Soy emigrante e inmigrante. Las dos cosas al mismo tiempo. Soy emigrante porque un día salí de Venezuela, el país donde nací, y soy inmigrante porque llegué a España, el país de mis padres y también el país de mis abuelos. Soy español de origen porque mis padres nacieron aquí, pero ellos también fueron emigrantes porque un día tuvieron que marcharse a Venezuela para construir allí una vida. En mi familia, por tanto, la migración no es una teoría política ni una cuestión que pueda analizarse únicamente desde las estadísticas. La migración tiene nombres, rostros, recuerdos, despedidas, aeropuertos, maletas y familias que se separan con la esperanza de volver a encontrarse algún día.
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Por eso resulta especialmente doloroso asistir al auge de determinados comportamientos xenófobos que vemos cada vez con mayor frecuencia. Insultos en el transporte público, desprecios en plena calle, comentarios racistas o agresiones verbales dirigidas contra personas simplemente porque su aspecto físico, su color de piel, su vestimenta o su acento hacen pensar a quien las insulta que son inmigrantes. Es una conducta absolutamente rechazable. No hace falta conocer la situación administrativa de una persona, su nacionalidad ni su historia para entender que insultar a alguien por parecer extranjero es una forma de discriminación. Y lo más preocupante es que estas actitudes empiezan a normalizarse en algunos espacios de nuestra sociedad. No deberíamos acostumbrarnos a ellas ni considerarlas una simple consecuencia inevitable del debate migratorio.

Una cosa es discrepar sobre las políticas de inmigración y otra muy diferente es insultar al inmigrante que tenemos delante. Una cosa es exigir al Estado que controle sus fronteras y otra convertir a cualquier persona que parezca extranjera en un objetivo. Podemos tener opiniones diferentes sobre la inmigración, pero hay una línea que una sociedad democrática no debería cruzar: la línea que separa el debate político del odio hacia las personas.

En los últimos años se ha instalado con demasiada fuerza un discurso según el cual los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, a recibir ayudas, a colapsar la sanidad, a saturar los servicios públicos o a aumentar la delincuencia. Estas afirmaciones, repetidas constantemente y sin matices, terminan construyendo una imagen del inmigrante como una amenaza colectiva. El problema es que una democracia no puede construir sus políticas públicas sobre prejuicios ni puede juzgar a millones de personas por las acciones de unos pocos.

Los derechos sociales no deberían depender del origen de una persona, sino de las condiciones establecidas por la ley

Hay que desmontar, por ejemplo, la idea de que los inmigrantes reciben ayudas simplemente por ser inmigrantes. Las personas reciben determinadas prestaciones públicas cuando cumplen los requisitos establecidos por las leyes, y eso debería entenderse como lo que es: el funcionamiento de un Estado social y de derecho. Si alguien defrauda, que sea investigado; si alguien no cumple los requisitos, que no reciba la prestación. Pero utilizar las ayudas sociales para construir la idea de que existe un privilegio reservado a los extranjeros es una forma de manipulación política. Los derechos sociales no deberían depender del origen de una persona, sino de las condiciones establecidas por la ley.

Lo mismo ocurre con la delincuencia. Si una persona inmigrante comete un delito, debe responder ante la justicia. Y si hablamos de delitos especialmente graves, cuando la legislación española lo permita y con todas las garantías jurídicas correspondientes, considero razonable que pueda producirse la expulsión del país de acogida. Quien llega a un país tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Respetar las leyes debe ser una condición básica de la convivencia. Lo que no podemos hacer es convertir el comportamiento de una persona en una acusación contra todo el colectivo al que pertenece.

Un inmigrante que delinque responde por sus actos; no responde por los actos de millones de inmigrantes.

La expulsión de quien comete delitos graves, cuando legalmente proceda, y la criminalización de todos los inmigrantes son dos cosas completamente diferentes. La primera puede formar parte de una política de seguridad y de cumplimiento de la ley. La segunda es simplemente xenofobia. Una sociedad seria debe saber distinguir ambas cosas.

