La expareja de Cándido del Cerro, conocido legalmente como Candy tras modificar su género en el registro civil en 2023, asegura que este cambio respondió a una estrategia premeditada para eludir el cumplimiento de una condena de 15 meses de prisión por maltrato, amenazas y quebrantamiento de orden de alejamiento. 

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Según informa Europa Press, la víctima, identificada como Cristina, sostiene que su agresor "siempre se jactó de burlar a la Justicia" y que el registro como mujer —amparado por la Ley Trans— fue una "maniobra calculada" para evitar ingresar en prisión tras una sentencia firme del Juzgado de lo Penal nº 3 de Sevilla.

La Audiencia Provincial de Sevilla respaldó en abril de 2025 la decisión de que los nuevos delitos atribuidos a Candy —incluidas denuncias por violencia doméstica, lesiones y maltrato en 2024— sean juzgados en tribunales ordinarios y no en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, al considerar que su condición registral como mujer le excluye de la jurisdicción especializada en violencia de género. 

Esta resolución ha generado críticas entre colectivos de víctimas, que alertan de un "peligroso precedente" para casos similares.

José Antonio Sires, abogado de la denunciante, ha subrayado en múltiples escritos judiciales la "trayectoria delictiva reiterada" de Candy, con ocho condenas previas —varias por violencia de género— y su "desprecio sistemático" hacia las órdenes de alejamiento. 

Los hechos más recientes incluyen una agresión en el portal de la víctima en julio de 2024, que derivó en una nueva denuncia y en la posterior detención de Candy por lesiones y atentado contra agentes policiales.

Mientras la defensa de Candy insiste en que el cambio de sexo obedece a una "identidad de género autopercibida" y niega cualquier vínculo con motivos procesales, la víctima recalca que su expareja "nunca mostró indicios de disforia" durante su relación y que, tras la condena, le envió un mensaje con un enlace a una noticia sobre su solicitud de indulto, acompañado del comentario: "Verás cómo no vuelvo a la cárcel". 

El Consejo de Ministros rechazó en enero de 2025 dicho indulto, respaldando los informes de la Fiscalía que destacaban su "peligrosidad social".

En mayo de 2025, el Juzgado de Instrucción nº15 de Sevilla emitió una tercera orden de búsqueda y captura contra Candy tras no comparecer a declarar, sumándose a las emitidas por los juzgados de lo Penal nº3 y nº6. 

La víctima, que lleva una década enfrentándose a lo que describe como un "infierno judicial", exige medidas como la pulsera telemática o la prisión provisional para garantizar su seguridad, ante la "incapacidad del sistema" para hacer cumplir las sentencias.

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