Este sábado se cumplen veinte años desde que un juez ordenó detener las obras del hotel que la promotora Azata del Sol levantaba en la playa de El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería. La decisión, adoptada el 21 de febrero de 2006 por el magistrado Jesús Rivera, ha congelado desde entonces una imagen que forma parte del paisaje político y judicial andaluz: una mole de 21 plantas, ejecutada al 95%, casi a pie de playa.

La paralización cautelar llegó cuando los trabajos avanzaban con turnos nocturnos para acelerar la apertura antes del veto judicial. El recurso lo presentó el grupo ecologista Salvemos Mojácar y el Levante almeriense; después se sumaron Greenpeace y Ecologistas en Acción. Argumentaron que el proyecto infringía la Ley de Costas y que se ubicaba en terreno no urbanizable dentro del parque natural. La Justicia apreció indicios de invasión de la franja de servidumbre de protección de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre y consideró que continuar las obras podía causar perjuicios irreversibles o de muy difícil reparación.

Lo que empezó como una medida provisional ha derivado en “un laberinto de catorce sentencias del Tribunal Supremo y decenas de autos”, explica Miguel Martín Alonso en su crónica para EFE, que no han devuelto la playa a su estado original. El edificio sigue en pie.

El suelo ya no admite discusión

Esta semana se ha producido, sin embargo, un avance relevante. El pasado lunes 16 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decretado el “archivo definitivo” de la causa urbanística tras la publicación por parte del Ayuntamiento de Carboneras, el 12 de enero, de la normativa que declara los sectores ST-1 –donde se alza el hotel– y ST-2 como suelo no urbanizable de especial protección. El consistorio ha cumplido bajo la amenaza de multas personales al alcalde cada veinte días. Jurídicamente, la calificación del suelo ha quedado cerrada.

El alcalde, Salvador Hernández –uno de los pocos primeros ediles que quedan de Ciudadanos en España–, ha subrayado que el Ayuntamiento actúa en “colaboración plena” con la justicia para resolver “el complejo proceso judicial que rodea al inmueble” y ha defendido que el interés municipal es “defender en todo momento el interés general de un pueblo que ha sido el gran perjudicado durante los últimos 20 años”. Ha recordado además las “limitaciones de medios” de un municipio de 8.000 habitantes y ha insistido en la necesidad de una “solución consensuada entre las administraciones implicadas”.

Una licencia que no caduca

Pero el nudo principal del problema sigue intacto. La licencia de obras concedida en 2003 continúa viva en términos administrativos. El intento municipal de anularla mediante revisión de oficio ha fracasado este inicio de 2026. El expediente, iniciado el 11 de julio pasado, tenía un plazo legal de seis meses. Caducó el 11 de enero sin resolución después de que el Ayuntamiento remitiera documentación incompleta al Consejo Consultivo de Andalucía, lo que suspendió el dictamen preceptivo necesario para anular el permiso.

Greenpeace habla de “bucle de artimañas” y de “incumplimiento flagrante”. En un escrito presentado ante el TSJA esta semana, la organización ha pedido que se deduzca testimonio a la Fiscalía para investigar un posible delito de desobediencia. Su abogado, José Ignacio Domínguez, ha denunciado que el regidor ha utilizado “todo tipo de subterfugios” para dilatar el proceso.

Por ello, los activistas de la organización entregaron el miércoles al alcalde una tarta con la forma del hotel y la pintada “hotel ilegal”. “No queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar este aniversario dulce y amargo. Dulce, porque celebramos que hace 20 años se paralizó esta monstruosidad, símbolo de la destrucción costera y el urbanismo depredador. Amargo, porque llevamos 20 años intentando derribarlo y aún sigue en pie”, explicaba el coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero.

El alcalde Hernández decía agradecer la labor que Greenpeace “realiza a nivel global en defensa del medio ambiente”, pero lamentaba que Carboneras solo haya ganado “una mancha reputacional que estamos limpiando día a día”.

La expropiación y su coste

En paralelo, el Estado ha activado la vía de la expropiación parcial. El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el procedimiento para ocupar los terrenos que invaden la franja de servidumbre de protección –unos 16.432 metros cuadrados de un total de 32.654, según Catastro– al amparo de la Ley de Costas. El TSJA ha denegado las medidas cautelares solicitadas por la promotora para frenar la ocupación.

El desacuerdo económico es profundo. Azata del Sol ha reclamado 44,5 millones de euros por terrenos, daños y bienes. El Gobierno ha mantenido una oferta de casi 16.500 euros por la parte afectada. Sin acuerdo, el expediente ha terminado en el Jurado Provincial de Expropiación, que deberá fijar el justiprecio.

Greenpeace ha señalado que, si el Estado culmina la expropiación de la parte del hotel que invade la franja de protección costera –competencia estatal–, la Junta de Andalucía tendría margen para actuar sobre el resto del inmueble, situado dentro del parque natural. En ese ámbito, el Gobierno andaluz podría optar por dos vías previstas en la normativa autonómica: iniciar su propia expropiación al amparo de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía o ejercer el derecho de retracto para adquirir la propiedad.

Mientras el caso de El Algarrobico sigue atascado, otros contenciosos similares se han resuelto con mayor premura. En 2014, la Justicia ordenó la paralización de las obras del Hotel Kaype en la playa de Barro, en Llanes (Asturias). Tres años después, el edificio fue derribado. La promotora exigió al Ayuntamiento de Llanes 20 millones de euros por daños y perjuicios. Los tribunales han denegado hasta en ocho ocasiones su demanda y ha exonerado sucesivamente al consistorio asturiano.

Veinte años después de aquella orden judicial, el balance es una paradoja administrativa: el suelo es no urbanizable de especial protección, el Estado tiene vía libre para ocupar parte de la finca y el Ayuntamiento se enfrenta a la amenaza de la vía penal. Pero la estructura de hormigón continúa dominando la playa. El tiempo jurídico ha sido mucho más lento que el cemento.