También debemos abordar con seriedad la situación de los menores extranjeros no acompañados. Aquí tampoco ayudan ni la negación del problema ni los discursos simplistas. Un menor que llega solo merece protección y, mientras se determina su situación, debe recibir atención adecuada. Pero el objetivo de las administraciones debería ser, siempre que sea seguro, legalmente posible y responda al interés superior del menor, favorecer la reunificación familiar y el retorno con sus padres o tutores. Los menores deberían estar con sus familias siempre que las circunstancias lo permitan. Los padres tienen una responsabilidad fundamental sobre sus hijos y los Estados de origen también tienen obligaciones respecto a sus ciudadanos menores de edad.

Por supuesto, existen excepciones que deben ser examinadas individualmente: situaciones de persecución, riesgo para la integridad del menor, ausencia de familiares localizables, conflictos armados u otras circunstancias en las que el retorno no sea seguro ni compatible con sus derechos. Precisamente por eso la política debe ser seria y caso por caso, no basada en consignas. Proteger a un menor no significa necesariamente mantenerlo indefinidamente alejado de su familia; en muchas ocasiones, protegerlo significa precisamente conseguir que pueda regresar de forma segura junto a sus padres.

España necesita una política migratoria que combine humanidad con responsabilidad. No podemos aceptar que menores queden atrapados durante años en sistemas de protección que no resuelven su situación familiar, pero tampoco podemos devolverlos automáticamente sin comprobar las circunstancias de cada caso. El interés superior del menor debe estar por encima de cualquier batalla política.

Hay otra realidad que con demasiada frecuencia desaparece del debate: los inmigrantes también sostienen una parte importante de la economía española. Trabajan, cotizan, pagan impuestos, consumen, alquilan viviendas, crean empresas y desempeñan trabajos esenciales para el funcionamiento del país. Muchos trabajan en sectores con salarios bajos y condiciones especialmente difíciles: agricultura, hostelería, limpieza, cuidados, construcción, transporte y otros muchos ámbitos. Hay personas migrantes cuidando a nuestros mayores, trabajando en nuestros campos, atendiendo nuestros restaurantes, limpiando nuestros edificios o desempeñando profesiones altamente cualificadas.

Mientras algunos discursos los presentan como una carga, millones de inmigrantes se levantan cada día para trabajar y sacar adelante a sus familias. No han venido simplemente a recibir de España; también están aportando a España.

La migración no puede gestionarse a golpe de crisis, titulares, improvisaciones o negociaciones coyunturales

Esto no significa negar los problemas. España tiene derecho a controlar sus fronteras, a combatir la inmigración irregular, a perseguir a las mafias que trafican con personas y a exigir que las leyes sean respetadas. Tiene derecho a establecer quién puede entrar, quién puede permanecer y bajo qué condiciones, siempre dentro del marco constitucional, legal e internacional. Y tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Precisamente por eso necesitamos un Gobierno serio.

Y aquí está una de mis principales críticas al Gobierno español actual: considero que está gestionando de manera insuficiente un asunto que exige mucha más planificación, claridad y firmeza. La migración no puede gestionarse a golpe de crisis, titulares, improvisaciones o negociaciones coyunturales. España necesita una estrategia migratoria de Estado, con objetivos claros, recursos suficientes y una política que no cambie dependiendo de quién presione más en cada momento.

Debemos tener un Gobierno serio que no caiga en chantajes.

Ni los chantajes políticos de quienes quieren utilizar la inmigración para obtener réditos electorales, ni los chantajes de quienes pretendan utilizar la llegada de personas a España como mecanismo de presión, ni tampoco las presiones de quienes quieren convertir cada crisis migratoria en una batalla ideológica. Un Gobierno responsable debe ser capaz de tomar decisiones pensando en el interés general, no reaccionando permanentemente ante el último problema o ante quien haga más ruido.

