La rama catalana de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación de jueces a nivel estatal, ha lanzado este jueves un comunicado titulado «En defensa del Orden Constitucional» en el que se da un respaldo sin ambages a la Constitución y al papel del Estado de Derecho frente al procès y a la posible Declaración Unilateral de Independencia (DUI). «Quienes se apartan del Estado de Derecho pierden la legitimidad que solo brota de él y se ubican fuera de nuestro sistema democrático, en el que ya no pueden pretender ampararse», reza la nota de la APM.

El comunicado es claro en este punto. «Las autoridades judiciales de Cataluña desempeñamos nuestra función constitucional con el solo amparo que nos otorga el hecho de que nuestras facultades jurisdiccionales provienen del pueblo español, en quien reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes del Estado», prosigue. «Por eso solo administraremos justicia en nombre del Rey, como Jueces y Magistrados independientes».

Quienes se apartan del Estado de Derecho se ubican fuera del sistema democrático», dice la APM

El documento de la APM razona con la DUI en el horizonte, sin citarla. «Conscientes de la preocupación de la ciudadanía por la gravedad de todo cuanto sucede en Cataluña en estos días, con el ánimo de contribuir, como asociación judicial mayoritaria, a apaciguar algunas de sus comprensibles inquietudes». «La eficacia de las conocidas como Leyes de Referéndum y de Transitoriedad, recientemente emanadas del Parlament de Catalunya, fue suspendida por nuestro Tribunal Constitucional» los días 7 y 12 de septiembre.

Asimismo, «el pasado día 1 de octubre de 2017 en Cataluña no tuvo lugar la celebración de un referéndum jurídicamente admisible, como ha recordado la Junta Electoral Central». Tanto las leyes como el referéndum carecen «de cualquier clase de valor jurídico», asegura la APM.

Las leyes y el referéndum «carecen de cualquier tipo de valor jurídico», reza la nota

El comunicado valora la actuación policial -muy criticada durante el 1-O- y deja un recado a los Mossos, a cuya cúpula la Fiscalía investiga por sedición. «Para el ejercicio de nuestra función, contamos con el auxilio de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya sean estos locales, autonómicos o estatales», arranca un párrafo.  «Quienes desobedecen esas instrucciones también se apartan de nuestro sistema de convivencia y obran contra su condición de agentes de la fuerza pública».

Finalmente la APM recuerda al gremio de jueces que ante «cualquier tipo de interferencia» en el desarrollo de sus funciones, los magistrados deben «poner dicha circunstancia en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, solicitando su amparo».