Este lunes, la Guardia Civil, en el marco de la operación Borrelli, ha procedido a la detención de cinco integrantes de una organización criminal internacional dedicada a fraudes con criptomonedas, tras realizar registros simultáneos en Madrid y las Islas Canarias.

La banda logró timar un total de 460 millones de euros a más de 5.000 personas repartidas en 30 países. Solo en España, cerca de 500 inversores resultaron afectados, con pérdidas aproximadas de 39 millones de euros.

Los arrestados utilizaban una empresa pantalla con sede en Hong Kong para canalizar las inversiones ilícitas y blanquear los beneficios obtenido. Empleaban una red de comerciales en distintos continentes para captar fondos mediante pagos en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias, configurando un esquema piramidal de tipo Ponzi que prometía “altas rentabilidades aseguradas” a quienes incorporaban nuevos inversores.

Los cinco arrestados, han sido citados en un auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

A cuatro de ellos se les atribuye pertenecer a una organización criminal dedicada a la estafa con criptomonedas y blanqueo de capitales; el quinto, implicado en la trama, fue liberado tras prestar declaración.

La investigación ha contado con la colaboración de Europol, el Homeland Security Investigations de EE UU, la Police and Border Guard Board de Estonia y la Gendarmería de Nueva Caledonia (Francia), así como con fuerzas de seguridad de Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia.

Los agentes siguen indagando la estructura societaria y bancaria internacional empleada para el movimiento y ocultación de fondos, sin descartar nuevas detenciones o procediendo al bloqueo de activos tanto en Europa como en América y Asia, según informa Europa Press.

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la prudencia al invertir en criptomonedas, recordando la importancia de operar únicamente a través de plataformas reguladas y autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ya había advertido de que la entidad usada por la red no contaba con licencia para prestar servicios de inversión.