El juzgado de Sevilla que investiga el presunto fraude en los cursos de formación ha reclamado a la Junta de Andalucía que aporte un informe que le encargó hace casi dos años y que puede arrojar información relevante para el avance de la instrucción. No es la primera vez que los jueces tienen que reiterar requerimientos de documentación por la tardanza en su entrega a la Administración autonómica, que presume de colaborar «en tiempo y forma» con las peticiones que le formulan los tribunales de justicia.

En una providencia fechada el pasado 23 de noviembre, a la que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada María Núñez Bolaños atiende la petición del Ministerio Fiscal y acuerda librar un oficio a la Dirección General de Formación para el Empleo –dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio– “a fin de recordar la elaboración del informe que le fue requerido el pasado 2 de febrero de 2015”.

En concreto, la petición de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla se enmarca en la instrucción de la pieza separada en la que se investigan las ayudas que la Junta otorgó al conglomerado vinculado al empresario José María Pérez González, formado por las sociedades Asociación para el Fomento y la Formación de la Agroganadería Andaluza (Affoan), Agri Res 2 SL, Korays Dos Consultores SL, Dinosol Supermercados SL, Creaciones Samaral SL, Centro de Formación Profesional de Andalucía Abisur SL, Andalucía Polivalentes SL y Profrío SL.

Entre las ayudas cuyo estudio se pedía están las de la esposa de un ex dirigente del PSOE-A…

En un oficio fechado el 2 de febrero de 2015, el grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió a la juez Mercedes Alaya –antecesora de Núñez Bolaños en Instrucción 6 de Sevilla– que dirigiera un mandamiento a la Dirección General de Formación para el Empleo para que procediera al estudio de 103 expedientes concretos correspondientes a 17 beneficiarios. Alaya cursó la petición una semana después, reiterándolo ahora su sucesora al cabo de casi dos años al no haber llegado aún.

Entre las ayudas cuyo estudio solicitaba la juez a la Junta de Andalucía a instancia de los investigadores policiales figuraban las que recibió la empresa Aulacen Cinco SL, cuya administradora única es la esposa del ex número dos del PSOE-A Rafael Velasco (Antonia Montilla). Entre los 11 expedientes de los que fue beneficiaria esta compañía cordobesa se incluye al que la mujer del ex dirigente socialista cargó al menos un recibo de la luz de la vivienda familiar.

En la liquidación final del curso correspondiente al expediente 98/2007/J/373, Aulacen Cinco imputó a gastos de ‘energía y mantenimiento’ 888,51 euros, de los que 595,47 euros correspondían a dos facturas emitidas por Sevillana-Endesa: una de 187,24 y otra de 408,23 euros.

…y las de la empresa que administró un actual integrante de la ejecutiva que lidera Susana Díaz

Como desveló El Mundo de Andalucía el pasado mes de mayo, en la segunda factura aparece como titular Antonia Montilla -no Aulacen Cinco, la beneficiaria de la ayuda- y el punto de suministro coincide con el domicilio del matrimonio Velasco Montilla en la aldea cordobesa de La Carlota donde residen.

Igualmente, se reclamaba que se estudiara una decena de expedientes de subvenciones para acciones formativas concedidas por la Administración andaluza a la empresa cordobesa Fumigación Aérea Andaluza (Faasa Aviación), así como otras dos ayudas a una compañía que administró un integrante de la comisión ejecutiva regional del PSOE que lidera Susana Díaz: José Fernández de los Santos.

Concretamente, el informe encargado a la Dirección General de Formación para el Empleo debía arrojar información acerca de dos ayudas -por un montante de 301.875 euros- otorgadas a Multiservicios y Limpiezas Doñana SL, que tuvo como administrador a Fernández de los Santos antes de reincorporarse a la vida política. Hoy es vicepresidente de Hacienda en la Diputación de Huelva.

«Relaciones» con altos cargos

“Esta empresa, al igual que otras que pertenecen a los entramados [empresariales] investigados, carecería de instalaciones adecuadas para realizar dichos cursos, pero sí disfrutaría de relaciones con determinados cargos de la Administración. En concreto, su administrador, en los ejercicios en los que se recibieron las subvenciones, era José Fernández de los Santos, el cual ha desempeñado, en distintas épocas, cargos en el Ayuntamiento y Diputación de Huelva, además de ejercer en la actualidad el cargo de Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca en la ejecutiva regional del Partido Socialista”, expone la UCO en el oficio en el que pedía al juzgado que encargara el informe a la Junta de Andalucía.

Los investigadores también reclamaban el estudio y análisis de ayudas concedidas al grupo de empresas de José Sivianes, procesado el pasado mes de julio por otro juzgado de Sevilla por fraude en subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación. Sivianes y su empresa Formación Integral para el Empleo SL recibió más de cinco millones de euros en subvenciones entre 2010 y 2012.