

Paralelamente, se ha producido un desplome de la agricultura tradicional y la ganadería extensiva. El ganado ovino ha sufrido una de las caídas más dramáticas: a mediados del siglo XIX se contaban más de 24 millones de cabezas, y en 2021 el censo era de 15 millones. En los últimos 25 años, el censo ovino se ha reducido un 44 %, lo que supone la pérdida de 10,7 millones de animales.

El vacuno también ha caído: a principios del siglo XX rondaba los 3 millones, creció hasta mediados de siglo, pero el descenso posterior ha sido continuo; solo en el último año (2024-2025) pasó de 6,37 a 6,17 millones de cabezas. El caprino, que en 1994 era de 2,8 millones, ha disminuido progresivamente sin signos de recuperación. Se han perdido razas autóctonas, más montaraces y adaptadas al monte. Se estima que más del 80 % de las razas de ganado autóctonas están en peligro de extinción por falta de rentabilidad y abandono del medio rural.

Todas estas actividades de extracción masiva de biomasa constituían, en su momento, una gestión forestal sostenible: rompían la continuidad del combustible y mantenían un paisaje en mosaico. A ello se suman más de 3,5 millones de hectáreas repobladas desde los años 50 con especies pirófitas, como eucalipto, Pinus pinaster en el norte y Pinus radiata. Además, se añaden una gestión autonómica deficiente, recortes en prevención y extinción, urbanizaciones en la interfaz urbano-forestal y el agravamiento del cambio climático, con el incremento de días de riesgo extremo (duplicados en la península ibérica desde 1981) y fenómenos meteorológicos extremos.

No todos los bosques y montes son iguales

El diagnóstico general oculta la diversidad ambiental: no es lo mismo un pinar mediterráneo que un robledal atlántico, un matorral de Quercus o un retamar almeriense. Recordemos, además, que más del 70 % de la propiedad forestal es privada y que las 17 comunidades autónomas tienen leyes y presupuestos distintos.

Las grandes tendencias que explican el escenario son el abandono rural y el envejecimiento. La pérdida de usos tradicionales, como la recogida de leña y el pastoreo extensivo, ha eliminado la gestión que mantenía mosaicos de dehesas, cultivos, pastos y bosques. Sin población que cuide el territorio, el monte se cierra y acumula biomasa y necromasa. A ello se suma la intensificación agraria y ganadera, con más regadíos, pérdida de productos y razas locales, y la desaparición de la cultura tradicional.

El caos de miles de urbanizaciones que han entrado en el medio forestal sin control, muchas ilegales. En la Comunidad de Madrid se han denunciado más de 2.000 edificaciones sin planes de autoprotección; el plan de 2025 identifica 2.361 zonas de interfaz urbano-forestal, con 22.624 hectáreas, pero solo 60 tienen el plan obligatorio desde 2006. La cifra real podría superar las 78.000 construcciones ilegales en la región según el Observatorio de Sostenibilidad.

Soluciones para un contexto de cambio climático acelerado

Sequías, más temperaturas y olas de calor han duplicado el riesgo de incendios en el Mediterráneo en los últimos 40 años. Y esto es algo global: nunca habían ardido así ecosistemas tan diversos como los de la Columbia Británica, Oregón, el Amazonas o varios países europeos. Este año, Francia ha quemado 150.000 hectáreas, y Portugal y Grecia también han sufrido grandes incendios en 2026.

La prevención y vigilancia son competencia autonómica, pero nadie asume responsabilidades. Las políticas forestales siguen ancladas en esquemas centroeuropeos inadecuados para el Mediterráneo. La precarización laboral es extrema: bomberos y agentes forestales trabajan solo unos meses al año, con contratos temporales que impiden la especialización. El gasto en prevención en España representa solo el 0,4 % del presupuesto público destinado a incendios, muy por debajo de Francia, Polonia, Noruega o Luxemburgo. Se invierte en extinción, helicópteros y brigadas, pero no en planificar el monte para que no arda: el negocio del fuego.

Es necesario planificar cada ecosistema, crear mosaicos y dehesas que actúen como cortafuegos naturales, recuperar el pastoreo extensivo basado en ciencia, estabilizar a bomberos y agentes forestales con contratos anuales y formación continua, e invertir en infraestructuras verdes, cortafuegos estratégicos, puntos de agua y caminos de acceso rápido. Observar retiradas estratégicas y combatir la ilegalidad en el territorio.

También se exigen medidas drásticas en la interfaz urbano-forestal: eliminar urbanizaciones ilegales, imponer franjas de seguridad mucho mayores que las actuales y planes de autoprotección y formación, y frenar la construcción en suelo forestal, así como los proyectos de renovables en zonas de la red Natura. La planificación forestal debe ser un asunto de Estado, con presupuestos suficientes y coordinación entre comunidades autónomas. Por último, no se puede gestionar el monte sin población: hacen falta políticas reales de revitalización rural, asentamiento, actividades sostenibles y recuperación de oficios tradicionales. El monte necesita guardianes, no solo bomberos cuando ya arde.

Las soluciones existen y están formuladas por la ciencia, pero falta voluntad política para aplicarlas. El coste de no actuar es alto, y si no se planifica ahora, 2027 podría ser todavía peor, con los pronósticos del “Niño Godzilla” ya confirmados. Como dice un proverbio chino: si quieres salir de un agujero, deja de cavar hacia abajo.