En las próximas 48 horas las bases de las CUP deben decidir si apoyan las cuentas de la Generalitat para 2017 o dejan caer el Gobierno de Carles Puigdemont y, con él, el proyecto de referéndum independentista para el próximo septiembre. Esto es, probablemente, lo que más pesará en los militantes antisistema que desde ayer debaten en asambleas territoriales la última propuesta de Oriol Junqueras y en los cuadros que el sábado deben tomar una decisión en la reunión del Consejo Político de la formación que tendrá lugar en Vilafranca del Penedès (Barcelona).
La oferta del Govern se nutre de dos nuevos impuestos, sobre los vehículos más contaminantes y los activos no productivos, además de nueve fondos para cubrir desde las políticas de cohesión hasta la creación de un “banco de tierras”. Un paquete en el que no se han incluido finalmente nuevas subidas en el IRPF, el Impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones, objetivos prioritarios de la CUP.
Esta vez el criterio del PDCat se ha impuesto en el ejecutivo catalán, que se ha negado a una nueva vuelta de tuerca fiscal que hubiera puesto en pie de guerra a sus bases. Los soberanistas confían en que la amenaza de tener que renunciar al referéndum será suficiente para doblegar a la CUP, y algunas fuentes apuntan incluso a que, en un escenario de elecciones prácticamente aseguradas en 2017, un adelanto que evitara tener que culminar la promesa del referéndum unilateral sería un alivio para algunos sectores de la ex Convergencia.
Así las cosas, los antisistema han recibido esta vez la última oferta gubernamental con mejor predisposición que el pasado verano, cuando tumbaron los primeros presupuestos de Puigdemont. El portavoz antisistema Albert Botran ha saludado los "avances" en materia de educación y renta garantizada en la propuesta de presupuestos del Govern, partidas a las que Junqueras ha añadido 140 y 45 millones de euros respectivamente.
No obstante, también hay sectores -sobre todo en la órbita de Endavant, una de las organizaciones más influyentes que integran la CUP- aún muy recelosos con la idea de prestar sus votos en el Parlament para aprobar unas cuentas que ignoran su reclamación de subir el IRPF, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a las rentas más altas.
Además, la oposición ha cuestionado las competencias de la Generalitat para crear el nuevo impuesto sobre emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, que según el Govern aportaría 77 millones cuando estuviera "plenamente consolidado".
Desconvocada la huelga de enseñanza
Paralelamente, la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat y los sindicatos educativos han llegado a un principio de acuerdo para la incorporación de 5.511 profesores y maestros el curso que viene --entre ellos 797 sustitutos-- y la reducción de una hora lectiva a los docentes de Primaria y Secundaria.
Un acuerdo que permite desconvocar la huelga de la Enseñanza que los sindicatos habían convocado para el próximo 9 de febrero, y que facilita el acuerdo con la CUP, al desactivar uno de los frentes abiertos de la Generalitat en materia laboral.
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