La venta de bebidas energéticas a menores de edad ha entrado en el centro del debate sanitario y político en España. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha el trámite de consulta pública de este anteproyecto de ley. Con ello pretende restringir su acceso a los menores de 16 años y elevar la prohibición hasta los 18 en los productos con más cafeína. El gobierno quiere convertir esta medida en norma "cuanto antes".
El paso que abre la ley
El primer paso ya está dado, la consulta pública. Con ella, el ministerio busca recoger aportaciones de ciudadanía, organizaciones sociales, expertos y sectores afectados antes de redactar el texto definitivo del anteproyecto. En términos prácticos, esto significa que la futura norma todavía debe recorrer varias fases administrativas y políticas, pero el Ejecutivo ya ha fijado con claridad su objetivo, prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y endurecer la restricción hasta los 18 cuando superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
Bustinduy ha defendido que la medida forma parte de la obligación democrática de garantizar entornos saludables y seguros para la infancia y la adolescencia. Además, ha insistido en que el proceso se acelerará "todo lo que podamos" para que la ley salga adelante cuanto antes. La propuesta también encaja con el decreto ya vigente sobre comedores escolares saludables y sostenibles, que prohíbe la venta de bebidas energéticas dentro de los centros escolares de todo el país.
Por qué ahora
La clave del debate está en el aumento del consumo entre menores. Según los datos que cita el propio ministerio, el 38,4% de los jóvenes de entre 14 y 18 años toma bebidas energéticas, y un 15% de ellos las mezcla con alcohol. Son cifras que ayudan a explicar el giro regulatorio. Ya no se trata solo de un producto de consumo puntual, sino de un hábito bastante extendido entre adolescentes.
La AESAN refuerza esa percepción con su barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas. El estudio indica que el 91% de los encuestados cree que debería prohibirse su venta a menores de 16 años. Incluso más de la mitad considera que la restricción debería llegar hasta los 18. Además, el 79% de la población apoya limitar la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores. Ese respaldo social, según el ministerio, es una de las razones que acelera la iniciativa.
Riesgos para la salud
El argumento central del Gobierno es sanitario. La propia AESAN recuerda, a partir de su Comité Científico, que un consumo excesivo de cafeína puede provocar alteraciones del sueño, efectos psicológicos, cambios en el comportamiento y trastornos cardiovasculares. A eso se suma que la ingesta habitual de bebidas energéticas se ha asociado con sobredosis de cafeína, hipertensión, pérdida de masa ósea y osteoporosis, entre otras patologías.
Ese riesgo no afecta solo a adultos o a consumidores intensivos. En menores y adolescentes, el problema se amplifica porque el organismo está en desarrollo y porque muchas veces la bebida energética se toma como parte de una socialización cotidiana, en recreos, fiestas o encuentros con amigos. Cuando además se mezcla con alcohol, el efecto estimulante puede enmascarar la sensación de intoxicación, algo especialmente delicado en edades tempranas.
Qué cambiará
La nueva ley no solo regulará la venta, sino también el entorno comercial que rodea al producto. El Ministerio de Consumo quiere limitar el acceso de los menores y controlar la publicidad de las bebidas energéticas, en línea con otras medidas que se preparan para alimentos no saludables dirigidos a niños y adolescentes. Eso sitúa la iniciativa en un plano más amplio, no se trata únicamente de impedir una compra, sino de reducir la exposición de los menores a productos que el Gobierno considera de riesgo.
La regulación también busca homogeneizar el criterio en todo el país. Consumo subraya que varios territorios y países europeos ya han aprobado o están tramitando medidas similares, como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría, Lituania, Galicia o Asturias. El Ejecutivo defiende que una norma estatal aportaría seguridad jurídica y evitaría diferencias entre comunidades.
El contexto europeo
España no se mueve sola. El debate sobre las bebidas energéticas lleva tiempo abierto en buena parte de Europa. Allí varios gobiernos han optado por frenar su acceso entre menores o por reforzar la regulación de su publicidad. El argumento compartido es muy parecido: proteger la salud infantil y adolescente frente a productos con alto contenido en cafeína y con un marketing especialmente atractivo para los más jóvenes.
Esa tendencia europea importa también desde el punto de vista político. Cuando un país decide actuar y otros ya han tomado medidas parecidas, la discusión deja de centrarse en si hay que regular y pasa a centrarse en cómo hacerlo, con qué límites y en qué plazos. En ese punto, España está ya dentro del mismo marco de actuación que sus vecinos.
La futura ley llega, además, en un momento de ofensiva regulatoria sobre la publicidad de productos no saludables. Bustinduy ha vinculado la prohibición de venta a menores con una próxima norma para restringir anuncios dirigidos a niños y adolescentes. La Aesan sostiene que la publicidad de estos productos puede aumentar la ingesta calórica, fomentar hábitos poco saludables y apoyarse en técnicas persuasivas difíciles de detectar para los menores, como el uso de influencers o deportistas.
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