El nombramiento de Vicenç Sanchís (Valencia, 1961) como director de la televisión autonómica TV3 ha caído como una auténtica bomba en Cataluña, y no tanto entre los medios y partidos de la oposición -que dan por descontado el control soberanista sobre el ente público- como entre los trabajadores de la cadena autonómica y los socios de gobierno de la ex convergencia, conscientes de que les «han metido un gol». Hacía meses que se rumoreaba sobre la voluntad del PDCat de relevar a Jaume Peral al frente de la tele pública, pero el detonante ha sido el tratamiento que la autonómica ha hecho en las últimas semanas de los casos de corrupción que afectan a Convergencia.

El relevo ha premiado a uno de los periodistas en activo con una trayectoria más firmemente ligada a CDC, que será el responsable de comandar ahora una redacción mayoritariamente a favor del proceso independentista, pero probablemente con más simpatías por ERC que por los herederos de Jordi Pujol. Una división que en mayor o menor medida se reproduce entre los medios abiertamente independentistas, que empiezan a reflejar las tensiones que vive la coalición gubernamental de JxS. ERC y el PDCat habían maniobrado antes por el control de los rotativos ARA y El Punt, así como los digitales Mon.cat y Nació Digital, pero TV3 es la joya de la corona. A pesar de su cuota de pantalla en descenso -con un 10,6% lleva más de medio año en tercer lugar en las preferencias televisivas de los catalanes, por detrás de Telecinco y Antena 3-, sus informativos siguen siendo los más seguidos en esta comunidad.

Los precedentes: juicios televisados de corrupción

El viernes anterior a la renuncia de Peral, el portavoz ex convergente en la comisión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Jordi Cuminal, le afeaba al director de TV3 que la cadena tuviera como fuente de información El Mundo, «un periódico que se ha demostrado que publica mentiras». Se trataba de la información sobre la confesión de uno de los implicados en la trama del 3%, que, por primera vez, habría implicado al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Días después llegaba la dimisión de Peral y el nombramiento de Sanchís, acogido con recelo en todos los ámbitos. El Comité de Empresa y el consejo profesional del TV3 le recibieron con una Asamblea de trabajadores que concluyó con la aprobación del manifiesto TV3, plural y para todo el mundo. Todo un aviso para navegantes en el que los trabajadores del ente volvían a clamar contra la «gubernamentalización y la partidización de los medios públicos».

El Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC) por su parte, apuntó tras conocerse el nombramiento que «no es una buena señal para la independencia profesional, la pluralidad y la apertura de la CCMA». El sindicato señaló además la coincidencia del relevo con el protagonismo mediático «muy inconveniente para los dirigentes de la antigua Convergencia» y advirtió de que «la buena cobertura informativa de estos juicios no puede verse interferida por decisiones extra periodísticas».

El Sindicato de Periodistas apunta que el nombramiento de Sanchís «no es una buena señal para la independencia profesional, la pluralidad y la apertura de la CCMA»

Aunque una de las críticas más duras ha sido la del Grupo de Periodistas Ramon Barnils, presidido por el periodista Ferran Casas, próximo a ERC. En un comunicado, esta organización advertía de que el sistema de elección del director de TV3 permite la injerencia política en la televisión pública y expresa su preocupación por un nombramiento «cuyas causas no han sido explicadas y que se produce en un momento político y judicial muy complicado».

Consejo en funciones desde hace dos años

La clave que explica la facilidad con la que un PDCat en horas bajas ha impuesto a su candidato con esta facilidad está en el Consejo de Gobierno de la Corporación, un organismo integrado por seis miembros, de los que tres están en funciones desde hace dos años, y en el que los ex convergentes cuentan con una mayoría absoluta que no tiene correspondencia parlamentaria.

En 2012, un pacto de CiU y el PP modificó el sistema de elección de los miembros del Consejo, que hasta entonces se tenía que hacer con dos tercios del pleno del Parlament, para pasar a decidirse por mayoría absoluta en segunda votación. Esto permitió a CiU controlar el gobierno de los medios de comunicación de la Generalitat mientras la formación nacionalista tuvo el control en solitario de la cámara catalana y al PP mantener a su representante. Desde entonces Convergencia, ahora PDCat, controla un organismo en el que ha habilitado además el relevo irregular de su presidente, Brauli Duart, por la también nacionalista Nuria Llorach, escogida en el propio Consejo sin la participación del Parlament, que es quien según la ley debe escoger al presidente de la CCMA. Ciudadanos, primer partido de la oposición con 25 diputados no ha podido hacer valer su nuevo peso por el bloqueo en el Consejo, en el que el representante del PP, Armand Querol, lleva 18 años.

Tanto el Comité de Empresa como los sindicatos y grupos profesionales han denunciado reiteradamente esta situación, que el PSC y C’s quieren revertir volviendo a la mayoría de dos tercios para escoger al presidente de la Corporación, pero de momento ERC sigue avalando la postura del PDCat en este ámbito.

El coste del control de los medios

Los costes del entramado público de medios de la Generalitat son conocidos: un contrato programa de 230 millones de euros anuales para sufragar una corporación con 2.500 trabajadores repartidos entre tres canales de televisión y cuatro emisoras de radio. Pero no es la única factura pública de medios. La Generalitat destina además generosas partidas a los medios de comunicación privados, entre subvenciones directas, campañas de publicidad institucional y suscripciones en bloque.

Así, en 2015 gastó casi un millón de euros en suscripciones a medios escritos, en las que el mayor beneficiado fue El Punt Avui, casualmente el rotativo más entusiasta con la independencia. El Punt recibió 139.266 € por este concepto, por 126.138 de La Vanguardia y 70.643 de El Periodico de Cataluña. En cuanto a la publicidad institucional, según datos de la Comisión Asesora de la propia Generalitat, en 2015 la administración autonómica alcanzó casi los 30 millones de euros por este concepto, año en que se acercó al gasto en publicidad institucional del último año pre-crisis, 2008. Al año siguiente el gasto cayó en diez millones, pero la factura por este concepto no ha dejado de crecer desde entonces.