El hombre acusado de agredir sexualmente a una menor tutelada con la que había tenido una relación ha aceptado este martes los hechos que se le imputaban y una pena de prisión de 13 años, doce de ellos por un delito de agresión sexual y uno por el de quebrantamiento de la orden de alejamiento.
La vista oral estaba prevista para las 10.00 horas pero no ha llegado a celebrarse al llegar las partes a un acuerdo que le ha permitido una rebaja en la pena inicial que solicitaba el fiscal que ascendía a 14 años de cárcel y 15 en el caso de la acusación particular. El acusado se encuentra en prisión por otro delito, tal y como publica Europa Press.
Según el Fiscal el procesado, de 35 años, mantuvo una relación sentimental sin convivencia con la denunciante, de 16 años, y que a la fecha de los hechos se encontraba interna en un centro de menores de Gijón. El día 10 de junio del año 2017, ella y el procesado quedaron en verse y acudir juntos a las fiestas que se estaban celebrando en la parroquia de Cabueñes, en Gijón.
Tras haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas, a las tres de la madrugada, la mujer le dijo al procesado que tenía que volver al centro de menores, con lo que él se ofreció a acompañarla. Mientras caminaban hacia el centro, el procesado comenzó a besarla, quien le pidió que la dejara en paz. No obstante, el procesado continuó y la agredió sexualmente.
Por auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, de 22 de febrero de 2016, se prohibió al procesado acercarse a 300 metros del domicilio dde la víctima, a su lugar de trabajo o A cualquier otro lugar frecuentado por ella, así como comunicarse con ella por cualquier medio directo o indirecto. Estando vigente la prohibición y teniendo pleno conocimiento de la misma, el procesado envió mensajes a la menor a través de la aplicación WhatsApp y a través de Instagram.
El día 10 de junio del año 2017, y estando vigente la prohibición, el procesado estuvo junto a la denunciante en las fiestas de Cabueñes y se comunicó con ella por WhatsApp pidiéndole disculpas por lo que le había hecho.
Además de la pena de prisión, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la menor con 200 euros por las lesiones que presuntamente le causó y con 3.000 euros por daños morales, y al Sespa con 257,82 euros por la asistencia prestada a la víctima.
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