La Policía Nacional ha propuesto una sanción de hasta 600.000 euros a una empresa de Calvià (Mallorca) por prestar servicios de seguridad privada sin contar con la habilitación legal requerida. Según informa Europa Press, la compañía, dedicada a la instalación y respuesta de alarmas, habría realizado actividades exclusivas de profesionales del sector, como vigilancia y control de accesos, incumpliendo la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. La investigación, desarrollada durante un año, reveló que la empresa almacenaba llaves de usuarios en cajas fuertes y distribuía folletos promocionales de servicios no autorizados, lo que motivó la intervención de activos como medida cautelar.

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Este caso se enmarca en una tendencia creciente de sanciones a empresas que operan al margen de la ley. En Ibiza, tres empresas recibieron multas similares en 2025 por emplear personal no habilitado en villas de lujo, donde un intruso accedió a una propiedad pese a la presencia de vigilantes sin formación. La normativa establece que solo las empresas autorizadas pueden contratar a profesionales con certificación expedida por el Ministerio del Interior, quienes deben superar cursos de formación y pruebas físicas. Los usuarios que contraten servicios irregulares también enfrentan multas de 20.001 a 100.000 euros, además de quedar expuestos a riesgos como la falta de cobertura legal ante incidentes.

Las infracciones muy graves, como operar sin licencia, conllevan sanciones de 30.001 a 600.000 euros para las empresas y hasta 30.000 euros para trabajadores no certificados. En Ciudad Real, dos constructoras fueron multadas en 2024 por subcontratar vigilancia perimetral a una empresa no autorizada, evidenciando prácticas extendidas en el sector de la edificación. La Ley no solo persigue a los proveedores ilegales, sino que también obliga a los clientes a verificar la habilitación de sus contratistas, incluyendo la presencia de directores de seguridad acreditados en proyectos de envergadura.

La Unidad Territorial de Seguridad Privada mantiene operativos continuos para detectar estas infracciones, destacando la colaboración ciudadana como clave para identificar negocios clandestinos. Estos casos subrayan la importancia de contratar servicios regulados, garantizando tanto la protección de bienes como el cumplimiento de un marco legal diseñado para prevenir intrusiones y fraudes.

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