Los procesos de adjudicación de licencias televisivas en España siempre han estado oscurecidos por la sombra del dedazo, desde aquel en el que el Gobierno de Felipe González entregó a Jesús de Polanco el permiso de emisión para que lanzara Canal+, hasta el último, que se decidió en 2014 y cuyos tiempos midió a la perfección el Ejecutivo de Mariano Rajoy para que el procedimiento no se resolviera hasta después de unas elecciones autonómicas.

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Este tipo de suspicacias han motivado multitud de recursos judiciales. De hecho, la entrega en fraude de ley de nueve licencias de emisión durante el apagón analógico motivó un litigio que obligó a cerrar esos canales hace más de una década. En 2015, un pacto alcanzado a última hora entre los denunciantes y la patronal de la TDT, UTECA, evitó que ocho cadenas más corrieran el mismo destino.

El Gobierno de Pedro Sánchez citó en verano de 2024 a las diferentes empresas del sector para informarle de que la aplicación de una nueva tecnología en el espectro radioeléctrico iba a dejar libre un espacio para introducir un canal en calidad convencional.

El proyecto fallido de Prisa

A partir de ahí -señalan varias fuentes del sector-, empresarios mediáticos afines a Moncloa, con José Miguel Contreras entre ellos, iniciaron una serie de movimientos para posicionarse de cara al 'concurso' que serviría para adjudicar esa licencia de emisión.

Contreras lideró dentro de Prisa, junto con Carlos Núñez, exconsejero delegado, un proyecto para lanzar un nuevo canal de TDT. El problema es que el presidente del grupo, Joseph Oughlourlian, como es sabido, no estaba de acuerdo con esa inversión y se sintió traicionado por determinados movimientos realizados por sus directivos. Entre otras cosas, por una entrevista publicada en El País en la que ofrecían detalles sobre el proyecto.

Aquello derivó en la destitución de Contreras y la dimisión de Núñez. También en un fuerte desencuentro entre Oughourlian y Moncloa que tuvo varias derivadas. La primera es la conformación de un bloque accionarial en Prisa -Adolfo Utor y Global Alconaba- muy crítico con el presidente y convertido en una especie de oposición, de peso minoritario en el accionariado.

La segunda es la llegada a RTVE de algunos rostros, como Javier Ruiz o Pepa Bueno, que se asociaban al proyecto de televisión de Prisa. El tercer episodio significativo tuvo lugar hace unos meses, cuando, según el semanario francés Le Point, Óscar López -ministro para la Transformación Digital- presionó al dueño de Vivendi -accionista de Prisa- para que rompiera sus lazos con Oughourlian en Prisa.

Un grupo afín

Las aguas están más calmadas, pero la licencia todavía no se ha adjudicado. Los diferentes operadores del sector sospechan que el Ejecutivo premiará con la licencia a un grupo afín, aunque intuyen que los principales grupos de televisión, y alguno editorial, concurrirán en el proceso.

El plazo para presentar las candidaturas se abrió el pasado 20 de octubre y terminará el 20 de noviembre. Los requisitos que se piden los participantes es que acrediten unos ingresos superiores a 2,5 millones de euros durante los tres últimos ejercicios y la presentación de una garantía -o aval- de 6 millones de euros hasta la resolución del concurso.

También se exige que clarifiquen sus propuestas técnicas y económicas; y que aporten información detallada acerca de cómo podría contribuir ese proyecto a mejorar la pluralidad del servicio televisivo español.

Fuentes de las empresas de televisión inciden en que esta condición se planteó también en el anterior concurso, en el que resultaron ganadoras 13TV, Atresmedia, Mediaset, Real Madrid, Secuoya y DKiss.

¿Generalista o temático?

En aquel momento -2014- se premió a proyectos generalistas, temáticos y deportivos. La incógnita es la relativa a si el Gobierno valorará de una mayor forma los proyectos con un alto contenido informativo -como el que se gestó en el seno de Prisa, con su visto bueno- o si permitirá la entrada de otro canal temático.

Hacer televisión es muy caro y la incertidumbre del mercado publicitario, menguante, hace difícil mantener a flote un canal generalista, en el que se emita una mayoría de contenidos propios, coinciden las empresas del sector.

El propio Banco Santander envió un informe a los inversores, después de que este periódico revelara, en primicia, la intención de Prisa de lanzar un canal, y expresó sus dudas sobre la capacidad de rentabilizar un proyecto televisivo de ese tipo, ante el panorama televisivo actual.

Alquilar la licencia

El propio Blas Herrero, una vez que consiguió su licencia de televisión, hace una década, sopesó el lanzamiento de un canal con una parte de sus contenidos elaborados por sus propios equipos, pero ante la evidencia de que los costes eran muy elevados, llegó a un acuerdo con Discovery para la emisión de contenidos enlatados dentro de esa frecuencia de emisión.

Tanto Herrero como Secuoya -TEN- han conseguido hacer sus proyectos rentables, pero con una fórmula que pasa por la adquisición de contenidos de terceros para una inmensa mayoría de su parrilla y la comercialización de publicidad.

Las últimas cuentas de TEN TV arrojan un beneficio de 0,9 millones de euros, frente al millón de euros de 2023 y los 1,2 millones de 2022.

Proyectos como el de 13TV -generalistas- están todavía lejos de ser rentables. De hecho, la Conferencia Episcopal, pese a recortar costes de forma importante en su canal, ha perdido más de 100 millones de euros con este canal desde su fundación.

En un momento de segmentación de los públicos, revolución audiovisual y competencia máxima en el mercado del streaming; y dudas sobre el mercado publicitario, cualquier proyecto de este tipo puede ocasionar unas pérdidas millonarias al propietario de la licencia, explican las empresas del sector.

Sea como sea, esta concesión todavía genera interés en el sector, aunque menguante, así que las empresas consultadas por este periódico intuyen que los principales grupos de la TDT, y algunos editoriales, presentarán sus candidaturas en las próximas semanas. De momento, esconden sus cartas.

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