El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha desplegado una batería de datos ante los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo que ponen de manifiesto que la reforma de las pensiones aprobada en 2013 permitirá contener el gasto, pero a costa de una pérdida de poder adquisitivo del 7% de los pensionistas hasta 2022 si no se introducen nuevos cambios que lo remedien.

El diagnóstico realizado por la AIReF, que actúa como auditor independiente del Gobierno, es preocupante. La Seguridad Social cerrará el año 2016 con un déficit del 1,7% del PIB, unos 16.000 millones, dentro de los objetivos previstos, pero en las actuales circunstancias no podrá cumplir con el 1,4% fijado para 2017. Además, en un escenario de ausencia de medidas, este déficit se mantendrá constante a lo largo de los próximos años, de mod0 que en 2019, cuando el déficit público del Estado se estabilice en un 2,5% del PIB, la aportación de la Seguridad Social a ese desequilibrio será del 60%.

Esta situación es resultado del desbordamiento del gasto en pensiones desde 2008 hasta hoy, momento en el que esta partida se come anualmente el 11% del PIB. Las razones son varias, desde el avance de una población envejecida, hasta el retroceso de la entrada de inmigrantes, pasada por el frenazo de la natalidad producido por la crisis.

Con esos mimbres, las previsiones de la AIReF apuntan a que solo en un escenario «extraordinariamente favorable» de podrá ir corrigiendo el problema financiero de la Seguridad Social. Pero la cosa no irá a peor porque la introducción del índice de revalorización de las pensiones de 2013 permitirá al menos que el gasto en pensiones se mantenga estable en los próximos años.

Sin embargo, esto tendrá una contrapartida para los pensionistas: contando con una inflación alrededor del 1,8%, en línea con el objetivo del BCE, y contando con un crecimiento estabilizado del 2%, la aplicación del índice de revalorización de las pensiones no permitirá subidas anuales de las prestaciones de más del 0,25% durante el próximo lustro. En consecuencia, los pensiones empezarán a perder poder adquisitivo hasta acumular una pérdida del 7% acumulada entre 2013 y 2022.

Unos 200 euros menos de pensión

Escrivá ha concretado esta caída del poder adquisitivo en cifras. Tomando la Encuesta de Vidas Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha indicado que la pensión media de 1.300 euros de 2013 se incrementaría hasta los 1.550 euros sin la aplicación de la última reforma, mientras que se mantendría estable con la aplicación del índice de revalorización de las pensiones. Esta evolución dispar, ha dicho, sería la misma en el caso de la tasa de reposición de los salarios (el porcentaje del último salario que se refleja en la pensión).

¿Cuál es la solución? Hacer algo. Sin embargo, el presidente de la AIReF se ha ceñido a su papel de auditor y ha evitado aconsejar medidas. Lo que al menos ha indicado es que, el déficit de la Seguridad Social demanda una aportación de ingresos adicionales al sistema de 1,5 puntos del PIB al año para poder equilibrar el sistema.

En todo caso, ha dicho, hay vías para hacerlo como «aumentando las transferencias del Estado, reduciendo el gasto o incrementando las cotizaciones».