Hasta hace una semana, cualquier miembro del Gobierno al que se preguntara por la posibilidad de que el Ejecutivo tuviera que echar mano del artículo 155 de la Constitución para frenar la celebración de un eventual referéndum ilegal se limitaba a responder «eso no sucederá». Pero tres elementos han obligado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a abandonar la flema gallega: la amenaza por parte del Govern de adelantar la celebración del referéndum si Carme Forcadell es inhabilitada, las explosivas declaraciones del juez Santiago Vidal y, sobre todo, el sí de la CUP a los Presupuestos, que da alas al Ejecutivo de Carles Puigdemont para seguir adelante con sus planes.

En esta tesitura, los catalanes han visto entre preocupados y asombrados la escalada de declaraciones que en la última semana han dado al traste con la Operación Diálogo encabezada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no es optimista. Señala con preocupación que «debemos creer que el president Puigdemont cumplirá lo que dice y ya ha dicho que si avanza la judicialización avanzará el calendario del referéndum». Una amenaza que Puigdemont ha ligado tanto al juicio a Forcadell como al del 9-N, que este lunes abre su fase oral contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. El dirigente socialista cree que entra dentro de la más absoluta normalidad «que el Gobierno diga que va a hacer cumplir la ley, no puede hacer otra cosa, el problema es si la Generalitat se saltará la ley», concluye.

Teresa Freixes, presidenta de Concordia Cívica y catedrática de Derecho Constitucional, reconoce también la preocupación por la aceleración de la Generalitat, pero «el Estado va a actuar y eso reconforta», afirma. Lo que queremos transmitir desde nuestra organización -en la que se integran grupos de empresarios, periodistas, juristas u organizaciones civiles en contra del proceso independentista- es que «hay que afrontar el reto y confiar en que el Estado de Derecho funciona», apunta.

Uno de los motivos de mayor preocupación para esta jurista es la posibilidad de que la Generalitat opte por realizar una consulta independentista de forma simultánea a las elecciones autonómicas, situando una segunda urna, como propuso el regidor de Barcelona Jaume Asens. Una opción que rechazó la portavoz del Govern, Neus Munté, pero que Freixes no da por definitivamente superada. Y señala las dificultades de «explicar a la ciudadanía» lo ilícito que eso supondría, aunque considera que es imprescindible empezar a abrir estos debates.

Sabrià: «Esta escalada era previsible, nunca hemos creído en la Operación Diálogo»

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià asegura convencido que el elemento determinante es la aprobación del presupuesto. «A partir de ahí el Gobierno asume que la apuesta por el referéndum va en serio, hasta ahora creían que era una hipótesis remota». Para Sabrià la amenaza de acelerar el calendario «no es tan importante porque siempre hemos dicho que para nosotros la fecha ideal es septiembre, pero si acabamos teniendo una presidenta del Parlament que no puede entrar en la cámara por haber permitido votar eso lo cambia todo». El portavoz republicano cree que la escalada verbal de esta semana «era previsible, nunca hemos creído en la Operación Diálogo, no porque no quisiéramos dialogar, sino porque no había nadie al otro lado». Hemos pasado «de la Operación Diálogo a la Operación Precinto» concluye.

Soraya mantiene su agenda en Cataluña

La número dos del Gobierno no ha tirado definitivamente la toalla, y prueba de ello es la visita que ayer realizó a las obras de los nuevos accesos ferroviarios al Aeropuerto del Prat. Una infraestructura vital y una de las más demandas en Cataluña, con la que la vicepresidenta quiere demostrar que no es cierta la indiferencia gubernamental a las necesidades de esta comunidad. Pero su objetivo ha variado. El Gobierno parece haber asumido que la Generalitat es un muro y opta por acercamientos a los partidos de la oposición -con la entrevista con la líder de C’s, Inés Arrimadas- y a estamentos de la sociedad civil catalana a los que intenta incorporar al lado del constitucionalismo.

También el delegado del Gobierno, Enric Millo, insiste en el compromiso gubernamental con el diálogo, señalando que ésta es la única vía para solucionar los problemas de los catalanes. Y recuerda que esas preocupaciones se centran, según el CEO de la Generalitat, en políticas sociales, sanidad, economía y paro, mientras el autogobierno está en el número 17 de las preocupaciones de los catalanes. Pero también reconoce implícitamente que la situación se ha tensado, y ya no descarta el recurso, en última instancia, al artículo 155 de la Constitución.