Vive estos días Radiotelevisión Española con un ojo puesto en los tribunales. Su frente más importante se inició el martes, cuando estaba prevista en el Tribunal Supremo la lectura de la sentencia que dirá si Concepción Cascajosa puede seguir ejerciendo o no como 'presidenta interina ejecutiva'. La deliberación se alargó y eso demoró el proceso y, por tanto, mantuvo la incertidumbre en el cuadro de mando de la corporación.

No es el único frente abierto que tiene la corporación en los juzgado, ni mucho menos. De hecho, el Tribunal de Cuentas ha denunciado en alguno de sus informes sobre Radiotelevisión Española la existencia de una elevada “conflictividad judicial” en su plantilla. Esa situación ha empeorado en los últimos tiempos -y se agravará en el futuro- como consecuencia de las varias decenas de demandas que prepara o que ha presentado una parte de sus trabajadores, al considerar que se encuentra en una situación irregular.

Así lo han detallado a este periódico fuentes involucradas en estos procedimientos, los cuales podrían derivar en un incremento del número de trabajadores fijos e indefinidos de la corporación, con el consiguiente aumento de los costes laborales.

Estos últimos ascendieron a 437,68 millones de euros en 2022, lo que equivalió a casi el 40% de su presupuesto anual, según figura en su último informe anual de cuentas.

Diferentes frentes judiciales

Las razones por las que los trabajadores de RTVE han iniciado sus litigios son distintas. Existe un grupo numeroso -de unos 80 casos- que se encuentra en la situación de 'indefinido no fijo' y que reclama que su contrato reconozca su situación de personal fijo para blindarse en la empresa antes de que se conozcan los resultados de las oposiciones que se han convocado en la casa.

Hay otra parte de los empleados que ha comenzado pleitos después de comprobar que algunas de las plazas de promoción interna que se han adjudicado en el pasado se hicieron a través de un procedimiento interno en el que no pudieron participar. Por tanto, pretenden que RTVE les asigne una de las vacantes -y hay casi un centenar en procesos de traslado y promoción que están pendientes de asignar-.

No son los únicos 'incendios activos' en este sentido. Cabe destacar que, hace unas semanas, los tribunales obligaron a RTVE a modificar el punto de su convenio colectivo que obligaba a sus trabajadores a jubilarse al cumplir 65 años, al considerar que limitaba su derecho a mantenerse en activo si así lo consideraban.

Hay empleados que abandonaron la empresa en esas circunstancias y que en el pasado reclamaron -sin éxito- la reincorporación a su puesto. Lo que ocurre es que existen otros que, tras el cambio de criterio que se ha reflejado en el convenio, sopesan iniciar litigios para reclamar indemnizaciones por el tiempo que podían haber trabajado desde su salida.

De hecho, estos informantes jurídicos llaman la atención en que, en algunos casos, si lo desearan, podrían presentarse a los exámenes de oposición para optar a una de las plazas. Nada se lo impide, añaden.

Unos 3.000 trabajadores contratados

A todas estas circunstancias hay que unir la de los trabajadores que consideran que sus contratos, temporales, se encuentran en fraude de ley y han iniciado acciones legales para que RTVE les reconozca la situación de 'indefinidos'.

Este tipo de procedimientos han sido habituales en la corporación desde hace más de una década. Sin embargo, en los próximos tiempos podría incrementar su número dada la elevada temporalidad que tiene la plantilla de RTVE. Tal es así que algunas fuentes sindicales estiman en alrededor de 3.000 los poseedores de un contrato eventual.

Esto se debe a que, desde 2020, cuando se rubricó el convenio colectivo, se optó por la interinidad para cubrir las plazas que quedaban vacantes en la radio-televisión pública como consecuencia de las jubilaciones y las prejubilaciones que se producían.

La idea es que este personal ocupe esos puestos hasta que finalicen los procesos de oposición. El problema es que estos últimos -re-convocados recientemente- se han retrasado una y otra vez como consecuencia de las cuestiones burocráticas y de sentencias judiciales que han obligado incluso a rehacer sus bases.

Esta demora ha provocado que algunos trabajadores temporales consideren que han consolidado un derecho en RTVE y quieran reclamar por vía judicial un contrato indefinido.