Y gobernar seriamente significa decir también cosas incómodas. Significa reconocer que hay límites en la capacidad de acogida de determinados municipios y comunidades. Significa proporcionar recursos a las zonas que reciben mayores flujos migratorios. Significa ordenar los procedimientos administrativos. Significa combatir las redes de tráfico de personas. Significa acelerar las resoluciones de las solicitudes de protección. Significa garantizar la integración de quienes tienen derecho a permanecer y significa ejecutar los retornos cuando legalmente correspondan.

Pero significa igualmente dejar claro que ningún problema migratorio justifica el racismo.

Cuando un Gobierno no explica bien lo que está haciendo, cuando improvisa o cuando transmite la sensación de no tener control sobre una situación, deja un espacio político que otros ocupan. Y ese espacio está siendo aprovechado por sectores ultras y xenófobos que ofrecen respuestas extremadamente simples a problemas extraordinariamente complejos. Es una dinámica peligrosa: una mala gestión alimenta frustración; la frustración alimenta miedo; el miedo alimenta discursos radicales; y esos discursos terminan normalizando comportamientos que antes hubieran sido considerados inaceptables.

No creo que el Gobierno sea responsable de las ideas xenófobas de cada ciudadano. Cada persona responde por sus propias ideas y actos. Pero un Gobierno sí tiene la responsabilidad de gestionar correctamente los problemas que preocupan a la sociedad. Si no lo hace, si no ofrece información transparente y soluciones creíbles, otros ocuparán ese vacío con discursos de odio.

Y aquí está una de las grandes trampas del debate migratorio: convertir al extranjero en el culpable de todos nuestros problemas.

Si no hay vivienda suficiente, se culpa al inmigrante. Si la sanidad está tensionada, se culpa al inmigrante. Si existen problemas de seguridad, se utiliza la nacionalidad de algunos delincuentes para señalar a todo un colectivo. Si determinados salarios son bajos, se responsabiliza al trabajador extranjero en lugar de analizar las condiciones del mercado laboral. De esta manera, problemas estructurales que requieren políticas complejas terminan reducidos a una explicación fácil: "el problema son ellos".

No. El problema no son "ellos".

El problema es una política de vivienda insuficiente. El problema son determinados mercados laborales precarios. El problema son las deficiencias de algunos servicios públicos. El problema son las mafias que explotan a personas vulnerables. El problema es la delincuencia, venga de donde venga. Y el problema es también una política migratoria que no siempre ha sabido anticiparse a la realidad.

Pero ninguno de esos problemas se resuelve insultando a una persona en el metro porque parece extranjera.

España fue durante décadas un país de emigrantes. Millones de españoles se marcharon a Venezuela, Argentina, México, Cuba, Francia, Alemania, Suiza y otros países buscando trabajo y oportunidades. Algunos fueron recibidos con solidaridad; otros tuvieron que enfrentarse a prejuicios y dificultades. Muchos trabajaron en condiciones difíciles, enviaron dinero a sus familias y construyeron una nueva vida lejos de casa. Algunos nunca regresaron.

Resulta paradójico que una sociedad con semejante memoria migratoria pueda aceptar con tanta facilidad determinados discursos que presentan al inmigrante como alguien que viene a quitarnos lo que tenemos. La diferencia entre "ellos" y "nosotros" muchas veces no está en la condición de emigrante, sino simplemente en el momento histórico en el que nos tocó emigrar.

Yo no puedo mirar esta realidad desde fuera. Cuando escucho hablar de los inmigrantes como una masa homogénea, pienso en mis padres y en todo lo que significó para ellos abandonar España y comenzar una vida en Venezuela. Pienso en mi propia experiencia al salir de Venezuela. Pienso en mi familia, en mis amigos y en tantas personas que han tenido que empezar de cero en un país diferente. Sé lo que significa emigrar. Sé lo que significa dejar atrás una parte de tu vida y comenzar otra con incertidumbre.

