Obras en la Plaza Vieja de Almería ejecutadas por OHL.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado a cinco empleados de la constructora OHL en el procedimiento donde investiga el presunto pago de comisiones ilegales de la compañía de Juan Miguel Villar Mir a cambio de obtener adjudicaciones de obras y edificaciones públicas por toda España.
Los investigados deberán comparecer en la Audiencia los próximos 4 y 5 de abril, tal y como adelantó El Independiente. En concreto, el próximo jueves a partir de las 10 horas han sido citados Rosa María Corral, directora del departamento de control de gestión en España de OHL; el que fuera técnico jefe de producción y obras Francisco Navarrete; y el ex director de obra civil de la constructora Joaquín Jiménez.
Por su parte, el próximo viernes declararán el ex consejero delegado y ex director del departamento de construcción de OHL Rafael Martín de Nicolás -como imputado- y en calidad de testigo Olga García Torres, secretaria en la compañía. Todos ellos han sido citados en calidad de investigados por los presuntos cohechos que la multinacional pagó para beneficiarse de amaños en adjudicaciones de ayuntamientos y autonomías en Madrid, Canarias, Andalucía y Extremadura. Además, en esta causa se encuentran imputados –y ya han declarado en sede judicial- Felicísimo Ramos, antiguo director de control de gestión de la multinacional y Paulino Hernández, ex director general de Obra Civil Nacional.
Decenas de obras investigadas
Entre las decenas de obras que se investigan se encuentran varios tramos de la autovía A-66 a su paso por Extremadura, las obras de un dique en el puerto industrial de Granadilla (Tenerife) o las obras del puente de Loja en Granada, informan fuentes del caso.
En un primer informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al magistrado García Castellón el pasado mes de octubre se cifra en 40 millones las mordidas abonadas por la cotizada de Villar Mir para lograr esas adjudicaciones. No obstante, fuentes de la investigación consultadas por este medio puntualizan que se trata de una cifra provisional puesto que las pesquisas se encuentran en una fase “embrionaria”.
Este nuevo procedimiento por corrupción nació a partir de un “hallazgo casual” cuando en el marco de la macrocausa Lezo se llevaron a cabo entradas y registros en las oficinas de OHL. Entonces, los agentes de la UCO intervinieron conversaciones que habían sido grabadas por un empleado de la empresa sobre el presunto cobro de esas mordidas. Los investigadores sospechan que el trabajador de la multinacional conservaba esas cintas “para blindarse ante la propia compañía” en el caso de que las irregularidades fueran detectadas.
La 'mordida' que valió la imputación de Villar Mir
No obstante, la constructora OHL se encuentra el punto de mira de la Audiencia Nacional desde que en 2017 se detectó que presuntamente pagó una comisión ilegal de 1,4 millones a cambio de la adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid de la concesión y construcción del tren de Móstoles a Navalcarnero, en Madrid. La mordida en cuestión habría sido cobrada a través del empresario Adrián de la Joya. Estos hechos provocaron la imputación de Villar Mir, su yerno Javier López Madrid y Martín de Nicolás por parte del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
A preguntas de este medio, la constructora subraya que “mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción” y que, “desde su fundación en 1911 hasta hoy, ningún directivo ni empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción”.