Una entidad social que tiene embargada su sede por deudas superiores a los 165.500 euros, entre otras con la Tesorería General de la Seguridad y Hacienda, ha sido preseleccionada por la Junta de Andalucía para recibir una subvención destinada al fomento del consumo responsable. La Administración autonómica asegura que, si en la revisión de la documentación no acredita que está al corriente en su obligaciones, “quedará excluida” y no recibirá el dinero.

El Servicio de Educación y Promoción de los Consumidores -dependiente de la Consejería de Salud- dio a conocer el pasado 13 de octubre la propuesta provisional de concesión de ayudas a asociaciones, organizaciones y federaciones de asociaciones para la realización de programas que contribuyan a impulsar el consumo responsable y solidario en Andalucía durante 2016. La cuantía de las tres líneas de subvenciones ascendía a 1.451.000 euros.

En principio, una de las cuatro entidades beneficiarias de las ayudas concedidas por los servicios centrales de la Dirección General de Consumo es la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), organización constituida en 1985 y afín al PSOE. En concreto, la propuesta provisional prevé el otorgamiento de una subvención de 39.033 euros, el 90% del coste en que ha presupuestado las tres actividades que pretende desarrollar: la reedición de la guía didáctica La gestión alimentaria y otros aspectos relevantes en el consumo responsable y la realización de los microrreportajes El despilfarro de alimentos y Consumo colaborativo: El intercambio de bienes y servicios.

Las anotaciones de embargo son de la Seguridad Social, Hacienda y un trabajador

Según consta en el Registro de la Propiedad, sobre la totalidad de la sede de UCA-UCE -sita en el número 30 de la sevillana calle Relator- constan tres anotaciones de embargo de tres acreedores distintos que totalizan 165.526,42 euros. La más antigua, fechada el 16 de enero de 2015, corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social: 29.607,13 euros (recargos de apremio, intereses y costas incluidos).

A éste se suman otro de la Hacienda Pública por importe de 81.085,67 euros anotado el 13 de julio pasado y un tercero -de fecha 19 de septiembre de 2016- en ejecución de sentencia promovido por un antiguo trabajador que le ganó un pleito en el Juzgado de lo Social 5 de Sevilla y que pretende cobrarle la entidad 54.833,62 euros.

La orden de 5 de octubre de 2015 por la que se aprobaron las bases reguladoras de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por la que se rige esta convocatoria, establece en su artículo 3.3.e que no pueden ser beneficiarias las personas o entidades que no se hallen “al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social”, con lo que UCE se presentó sabiendo que incumplía al menos uno de los requisitos que se exigían para obtener la ayuda.

A preguntas de El Independiente, un portavoz de la Consejería de Salud -de la que depende la Dirección General de Consumo- dijo que se trata tan sólo de una “propuesta provisional de resolución” y que cuando la entidad se presentó a la convocatoria reunía, “en principio”, todos los requisitos exigidos para participar. No, desde luego, el de estar al día con Hacienda y la Seguridad Social.

“Es en la siguiente fase del procedimiento, que se está tramitando actualmente, antes de la resolución de la concesión definitiva de la subvención, cuando todas las entidades provisionalmente beneficiarias deben aportar toda la documentación exigida, entre la que se encuentra estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Si dicha documentación no acredita tal extremo, la entidad quedará excluida en la resolución definitiva y no recibirá ayuda alguna”, indicó.

La entidad culpa de su situación a la Junta de Andalucía por no darle ayudas desde 2013

El presidente de la UCA-UCE, Juan Moreno, achacó las dificultades económicas en que se encuentra la entidad al hecho de que la Junta de Andalucía no le conceda ayudas desde 2013, lo que les ha obligado a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Según Moreno, la organización pleitea en los tribunales con la Seguridad Social por una discrepancia sobre la tributación de las indemnizaciones que reciben sus representantes por participar en órganos consultivos de la Junta y trata de que no prospere el expediente de reintegro que le abrió la Administración autonómica por una ayuda concedida en 2005 que ellos consideran ya prescrito.

La Dirección General de Consumo, dependiente entonces de la Consejería de Gobernación, firmó un convenio de colaboración el 5 de julio de 2005 con la UCA-UCE mediante el que le concedía una subvención excepcional por importe de 12.000 para financiar el desarrollo de un programa de actividades con motivo del XX aniversario de la constitución de esta organización social. El otorgamiento de esa ayuda se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 4 de agosto de 2005.

Gastos indebidos

Cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía fiscalizó esa ayuda detectó que se habían imputado facturas de gastos que no tenían relación directa con el fin para el que fue concedida, como cuotas de Seguridad Social de toda la plantilla, el suministro e instalación de material informático y otros servicios relacionados con actividades que ya eran subvencionadas en otras líneas por un importe de al menos 7.340 euros.

El organismo fiscalizador no pasó por alto el hecho de que, a pesar de ello, la Consejería de Gobernación emitiera un certificado con el que, tras analizar los justificantes aportados por el beneficiario, daba por acreditado que la subvención se había aplicado a la finalidad para la que se concedió.

Pleitos en los tribunales

El presidente de la organización de consumidores reconoce que si no reciben sentencias favorables antes de que tengan que acreditar que están al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social tendrían que renunciar a esta subvención para financiar las citadas actividades en lo que queda de año.

Junto a UCA-UCE, también figuran como beneficiarios provisionales en esta línea de ayudas la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa Al-Ándalus (110.710,89 euros), la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción Facua-Andalucía (64.542,60 euros) y la Federación de Asociaciones de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Andalucía Adicae-Andalucía (18.366,92 euros).