Por eso defiendo una política migratoria firme, pero también inteligente y humana. Quiero fronteras controladas, leyes que se cumplan, servicios públicos capaces de responder, integración, seguridad y oportunidades. Quiero que quien tenga derecho a permanecer pueda integrarse y desarrollar su vida con dignidad. Quiero que quien no tenga derecho a permanecer tenga un procedimiento claro y garantías, y que las decisiones de retorno se ejecuten cuando legalmente correspondan. Quiero que quien cometa un delito grave responda ante la justicia y, cuando proceda legalmente, sea expulsado. Pero quiero también que quede absolutamente claro que sus actos no pueden convertirse en una condena colectiva contra todos los inmigrantes.

Y quiero que los menores estén protegidos, pero también que hagamos todo lo posible para que puedan estar con sus padres cuando sea seguro y compatible con sus derechos. La protección de la infancia no debería utilizarse como arma política ni para justificar la inacción ni para defender soluciones automáticas.

Necesitamos, en definitiva, una política migratoria que deje de moverse entre dos extremos: la ingenuidad de quienes creen que cualquier problema se soluciona simplemente acogiendo sin planificación y la xenofobia de quienes creen que todo inmigrante es una amenaza.

Hay un punto intermedio, mucho más difícil, pero también mucho más responsable: orden, control, integración, seguridad y humanidad.

Ese debería ser el camino.

Podemos expulsar a quien comete delitos graves cuando la ley lo permita sin convertir a millones de inmigrantes en sospechosos

Soy emigrante. Soy inmigrante. Y soy español. En mi propia historia familiar se cruzan las tres realidades. Por eso no quiero una España sin inmigración; quiero una España que sepa gestionar la inmigración. Una España que controle sus fronteras sin perder su humanidad, que aplique sus leyes sin discriminación, que castigue al delincuente sin criminalizar al colectivo, que proteja a los menores y que facilite la integración de quienes vienen a construir aquí su futuro.

Pero también quiero un Gobierno que gobierne.

Un Gobierno que no improvise.

Un Gobierno que no tenga miedo de tomar decisiones.

Un Gobierno que no caiga en chantajes.

Un Gobierno que explique a los ciudadanos qué está ocurriendo y qué soluciones propone.

Porque cuando el Estado pierde capacidad para gestionar un problema, otros ocupan ese espacio. Y cuando ese espacio lo ocupan los ultras, los xenófobos y quienes viven de enfrentar a unos ciudadanos contra otros, el resultado puede ser muy peligroso.

La respuesta no puede ser el odio.

La respuesta tampoco puede ser mirar hacia otro lado.

La respuesta debe ser una política migratoria seria, responsable y eficaz.

Porque podemos defender nuestras fronteras sin odiar al extranjero. Podemos exigir el cumplimiento de las leyes sin criminalizar a quienes cumplen. Podemos expulsar a quien comete delitos graves cuando la ley lo permita sin convertir a millones de inmigrantes en sospechosos. Podemos proteger a los menores y trabajar para que regresen con sus familias cuando hacerlo sea seguro. Podemos integrar sin exigir que nadie renuncie a sus raíces.

Y podemos defender la seguridad sin abandonar la humanidad.

La migración no es el problema. El problema aparece cuando no sabemos gestionarla, cuando el Estado no responde y cuando dejamos que el miedo termine convirtiéndose en odio.

Yo sé de dónde vengo.

Sé lo que significa emigrar.

Y precisamente por eso creo que España tiene que ser firme en sus leyes, pero mucho más firme todavía en sus principios.

Porque una frontera puede determinar dónde termina un país.

Pero nunca debería determinar cuánto vale una persona.

Manuel Rodríguez es presidente de La Plataforma Ayuda Venezuela. Aquí puede leer todos sus artículos publicados en www.elindependiente.com