Un juzgado de Sevilla ha procesado a nueve personas por un presunto fraude millonario en subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación y ha fijado una fianza de 3,14 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias en el caso de ser condenados en el futuro. Los encausados se enfrentan a peticiones de entre 6 y 12 años de prisión por un delito de fraude de subvenciones y otro continuado de falsedad en documento mercantil.

La resolución judicial supone un golpe a la línea de flotación del argumentario sobre el escándalo de la formación de la Administración autonómica y del PSOE-A -partido que sólo admite desorden y reduce el caso a «irregularidades administrativas»- y coincide en el tiempo con el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus dictámenes de conclusiones con las que se cerrará la comisión de investigación creada en la Cámara autonómica para depurar responsabilidades políticas por el fraude de los cursos. Precisamente el principal encausado, el empresario José Sivianes Sánchez, fue uno de los comparecientes.

En un auto dictado el pasado 4 de julio, conocido este jueves, el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla abre juicio oral contra una presunta trama dirigida por Sivianes Sánchez, que recibió ayudas por importe superior a los cinco millones de euros entre 2010 y 2012 para desarrollar acciones formativas en las que se han constatado numerosas irregularidades. Entre los procesados se encuentran también la mujer de este empresario –Ana María Rodríguez- y el hijo de un histórico alcalde socialista de Lebrija (Sevilla).

Tras investigar los hechos, la magistrada Patricia Fernández Franco concluye que “gran parte del dinero defraudado se canalizó” mediante la simulación de la cesión del servicio de docencia, la duplicidad de las horas facturadas y operaciones de ampliación de capital que “no son sino mecanismos ficticios”.

El empresario llegó a tener hasta tres contables para justificar las ayudas

En su escrito de conclusiones, la Fiscalía explicó que Sivianes y su empresa Formación Integral para el Empleo SL “desarrollaban una misma actividad a pesar de presentarse en el tráfico jurídico como dos empresarios legalmente diferenciados”. Y ello, según el Ministerio Público, porque ambos “se dedicaban a impartir cursos de formación profesional, en su mayoría subvencionados por la Junta, contando con las mismas fuentes de ingresos, los mismos proveedores y los mismos locales destinados destinados a la impartición de los referidos cursos de formación”.

En el auto por el que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado el pasado 19 de noviembre, la juez llamó la atención sobre el hecho de que Formación Integral para el Empleo tuviera “contratado un contable que sabía justificar cursos de formación”, llegando a tener “hasta tres contables”.

Ahora, la instructora envía el caso a un juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento al apreciar indicios de fraude de subvenciones, “por haberse falseado las condiciones requeridas para la concesión de las mismas en un importe superior a los 120.000 euros”, y un delito continuado de falsedad documental.

Para intentar asegurar las responsabilidades pecuniarias en caso de condena futura, la juez dio un día para que el matrimonio Sivianes Rodríguez y la empresa Formación Integral para el Empleo prestaran fianza por importe total de tres millones de euros bajo amenaza de embargo. Para los otros siete encausados, la caución se fijó en 20.000 euros cada uno. Hasta ahora, sólo dos acusados han designado bienes o participaciones a efectos de embargo.

La instructora ha rechazado la petición de José Sivianes y Ana María Rodríguez para que se le devolvieran las llaves de la caja de seguridad cuyo registró autorizó en el curso de la investigación.