La decisión de la instructora del caso ERE de archivar la pieza correspondiente a la ayuda concedida por la Junta de Andalucía a Azucareras Reunidas de Jaén SA para sufragar las prejubilaciones de 54 trabajadores, al concluir que los hechos no son constitutivos de delito, puede suponer el carpetazo a un centenar de piezas separadas y adelgazar a la mitad esta macrocausa que se investiga desde hace casi seis años.

En un auto fechado el pasado 11 de octubre, la magistrada Núñez Bolaños ha dado un giro a la instrucción del caso y sobreseía esta rama al no apreciar conductas prevaricadora ni malversadora en la actuación de los tres ex altos cargos de la Administración autonómica imputados en esta pieza -los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera- como sí entendía su antecesora, la juez Mercedes Alaya.

Núñez Bolaños ha establecido que, aun cuando se hubiera utilizado un procedimiento «inadecuado o ilegal» para el otorgamiento, las ayudas «en ningún caso puede considerarse injustas», puesto que se concedieron «a una empresa en crisis, con una necesidad justificada y a unos trabajadores que reunían todos y cada uno de los requisitos para ser beneficiarios de la misma». La última palabra la tendrá la Audiencia de Sevilla si, como es previsible, la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto.

La juez Núñez Bolaños ya ha enseñado el camino: si no hay intrusos en el ERE no ve causa penal

En la resolución, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla enseña el camino que previsiblemente seguirá a partir de ahora: si no hay intrusos en la póliza de prejubilaciones asociada al ERE financiado por la Junta de Andalucía y el dinero se destinó a los fines para los que se otorgó, no hay causa. Ello puede tener una notable consecuencia en el caso, a cuya división se opuso reiteradamente Alaya frente al criterio del Ministerio Público.

El 15 de junio de 2015, justo un día antes de dejar el juzgado para incorporarse a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la magistrada Mercedes Alaya acordó elevar un oficio al Tribunal Supremo con el que adjuntó el listado de los 70 falsos trabajadores que, después de casi cuatro años y medio de instrucción, se habían descubierto. En concreto, la investigación había revelado que se habían colado intrusos en una veintena de ERE. A saber: Hitemasa, Cenforpre, Saldauto, Surcolor, Intesur, Cerámica Syre, A Novo Comlink, Samec, FCC-Cespa, Restaurante Río Grande, Calderinox, Aglomerados Morell, Invirsal, Springer Arteferro, Acyco, Matadero de Fuente Obejuna, Hotel Cervantes, Grupo Dhul, Primayor y la Faja Pirítica de Huelva.

La Junta concedió ayudas sociolaborales a trabajadores de 120 empresas en diez años

Según consta en las actuaciones, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social -dependiente de la Consejería de Empleo- firmó convenios con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para que materializara el pago de ayudas sociolaborales a trabajadores de 120 empresas andaluzas entre los años 2000 y 2010, si bien es verdad que en algunos casos se trataba de subvenciones directas a empresas camufladas como ERE.

A la espera de que se incorporen a la causa los atestados elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras analizar ayuda por ayuda, en un centenar de subvenciones no se ha acreditado hasta ahora la existencia de intrusos, lo que podría determinar en un futuro su archivo si la magistrada mantiene su criterio y una instancia superior no revoca el auto por el que sobreseyó la pieza de Azucareras Reunidas de Jaén.

Cierto es que esa ayuda presenta una singularidad: fue una de las cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo. «No se puede admitir, ni siquiera como razonable, que la misma ayuda que recibe un trabajador, cofinanciada por el Ministerio y la Junta de Andalucía, sea a la misma vez justa e injusta, dependiendo del procedimiento utilizado, porque sea cual sea el procedimiento la ayuda la recibe su legítimo beneficiario», sostiene la juez.

El PP alerta de que la decisión puede ser una «amnistía penal» para muchos investigados

El criterio de la magistrada es compartido por los letrados de la Junta de Andalucía. Como defendió en su escrito de conclusiones provisionales de la pieza política, con el que pedía el archivo de la rama clave del caso, la representación jurídica de la Administración autonómica circunscribe la malversación “a los pagos efectuados a los denominados intrusos».

No así por parte de la acusación popular que ejerce el PP andaluz, que ha presentado un recurso ante la Audiencia de Sevilla para que deje sin efecto la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla de sobreseer la pieza de Azucareras Reunidas al entender que abre la puerta a una «amnistía penal» para muchos de los investigados en este caso de corrupción.

Discriminación

En su apelación, los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster refutan el argumento de la instructora de que no concurre el elemento de injusticia en la concesión de las ayudas -uno de los requisitos que fija la jurisprudencia del Tribunal Supremo para la comisión del delito de prevaricación- e, inspirándose en Aristóteles, sostienen que la injusticia es patente por la desigualdad de trato y la discriminación a otros andaluces que estando en las mismas condiciones no se beneficiaron de estas subvenciones por desconocer la existencia de esta línea de apoyo de la Administración.

Las ayudas con cargo al 31.L o fondo de reptiles no se publicaban en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Tampoco se cumplían otros requisitos exigibles como la «concurrencia y objetividad», como han puesto de manifiesto los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en su informe.

Nuevas imputaciones

Pese al golpe de timón que ha dado a la instrucción del caso ERE al defender esta nueva tesis, frente al criterio mantenido por su antecesora en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Núñez Bolaños sigue desgajando nuevas ramas de la causa matriz en las que no se ha constatado hasta ahora la existencia de intrusos o falsos trabajadores. En una providencia dictada el pasado 5 de octubre, la juez acuerda la apertura de 48 piezas para investigar otras remesa de subvenciones que se pagaron con el fondo de reptiles. Entre ellas figura la correspondiente a Yogures Andaluces para la prejubilación de 54 trabajadores, después de que la Fiscalía Anticorrupción le urgiera a llamar a siete personas en calidad de investigadas ante la inminencia de la prescripción y, por tanto, la posibilidad de depurar eventuales responsabilidades penales.

Según informa Europa Press, la magistrada ha dictado un auto por el que imputa a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, el conseguidor Juan Lanzas, el ex consejero delegado de Corporación Alimentaria Peñasanta SA (Capsa) Pedro Astals Coma y los antiguos directivos de Yogures Andaluces Juan Carlos Marín Domínguez y Eloy Martín Fernández por esta subvención de casi 6,4 millones de euros, otorgada en vísperas de que Capsa -propietaria de Central Lechera Asturiana- llevara a cabo la fusión por absorción de la compañía andaluza. La juez entiende que los hechos investigados «podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», por lo que libró un oficio a la UCO para notificar «de inmediato» las imputaciones a las personas señaladas.

La duda es si a los investigadores policiales les ha dado tiempo de localizar el domicilio de las tres personas imputadas que no estaban personadas en la causa todavía y entregarles las notificaciones antes del 9 de octubre, el día en que se cumplían los 15 años desde que se abonó la ayuda y por tanto cuando prescribía la responsabilidad penal. Superado ese plazo, el juzgado ya sólo podrá llamar a las siete personas investigadas como responsables civiles directos en su condición de partícipes a título lucrativo, en aplicación del artículo 122 del Código Penal.