Es uno de los pilares en los que sustenta su modelo penitenciario. Se basa en la idea de que fomentar la reinserción social de los presos es la mejor política carcelaria que se puede aplicar ya que reduce los índices de reincidencia y por tanto, los ratios de delincuencia. Favorecer el tránsito de la privación de libertad a la sociedad requiere apostar por ampliar los ratios de cumplimiento de penas en regímenes de semilibertad, fomentar la formación e integración laboral desde las últimas fases de cumplimiento de las condenas y trabajar en la ‘reeducación’ social de los internos.

El Gobierno vasco lo ha defendido desde que en octubre del año pasado asumió la gestión de las tres prisiones vascas y comenzó a desarrollar su propia política penitenciaria. El próximo año, el Ejecutivo fomentará los estudios e investigaciones para “alejar falsos estereotipos sobre la reinserción de las personas penadas” y llevará a cabo trabajos que evalúen la eficacia y eficiencia de este tipo de medidas de reinserción, así como la realidad criminológica y victimológica en Euskadi. Estudios que se darán a conocer a la sociedad vasca.

En el proyecto presupuestario para el próximo año se incluye la realización de este tipo de estudios con fines de muestreo pero también de divulgación y de pedagogía social. Se pretende acreditar que el nuevo modelo penitenciario vasco, soportado sobre un refuerzo de las acciones de reinserción para los presos de las cárceles del País Vasco, funciona.

El plan para el próximo año pasa por incrementar las inversiones en medios que favorezcan estas acciones que permiten a los presos cumplir la última parte de sus condenas fuera de los centros penitenciarios. En este sentido, se quiere fomentar la disposición de pisos de acogida u otras fórmulas. Recuerdan que la actual legislación permite una “panoplia de posibilidades” que en muchos casos no se están explotando para favorecer el cumplimiento de penas en régimen abierto. Se apuntan vías como habilitar una sección abierta dentro del propio centro penitenciario o contar con recursos residenciales externos “bien propios o de un familiar o dependiente de la Administración Pública”.

Agilizar las progresiones de grado

Apuntan que apostar por el cumplimiento en régimen abierto no está enfrentado con la necesaria demanda de seguridad de la sociedad. En este aspecto se apela al uso de la tecnología actual que ofrece “una oportunidad de control remoto de la movilidad de las personas internas con una mayor libertad e integración social”.

En 2023 la gestión penitenciaria en Euskadi buscará agilizar todos los procesos de evaluación y toma de decisión en la asignación de los regímenes penitenciarios de los internos, además de los procedimientos de clasificación, progresión y revisión de grado. Esta ha sido una de las cuestiones más polémicas en el primer año de gestión de la administración vasca que ha visto cómo la mayor parte de los terceros grados concedidos a presos de ETA –que apenas representan el 5% del total concedidos- han sido recurridos por la Fiscalía. Por el momento, en cinco casos han sido revocados y 16 están a la espera de la resolución de la Audiencia Nacional.

También se señala como acción a llevar a cabo el próximo año la valoración de las circunstancias y necesidades de los presos con enfermedades graves o los internos mayores de 70 años o con periodos de condena largas. Esta ha sido una reclamación histórica del entorno de apoyo a los presos de ETA que tradicionalmente ha demandado la puesta en libertad de los militantes de mayor edad de la banda, así como los que padecen enfermedades graves.

Mejorar las cárceles

Por último, en aras a favorecer esa resocialización se plantea la necesidad de potenciar itinerarios que permitan aumentar la empleabilidad de los presos y prepararles para su salida de la cárcel y reintegración social. Así, está previsto aumentar la oferta de talleres de trabajo a través de la Agencia Vasca de Reinserción Social (Aukerak).

El próximo año se presenta como el de la consolidación del modelo penitenciario vasco. Además de las acciones en política penitenciaria, se fomentará la mejora de las infraestructuras con inversiones de mejora de las instalaciones de los tres centros carcelarios. No se espera que la nueva cárcel en construcción en Zubieta (Gipuzkoa) –que sustituirá al centro de Martutene- esté terminada el próximo año.

En cuanto a la evolución a corto plazo de la criminalidad en el País Vasco se apunta que no es esperable un repunte significativo y por tanto no se producirá una mayor demanda de recursos carcelarios. Sin embargo, sí se señala que puede producirse una variación de los perfiles que se tendrán que abordar, como los referidos a los delitos de carácter sexual, de violencia de género o delitos cibernéticos.