La bandera de la Cuarta Comisión para la Descolonización de la ONU se cayó y, con ella, caímos en la cuenta, una vez más, de que el orden internacional está profundamente quebrado por los intereses de Estados que anteponen la razón de la fuerza a la fuerza de la razón.
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Solo así se explica que un caso clásico de descolonización, donde existe claramente una potencia ocupante y un pueblo ocupado, derive en resoluciones ambiguas que apelan a una "solución mutuamente aceptable". Esto no es otra cosa que la dejación absoluta de funciones por parte de las Naciones Unidas y un intento de forzar negociaciones entre partes con posiciones de partida evidentemente irreconciliables. Es pretender que el reclamo marroquí y el derecho saharaui tienen la misma legitimidad: sorber y soplar al mismo tiempo. Y bien es sabido que esa tibieza solo conduce al bloqueo.

Conviene recordar que la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General no solo defiende la integridad territorial —principio aplicable, por ejemplo, a los casos de Malvinas o Gibraltar—, sino que consagra el derecho inalienable a la autodeterminación. La CIJ, en 1975, no constató vínculos de soberanía territorial que modificaran la aplicación de la Resolución 1514, lo que refuerza que el sujeto de los derechos que deben aplicarse es el pueblo saharaui, no los Estados vecinos.

A pesar de los repetidos e interesados intentos de revisionismo, la autodeterminación es, por definición, la expresión libre y soberana de la voluntad del pueblo a través de un referéndum. La tan cacareada "solución política" no es más que una excusa para evitar mancharse las rodillas en el barro, dejando tirado en él al pueblo saharaui: aplastar al aplastado y financiar al que aplasta.

Hay una España, la oficial, la que firma, explota y cobra, que lleva medio siglo beneficiándose de la ocupación del Sáhara Occidental

Cabe recordar, asimismo, la radical ilegalidad de los Acuerdos Tripartitos de Madrid: un pacto firmado bajo invasión y coacción es nulo de pleno derecho según el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados (arts. 52 y 53). Jamás fueron publicados en el BOE y no eximieron a España de cumplir el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, que impone el "encargo sagrado" de velar por la libre determinación del pueblo saharaui; un deber incólume por más parches legislativos que se hicieran, como la Ley 40/1975 o el Real Decreto 2258/1976.

¿Adónde llevaba la Proposición de Ley 122/000072 a los saharauis? Al revisionismo histórico y a la compra del marco fijado por las leyes coloniales. Al mantenimiento de la supresión de la nacionalidad por origen. Conviene precisar aquí una distinción jurídica básica: la nacionalidad de origen es un derecho, mientras que la carta de naturaleza es una concesión graciable y discrecional. No es lo mismo reconocer un derecho derivado de un vínculo jurídico previo que dispensar una merced administrativa. Nadie planteó la derogación de los parches legislativos porque es un tema tabú en el Congreso de los Diputados. Planteen entonces modificar el CC para introducir a los integrantes y descendientes de integrantes del censo español del 74 dentro de los apartados que conceden la nacionalidad por origen.

¿Qué alternativas tiene España? La única alternativa a la altura de su papel histórico es el cumplimiento de sus responsabilidades, carentes de caducidad, y la derogación de los parches legislativos para con el pueblo saharaui. Efectuar la entrega del territorio a las Naciones Unidas y favorecer la realización del referéndum.

Nos dicen que España es el "primer donante bilateral de ayuda humanitaria", con 12 millones de euros. Calderilla. Calderilla si lo comparamos con la cruda realidad de los negocios.

En diciembre de 2025, antes de la RAN hispano-marroquí, una delegación compuesta por representantes de grandes empresas españolas —Acciona, Barceló Hotel Group, Moeve (Cepsa), IE University, LaLiga, Airbus, CAF, IDRA Group y Baleària— se reunió en Marruecos con contrapartes gubernamentales y empresariales para explorar oportunidades de inversión y operación.

Este despliegue empresarial cuenta con un claro respaldo oficial. De forma paralela, la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), entidad pública dependiente del Gobierno de Canarias, junto con FEDEPORT, organizó una "Misión Empresarial Canaria del sector portuario a Dajla (Marruecos)". Con un coste de inscripción de 500 euros por empresa (incluidos vuelos, hotel y traslados), el objetivo explícito era "posicionar a tu empresa en el desarrollo del futuro puerto de Dakhla Atlantique", un megaproyecto logístico valorado en 1.300 millones de euros. Todo ello se gestionó mediante documentación en la que se detalla que los datos de las empresas participantes serán tratados por entidades coorganizadoras marroquíes.

