Un camionero ha sido denunciado penalmente en Salt (Girona) tras negarse a someterse a la prueba de alcoholemia durante un control rutinario de los Mossos d’Esquadra.

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El incidente, que se suma a una serie de actuaciones recientes en la provincia, pone de relieve la importancia de la seguridad vial y el estricto control sobre los conductores profesionales, especialmente aquellos que transportan mercancías de gran tonelaje.

La negativa a realizar la prueba de alcoholemia constituye un delito recogido en el artículo 383 del Código Penal español.

Este precepto establece que cualquier conductor que se niegue a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol o drogas puede enfrentarse a penas de prisión de seis meses a un año y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de uno a cuatro años, según informa Europa Press.

Esta sanción es independiente de si el conductor estaba o no bajo los efectos del alcohol en el momento de la negativa, ya que la mera negativa se considera un atentado contra la seguridad vial.

En los últimos meses, los Mossos d’Esquadra han intensificado los controles en la red viaria catalana, especialmente en la AP-7 y alrededores de Girona, con el objetivo de garantizar la seguridad en el transporte de mercancías.

Recientemente, otro camionero fue detenido en la misma provincia por circular con el tacógrafo manipulado, dar positivo en alcoholemia y acumular otras infracciones administrativas, como exceso de peso y carecer del Certificado de Aptitud Profesional (CAP). 

En este caso, la sanción por conducir bajo los efectos del alcohol puede ascender a 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del carnet, además de las posibles consecuencias penales si se supera la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado.

Los conductores profesionales están sujetos a una tasa máxima de alcoholemia mucho más baja que el resto de conductores: 0,15 mg/l en aire espirado.

Superar esta cifra, o negarse a la prueba, puede acarrear consecuencias muy graves, tanto a nivel administrativo como penal. Además, la reincidencia o la acumulación de infracciones puede suponer la retirada definitiva del permiso de conducir y la inhabilitación para ejercer la profesión.

Este caso en Salt subraya la tolerancia cero de las autoridades ante cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad vial, especialmente en el transporte pesado, donde las consecuencias de un accidente pueden ser devastadoras.

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