Tras la breve pausa estival, la actividad en las salas de vistas recupera de inmediato una velocidad frenética, con magistrados volcados en descifrar los entresijos financieros del partido del Gobierno. De forma paralela, se reactivan con fuerza en la Audiencia Nacional las pesquisas centradas en Zapatero, además del entramado atribuido a Leire Díez enfocado en desestabilizar procesos penales.
Con un horizonte electoral a la vista, el año judicial arranca manteniendo la temperatura máxima de la etapa anterior. La agenda llega repleta con instrucciones que cercan a varios exdirigentes del PSOE, resoluciones clave a punto de ver la luz (como la relativa al caso Kitchen) e inminentes vistas orales pendientes de fecha para Begoña Gómez o Alberto González Amador.
Justo antes del acto inaugural fijado para el 10 de septiembre, la fase de instrucción sobre el exjefe del Ejecutivo renace para aclarar su presunta mediación favorecedora en la inyección de fondos estatales a la compañía de aviación en 2021.
Los días 7 y 8 comparecen dos antiguos ejecutivos de la aerolínea (Julio Martínez Sola y Roberto Roselli) tras remitir un escrito donde insinúan que tanto el exmandatario como su socio, Julio Martínez, buscaban "obtener beneficios económicos" a cambio de influir en el rescate.
El recorrido legal es aún amplio: la agencia policial especialista en delitos económicos indaga el patrimonio bancario de su círculo íntimo, el exdirigente deberá justificarse ante los "tesoros en forma de joyas" hallados en sus dependencias (1,3 millones de euros) y falta por dirimir la validez de los recursos presentados para frenar la causa.
Investigaciones al PSOE y amnistía
Este otoño podría salir a la luz el contenido de la investigación reservada sobre la mecánica de pagos en metálico con los que la formación sufragaba adelantos de sus integrantes entre 2017 y 2024, una derivada del caso Koldo que incluye el análisis a las cuentas del entorno de Santos Cerdán.
A la par, la Audiencia Nacional averigua si existieron giros monetarios a la exafiliada Leire Díez para descarrilar procedimientos dañinos para la dirección socialista, motivo por el que se ha requerido información bancaria de decenas de productos financieros, entre ellos los de Gaspar Zarrías.
Por este turbio asunto desfilarán ante la sede judicial la responsable de finanzas Ana María Fuentes el 9 de septiembre y, de forma contigua, Leonardo Marcos, exjefe de la Benemérita, engrosando la lista de investigados donde figuran Juan Manuel Serrano y el propio Cerdán.
La medida de gracia afronta su desenlace definitivo el 22 de septiembre, cuando el alto tribunal de garantías examine la impugnación de Jordi Turull contra la negativa del Supremo a condonar el uso irregular de fondos públicos a los líderes independentistas.
El fallo que emita la corte constitucional marcará de forma automática el destino del recurso del expresident Puigdemont, abriéndole la puerta a un retorno inmediato sin riesgo de detención si se estiman sus pretensiones.
El tribunal deberá resolver la petición de amparo del exfiscal general Álvaro García Ortiz, además de pronunciarse sobre las cuentas públicas no presentadas y la polémica legislación trans.
Frentes personales y políticos
En la antesala de abandonar la carrera por edad, el magistrado Peinado debe dictar el paso formal para juzgar a Begoña Gómez y a su asesora de confianza por uso indebido de atribuciones y caudales público, dejando el veredicto en manos de un jurado ciudadano.
Por su parte, el empresario González Amador sigue sin fijar el inicio de su proceso penal por presunto fraude contra la Hacienda Pública cercano a los 350.000 euros, estimándose para 2027 mientras la unidad policial UCO escudriña sus relaciones con Quirón.
Las instancias madrileñas determinarán las consecuencias penales para el exdirigente Íñigo Errejón, estudiando el escrito de apelación presentado frente a su imputación por la denuncia de la intérprete Elisa Mouliáa.
Sentencias pendientes y el Supremo
El órgano central dictará la resolución sobre la trama de espionaje desplegada contra el antiguo responsable financiero Luis Bárcenas para sustraer información de la caja B, una causa donde el exministro Fernández Díaz encara graves "peticiones de prisión".
Los descendientes del expresident aguardan el pronunciamiento judicial que aclare si el ingente patrimonio familiar guardado en el extranjero procede de comisiones o de un antiguo "patrimonio heredado".
Una década después arranca la vista oral contra el entorno que sacudió la política madrileña, sentando en el banquillo a Ignacio González, para quien se solicitan "severas penas" de privación de libertad.
El Tribunal Supremo analiza en vista pública el posible freno cautelar a las inscripciones en el registro de residentes derivadas de la normativa de descendientes, debido a su eventual impacto en urnas.
Se tramita la petición de nulidad promovida por el exministro socialista José Luis Ábalos, un trámite con remotas opciones que busca únicamente abrir el acceso de amparo constitucional.
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