Conviene decirlo sin eufemismos: hay una España, la oficial, la que firma, explota y cobra, que lleva medio siglo beneficiándose de la ocupación del Sáhara Occidental. Pesca, fosfatos, energía, contratos y proyectos portuarios han encontrado acomodo en un territorio ocupado y en el silencio impuesto a un pueblo al que no se escucha. Eso también tiene costes: de reputación, de coherencia y, sobre todo, morales. Mientras no se cumpla el artículo 73 de la Carta y se deje decidir al pueblo saharaui, España solo aplaza el problema a costa de un pueblo que sigue a los pies de los caballos. Y el aplazamiento, como la indiferencia, también se acaba pagando. ¿O es que el latrocinio sobre un pueblo no pesa?

No hay atajos. No hay "solución política" que no sea la voluntad libre y soberana del pueblo saharaui

Que no nos tomen el pelo. Voy a remitirme a los hechos y a lo que vi de primerísima mano, frente a mis propios ojos: fui yo mismo quien entregó en mano el documento de queja formal a la persona encargada del Registro para que lo llevara a la Mesa. Era una queja formal firmada por 27 peticionarios. La Presidencia es quien dirige la sesión y, reglamentariamente, esa queja debía haberse circulado entre las delegaciones y debía haberse dicho en la sesión que se había recibido. No se hizo. Tampoco se ha enviado acuse de recibo por correo electrónico; hasta el momento, no hay respuesta. Sin embargo, la Presidencia de la Cuarta Comisión giró la cara, extendió la mano y se negó categóricamente a leerlo en el plenario, pidiendo que se enviara "por correo". Una negligencia institucional que ha escandalizado al propio personal de trabajo de las Naciones Unidas, que poco puede hacer ante el inmovilismo sistémico. Una auténtica estructura mafiosa: el sistema está diseñado para no leernos.

Asimismo, presenciamos cómo la delegación española tomó la palabra, algo que no ocurría desde hacía varios años, para desmentir tajantemente a aquellos intervinientes que pretendían hablar en nombre de España, un gesto de notable trascendencia política que fue secundado posteriormente por la delegación de Siria.

En la carta de Jaime de Piniés de 1976, España asumió que la opinión de los saharauis debía prevalecer. Hoy, la diplomacia española sacrifica ese principio en el altar de la "solución política". ¿Qué papel le queda a las Naciones Unidas? ¿Qué cometido asume España? Pretende que el pueblo ocupado negocie su propia rendición con la potencia ocupante. Es una neutralidad impostada: la equidistancia, sin moral ni escrúpulos, entre el agresor y el agredido, entre el secuestrador y el secuestrado. ¿Realpolitik? Complicidad. La complicidad también tiene costes, pero, sobre todo, tiene precio.

El agua pasada no mueve molinos, pero conviene recordar lo ocurrido para mensurar los hechos. La legalidad no se extingue por una comunicación unilateral. El artículo 73 de la Carta impone el "encargo sagrado" de velar por la libre determinación, y ese deber no tiene cláusula de caducidad. La propia ONU mantiene al Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos. La condición de potencia administradora no se pierde por retirada física, sino por el cumplimiento efectivo del encargo. España sigue siendo la potencia administradora ante la Cuarta Comisión.

Dirán que el referéndum es inviable porque Marruecos lo bloquea. El referéndum es inviable porque quienes tienen poder para obligar a Marruecos no lo hacen. La pregunta no es si es viable hoy, sino quién se beneficia de que no lo sea.

La autonomía no es una solución de descolonización, sino una fórmula de integración que perpetúa la soberanía marroquí sobre un territorio ocupado. La autonomía no ofrece "libertad real" al pueblo saharaui, porque la libertad se funda en la autodeterminación, no en la descentralización administrativa dentro de un Estado que ocupa el territorio.

Como señala Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional, por primera vez en veinte años (desde 2006), la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU ha aprobado su proyecto de resolución sobre el Sáhara Occidental sin consenso. En 2006, el texto se aprobó sin votos en contra, pero con 91 abstenciones; en 2026, la votación se ha saldado con 7 abstenciones y 2 votos en contra. La paradoja es que Marruecos votó a favor, no se sabe si para intentar no mostrarse aislado o por error, mientras que han sido precisamente sus principales aliados, Estados Unidos e Israel, quienes han votado en contra.

No hay más. No hay atajos. No hay "solución política" que no sea la voluntad libre y soberana del pueblo saharaui.

Todo se diluye en el humo de los negocios y el silencio bajo las cascadas de la angustia. Un lamento que dura medio siglo, ante el que España permanece indiferente. Caen del árbol las hojas marchitas de la generación del exilio, que tocó con sus manos la libertad en su tierra, avistó los luceros y olió la sal del mar Atlántico que baña el occidente saharaui.

Héctor Bujari Santorum, activista por el Sáhara Occidental