El Tribunal Constitucional ha anulado hoy la Declaración Unilateral de Independencia acordada por el Parlament el pasado 27 de octubre, una resolución que ha tomado al aceptar el incidente de ejecución contra la misma presentado por el Gobierno, en virtud del cual ya la había suspendido cautelarmente. El pleno del TC ha decidido, además, denunciar por desobediencia a sus sentencias a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa que votaron a favor de tramitar las dos resoluciones.

Además, en el pleno convocado para esta mañana, el alto tribunal ha anulado también definitivamente la ley de transitoriedad catalana, que también había sido anulada provisionalmente y que pretendía convertir a Cataluña en una república.

Según el auto emitido, las dos resoluciones aprobadas “presuponen que el Parlamento de Cataluña se arroga atribuciones inherentes a la soberanía, superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución”. El Tribunal insiste en que, con esta forma de proceder, la Cámara autonómica “desatiende los reiterados pronunciamientos y advertencias de este Tribunal y pretende de nuevo cancelar de hecho, en el territorio de Cataluña y para todo el pueblo catalán, la vigencia de la Constitución, del Estado de Autonomía y de cualesquiera reglas de derecho que no se avinieran al dictado de su nula voluntad”.

El Pleno del Tribunal señala cómo “de forma expresa y reiterada” ha venido advirtiendo a los poderes públicos implicados y a sus titulares, y de forma especial a los miembros de la entonces Mesa del Parlamento de Cataluña, de su “deber de impedir o paralizar” cualquier iniciativa que suponga “alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir las resoluciones de este Tribunal”. Admonición que no supone una restricción de la autonomía parlamentaria sino que es “consecuencia obligada de la sumisión a la Constitución de todos los poderes públicos (art. 9.1 CE)”.

El TC remarca que la actuación del Parlamento constituye un «grave atentado» contra el Estado de Derecho y conculca «con pareja intensidad, el principio democrático»

En síntesis, el TC remarca que la actuación del Parlamento constituye un «grave atentado» contra el Estado de Derecho y conculca «con pareja intensidad, el principio democrático».

Asimismo, atendiendo la petición de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, denuncia por desobediencia a la presidenta del Parlament Carme Forcadell y los miembros que votaron a favor de la resolución. Su comportamiento constituye “un incumplimiento de su deber objetivo de acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional”. El Tribunal quiere llevar este hecho a la Fiscalía para que “si lo estima pertinente, promueva el ejercicio de las acciones penales que considere procedentes”.

El Tribunal Supremo aplazó hasta este jueves, día 9, la declaración de la ex presidenta del ParlamentCarme Forcadell. También de los otros cinco miembros de la Mesa: Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet -de Catalunya Sí Que Es Pot, quien a pesar de estar en contra de la votación, participó en el recuento de papeletas- y el antiguo miembro del órgano de gobierno del Parlament y presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas.

Por otra parte, el Tribunal, por unanimidad, ha dictado un auto por el que acuerda levantar, desde el momento inicial, las multas coercitivas impuestas a Josep María Jové i Lladó y a Montserrat Vidal i Roca. El TC multó con 12.000 euros diarios al que fuera número 2 de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové; y con 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal, jefa de área de procesos electorales de la Generalitat.