La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido este martes a la afirmación de Oriol Junqueras que aseguraba que la admisión a trámite del recurso de la Generalitat contra la intervención de sus cuentas por parte del Tribunal Supremo supone la suspensión de las medidas decretadas por el Gobierno. “Es una manipulación. No existe la posverdad judicial, sólo dura media hora”, ha sentenciado Sáenz de Santamaría.

Junqueras ha anunciado además tras la reunión que el Gobierno catalán se dirigirá administrativa y notarialmente a las entidades financieras para recordarles sus compromisos contractuales con la Generalitat. El anuncio llega el día en que debe hacerse efectivo el control de las finanzas catalanas por parte del Gobierno decretada el pasado viernes. El Gobierno catalán traslada así la presión a las entidades financieras, a las que exige que nos se plieguen a una orden que “no es legítima ni legal”.

Sin embargo, fuentes del Tribunal Supremo han advertido de que no se ha resuelto la admisión a trámite del recurso presentado por la Generalitat, por lo que no se ha producido la suspensión de las medidas. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que el TS no ha tomado ninguna medida cautelar respecto al control de las cuentas catalanas y ha indicado que la admisión a trámite del recurso que presentó la Generalitat significa que “lo va a estudiar”.

El Gobierno catalán solicita en su recurso medidas cautelares contra el decreto del Gobierno, pero esta figura otorga a la parte demandada, en este caso la Abogacía del Estado, diez días para que presente sus alegaciones antes de decidir la suspensión del decreto.

Junqueras ha argumentado, en este contexto, que “nos dirigimos a entidades financieras para ofrecer nuestro apoyo a terceros” ante unas medidas que considera ilegales porque “no hay orden judicial que ampare retener esos recursos y el gobierno no firma ordenes concretas” en este sentido. Las dos entidades que gestionan nóminas y recursos de la Generalitat son BBVA y La Caixa, a las que la Generalitat recordará ahora “sus obligaciones contractuales”.

El vicepresidente catalán ha defendido además que el Gobierno no puede retener los pagos a cuenta de la participación de la Generalitat en impuestos compartidos, un total de 1.400 millones este mes, porque “ese dinero es nuestro, lo dice la Lofca”. “No sólo disponemos de los recursos para hacer frente a nuestras obligaciones, sino que prestaremos asistencia a cualquier tercero perjudicado por actuación poco responsable del Gobierno, poco adecuada, poco legitima y nada legal” ha argumentado para negar la intervención en las cuentas de la Generalitat.

Junqueras sostiene que el Gobierno utiliza de forma ilícita la Ley de estabilidad presupuestaria para bloquear las cuentas de la Generalitat pese a que la administración autonómica ha cumplido a rajatabla las exigencias de estabilidad presupuestaria impuestos desde la Unión Europea. “Somos responsables del 85% de la reducción del déficit del conjunto del Estado Español” ha argumentado para rechazar la actuación del Gobierno. “No somos nosotros los que nos hemos pulido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social”.

El titular de Economía, que no ha querido concretar la situación de tesorería de la Generalitat, ha asegurado además que no piensa remitir al Ministerio de Hacienda el listado de nóminas dependientes de la administración autonómica porque será la Generalitat la que responda a esos pagos de forma ordinaria.

El TSJC rechaza la recusación de Puigdemont

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido no admitir a trámite el incidente de recusación promovido por el president Carles Puigdemont contra los jueces que acordaron investigarle por el 1-O, al entender que solo buscaba “dilatar injustificadamente” la tramitación de la querella. En un auto dado a conocer este mediodía, el TSJC asegura que esa recusación era un “burdo intento de burlar el derecho al tribunal natural predeterminado por la ley para acometer la investigación” y de evitar así “que pueda darse la respuesta urgente que demanda en su querella el Ministerio Fiscal”.

La representación legal del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del conseller de Presidencia, Jordi Turull, presentaron el 15 de septiembre un escrito ante el TJSC en el cual solicitaban la recusación de los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que acordaron investigarle por el referéndum del 1-O y también de la juez encargada de instruir el caso.

En ese escrito argumentaban que los cuatro magistrados, entre ellos el presidente del alto tribunal catalán Jesús María Barrientos, no eran imparciales y que la querella de la Fiscalía contra el Govern obedecía a un “conflicto de naturaleza política”. En el auto difundido hoy, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC censura esa “tosca instrumentalización” por parte de los querellados y añade que “por su absoluta falta de fundamento integra un verdadero supuesto abuso de derecho y de fraude procesal tributario de la inadmisión a trámite”.

El TSJC argumenta que la inclusión en la petición de recusación de la magistrada instructora de la causa contra los miembros del Govern – Mercedes Armas- “es claramente indiciario de que, además de intentar impedir la formación del órgano judicial predeterminado apelando a razones institucionales ajenas por completo al sentido de la causa (…), el directo propósito de los querellados no es otro que dilatar injustificadamente la tramitación de la querella y el de procurar impedir el efecto ejecutivo inmediato del auto de admisión”.

En esta línea, el tribunal añade que Puigdemont y Turull buscan la “remoción” de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC “en su integridad”, de forma “que no pueda ejercer las competencias que la ley le atribuye a ella en exclusiva ni siquiera mediante la sustitución de todos sus integrantes por los magistrados de otras salas del Tribunal Superior de Justicia”.